Según datos oficiales, catorce millones de argentinos, el equivalente a una tercera parte de la población total, son considerados pobres porque están por debajo de la línea de pobreza o por tener sus necesidades básicas insatisfechas. De este conjunto, cuatro millones son indigentes, es decir que se caracterizan por su extrema pobreza.
Esto significa que aproximadamente un millón de familias, entre otras carencias estructurales, está conectada de manera precaria e informal o está imposibilitada de afrontar los costos de la prestación y la cobertura de los servicios públicos.
Por tal motivo, la diputada Delia Bisutti presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para establecer un régimen de Tarifas de Interés Social (TIS) que incluya a todos los ciudadanos de escasos recursos que no pueden pagar las facturas de los servicios públicos de agua, cloacas, energía eléctrica y gas natural. La propuesta prevé que los prestadores de estos servicios cobren un valor inferior al 50 por ciento en la facturación a los beneficiarios que se acojan a este sistema, que aspira a garantizar la igualdad, el libre acceso y la no discriminación de los usuarios en un contexto claro de emergencia económica
La iniciativa también postula la prohibición transitoria para la suspensión o corte de los servicios y que la deuda por facturas impagas de beneficiarios de la TIS deberá calcularse sin intereses, punitorios ni cargos por reconexión y deberá financiarse mediante planes de pago adecuados a la capacidad de pago de los usuarios. Sólo podrán ser beneficiarias de esta tarifa especial las personas que comprueben su vulnerabilidad socioeconómica y los jubilados y pensionados que no perciban ningún otro tipo de renumeración.
Además se conformará una Comisión Multisectorial Participativa ad honorem para constituir un registro ordenado con todos los beneficiarios, la cual será integrada por representantes del Ejecutivo de la ciudad, del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, de las empresas prestadoras de los servicios públicos mencionados, legisladores, ONG’s de Usuarios y Consumidores, y Asociaciones Vecinales.
La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura porteña señaló que “la aplicación de tarifas diferenciadas no alterará la rentabilidad de las empresas prestadoras de estos servicios que, en definitiva, han obtenido dividendos extraordinarios desde su origen y durante mucho tiempo avalaron la contravención de múltiples normas jurídicas de orden público".
Para Bisutti "la incorporación ordenada de la población de menores recursos al usufructo de los servicios públicos esenciales es un compromiso de la sociedad y del Estado, tendiente a la integración plena como ciudadanos en democracia. Por eso se debe promover el pago justo por el uso de dichos servicios en este sector social, al mismo tiempo que se desarrollan actividades educativas para el consumo y uso racional de los recursos naturales".
