Este es el año de los juicios orales por las causas más trágicas de los últimos años en nuestro país. Así, se sentarán en el banquillo de los acusados importantes figuras políticas, policiales, sindicales y empresariales y hasta bandas que trafican mujeres.
Las causas que los implican son la originada por la represión del 20 de diciembre de 2001, que eyectó al gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa; el incendio del boliche República Cromañón, la mayor tragedia no natural de este país, o el escándalo en el Senado por las coimas para reformar la ley laboral, hasta la desaparición de la joven tucumana Marita Verón y el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical.
19 y 20 de diciembre
La caída del gobierno de la Alianza, a cargo de Fernando de la Rúa, dejó un saldo de cinco muertes sólo en el microcentro porteño. La represión, con asesinatos y heridos de gravedad incluidos, llevada a cabo en pleno estado de sitio, fue asumida por la Policía Federal Argentina. En tanto, la cadena de responsabilidad que se juzgará en el debate oral el 1 de junio incluye, por el lado político, al exsecretario de Seguridad Nacional, Enrique Mathov, y por el lado policial, al exjefe de la PFA, Rubén Santos. El expresidente De la Rúa fue procesado en primera instancia y sobreseído en la Cámara de Apelaciones, pero la Sala I de Casación Penal mantiene la incógnita respecto de si el expresidente estará sentado junto a los imputados. Mathov y Santos llegan al juicio por los delitos de homicidio culposo reiterado en cinco oportunidades, lesiones culposas reiteradas en 117 casos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Pasó una década de los cincos asesinatos, de los 200 heridos ?la gran mayoría recibió impactos de bala de plomo o perdigones en la cabeza, tórax o piernas? y por lo menos 29 detenidos por disposición del Poder Ejecutivo. La extensísima demora judicial se entiende, por ejemplo, porque se tardó cinco años en realizar peritajes, o porque se destinaron solo 1.200 pesos para la elaboración de los planos de las zonas de la represión, esto sin incluir las presiones del poder político sobre la primera jueza María Romilda Servini de Cubría, que ese 20 de diciembre de 2001 intentó en Plaza de Mayo frenar a los gritos a las terceras líneas de la PFA que reprimían, entre ellos a Jorge ?el Fino? Palacios, que era director general de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos en la PFA. Sin embargo, tanto el exfederal Palacios como el entonces superintendente de Seguridad Metropolitana (a cargo de las comisarías porteñas), Alberto Capuchetti, presente en los cacerolazos en el Congreso ?donde terminaría herido al borde de la muerte Jorge Cárdenas?, y el comisario jefe de la Circunscripción 8ª, René Derecho, que estaba ese 20 de diciembre en Plaza de Mayo y daba las órdenes de no dejar ingresar a los manifestantes, fueron excluidos de un posible juicio oral.
Las coimas en el Senado
El escándalo de las coimas en el Senado en el año 2000 para la aprobación de la ley de flexibilización laboral fue conocido gracias al arrepentido exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto. El pasado 21 de noviembre iba a comenzar la primera audiencia del juicio oral. Pero el Tribunal Oral Federal Nº 3 la suspendió al hacer lugar a una estrategia procesal vinculada con la defensa de Pontaquarto. El debate está previsto en los tribunales federales de Retiro de la avenida Comodoro Py. Aunque aún no se fijó una nueva fecha, esta quedó para este año. Entre los imputados figura el expresidente De la Rúa, su exsecretario de Inteligencia, Fernando De Santibañes, el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique, más los exsenadores justicialistas acusados de haber cobrado coimas: el jujeño Alberto Tell, el entrerriano Augusto Alasino, el rionegrino Remo Costanzo y el formoseño Ricardo Branda.
Los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, integrantes del TOF N° 3, quienes llevaron adelante el debate oral por la causa AMIA, deberán juzgar la acusación por cohecho, que significa popularmente coima.
Cromañón
La realidad es que este año tendrá lugar el tercer juicio oral derivado de la mayor tragedia no natural de este país, el incendio de República Cromañón, que era el salón de baile del hotel Central Park, utilizado como boliche en pleno barrio de Once. El primer juicio por el Tribunal Oral Criminal N° 24 involucró a importantes funcionarios de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal y empresarios de una red de boliches que mantenían un aceitado sistema de coimas para lograr certificados contra incendio. Este primer juicio, con condenas firmes, se logró por el careo entre el defensor adjunto, Atilio Alimena, con la exsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin. En ese entonces, el juez Alberto Baños ordenó los allanamientos sin demorarse y así obtuvo pruebas lapidarias.
