Los vecinos y vecinas del asentamiento Playón de Chacarita arrancaron la semana movilizados. Al caer la tarde del lunes, radio abierta mediante, repudiaron el inminente desalojo judicial de la manzana 8 del barrio, además de peticionar a los Estados nacional y de la Ciudad una solución habitacional definitiva y concreta. Apenas unas horas después, Parque Ptricios era el escenariorio dantesco de familias corridas por la Policía Metropolitana: piquetes y gomas quemadas tras la orden de desalojo en un hotel supuestamente ocupado. Antes, el domingo, la calma se rompió en el ex-Padelai, que volvió a ser recuperado por las familias que vivían allí y que mantienen un prolongado litigio con el Gobierno porteño.
El panorama está claro, la crisis habitacional en la Ciudad sigue latente y, eventualmente, explota. ?Cualquier lugar vacío, cualquier plaza grande en la Ciudad, son factibles de ser tomados?, dirá en off the record un funcionario local a Noticias Urbanas. ?No quiero que después digan que se fomentan las tomas. Acá hay un tema sin resolver y la gente entonces busca cómo solucionarlo?, agrega.
Semanas atrás, las personas que viven en la manzana 8 de la céntrica villa, clavada en el corazón de Chacarita, fueron notificadas sobre el expediente 3.140/11, que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 2 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, donde se indican todas las actuaciones judiciales pertinentes para dictar una orden de desalojo de manera inminente. Solo en esa manzana hay 29 familias ?la mayoría vive allí hace aproximadamente 25 años? y 31 menores en total.
?Esta no es la primera vez que las familias que habitan el barrio se ven amenazadas por empresarios que, con miras a proteger sus intereses económicos, inician con aquiescencia del Estado acciones judiciales para apropiarse de los terrenos donde tienen asentadas sus viviendas. Es sabido por la comunidad que quien está detrás de la acción judicial es el empresario Francisco Villar, quien recibió en una concesión poco trasparente parte de los terrenos ferroviarios para desarrollar negocios en la zona y quien estaría hace unos años involucrado en el caso de una ?saladita? donde se comprobó la existencia de trabajo esclavo?, denuncia Ana María Vásquez Duplat, del equipo de intervención de la jueza Elena Liberatori, también vocera de los ocupantes.
Duplat asegura que Villar, junto con Alberto Samid, el empresario ganadero apodado ?el Rey de la Carne?, quiere los terrenos para, según lo indicado por los propios vecinos, construir un estacionamiento que dé valor al negocio de venta de carne que se instaló hace apenas 15 días en el lugar.
?Lo más preocupante y cuestionable de la situación es que siendo el Estado el dueño de la tierra en conflicto vaya a poner su aparato de justicia al servicio de intereses netamente privados y comerciales, generando una clara transgresión contra los derechos fundamentales de alrededor de 100 personas, entre ellas un poco más de 30 niños y niñas, que serían desterrados de su vivienda para que en su lugar se instale un estacionamiento?, relata la interventora a Noticias Urbanas.
Es fundamental destacar que las familias amenazadas por la situación han sido reconocidas por entidades del Estado como habitantes legítimas de esas tierras. El Instituto de Vivienda de la Ciudad, en el marco de medidas cautelares dictadas por la Justicia, realizó un censo de la población y un plano predial dejando formalmente reconocidas a los pobladores de los terrenos.
Asimismo, mediante la intervención judicial ordenada por el fuero contencioso administrativo de la Ciudad, como resultado del recurso de amparo presentado en 2008 por el exlegislador e integrante del Colectivo por la Igualdad Facundo Di Filippo, se llevaron a cabo elecciones formalizadas para la elección de representantes del barrio con miras a la constitución de la Mesa Participativa para la urbanización del Playón. Dichas elecciones incluyeron a la Manzana 8, que actualmente cuenta con 3 delegados electos y por tanto con interlocutores legítimos para discutir directamente con el Gobierno toda solución y medida que afecte sus intereses en el proceso de urbanización.
?Expulsar a estas familias del lugar donde hoy residen no solo implicaría la pérdida de la vivienda que llevan años autoconstruyendo, sino a su vez la desintegración forzada de su vida en comunidad, el rompimiento de los vínculos con las instituciones que frecuentan (escuelas, centros de atención en salud, lugares de trabajo