El segundo juicio por Cromañón, y más conocido, duró un año y ocurrió en 2008 en la misma sala del Palacio de Justicia donde se realizó el legendario juicio a las Juntas Militares. Aún queda pendiente definir los montos de la penas, aunque las condenas están firmes, por estrago doloso seguido de muerte, lesiones y cohecho para el gerenciador del boliche Omar Chabán; su mano derecha, Raúl Villareal, condenado por homicidio simple con dolo eventual por no haber modificado las salidas de emergencia a pesar de tener la autoridad para hacerlo; la banda Callejeros, cuyos integrantes fueron coorganizadores del show, y los comisarios de la 7°, Carlos Díaz y Miguel Ángel Belay, a quienes se les endilga recibir una coima a cambio de dejar ingresar más gente de la permitida por la habilitación. En concreto, 100 pesos por cada 500 espectadores. La capacidad prevista para Cromañón era de 1.031 personas.
Para el tercer juicio hubo interminables trabas jurídicas. No existe una fecha precisa, pero el 28 de febrero se dará a conocer en la audiencia preeliminar. El abogado querellante José Iglesias explicó a este medio que el empresario textil y dueño de la propiedad donde se estableció Cromañón, Rafael Levy, es imputado por estrago doloso seguido de muerte, que su procesamiento está firme, ya que se produjeron todas las medidas preparatorias. Entonces, se encuentra listo para el debate. En febrero la audiencia preeliminar va a brindar los detalles del juicio. Allí se definirá si se televisará o no el proceso judicial. El TOC N° 24, en el anterior juicio, no permitió el registro de los canales de televisión durante la audiencia.
Por el lado político, en Cromañón estará sentado como acusado por homicidio culposo un peso pesado, el exsecretario de Seguridad porteño, Juan Carlos López, entonces cuñado de Aníbal Ibarra. Además, lo acompañan terceras líneas del ibarrismo, como el subsecretario de Seguridad, Enrique Carelli, y el exdirector general de Seguridad Privada, Vicente Rizzo. También irá al banquillo de los acusados el excomisario Gabriel Sevald, quien estaba al frente de la comisaría séptima cuando ocurrió la tragedia. Sobre estos tres últimos pesa la acusación de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena máxima de tres años.
Mariano Ferreyra, presente
El 20 de febrero comenzará el juicio oral por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, y por los otros heridos de gravedad, como Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto. La fecha fue resuelta por el Tribunal Oral Criminal Nº 21. Ferreyra fue asesinado por una bala de plomo el 20 de octubre de 2010 en el barrio de Barracas tras el ataque de una patota de afiliados a la Unión Ferroviaria.
El principal acusado del crimen es el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, quien será juzgado como instigador del asesinato. También serán juzgados como instigadores del crimen el secretario administrativo del sindicato, Juan Carlos ?Gallego? Fernández, y el jefe de los delegados del Roca, Pablo Díaz; como coautores directos del crimen de Ferreyra y de las otras tres tentativas de homicidio están señalados el barrabrava Cristián ?Harry? Favale y el ferroviario Gabriel Sánchez, a quienes se los vio disparar ese día en Barracas. Los otros acusados por el crimen que también serán juzgados por estos hechos son Juan Carlos Pérez, Francisco Pipitó, Jorge González, Guillermo Uño y Claudio Alcorcel. Los altos funcionarios policiales acusados de liberar la zona para el mortal ataque aún no irán al juicio oral. Están acusados por un delito menor del que estuvo en discusión su jurisdicción, ya que están imputados por abandono de personas.
La desaparición de Marita Verón
Luego de diez años llega el juicio de uno de los primeros casos surgidos por las denuncias a las redes de trata y prostitución en el país. Tras la desaparición de Marita Verón, el 3 de abril de 2002, su familia inició una intensa búsqueda de la que rescataron a 21 mujeres que habían sido secuestradas de la misma manera y privadas de su libertad para ejercer la prostitución en ?cabarés? de La Rioja, Tucumán, Río Gallegos y España. De este proceso de investigación resultaron trece imputados para el próximo 8 de febrero. Los mismos no son imputados por trata, puesto que en ese momento la Ley 26.364 (Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas) sancionada en 2008, aún no existía. Las causas son por privación de libertad, secuestro y promoción a la prostitución. Se estima que el juicio durará alrededor de tres meses con audiencias tres veces por semana. Entre las declaraciones habrá testigos claves que fueron víctimas de las redes de trata y prostitución y que habrían visto a Marita u oído hablar de ella. Los canales de televisión nacionales e internacionales ya tienen todo alistado para desembarcar en Tucumán.
Para el resto de los juicios de 2012, las querellas a modo de resguardo de la legalidad y como difusión masiva de los casos alientan la transmisión en vivo de los noticieros. La Justicia dirá.
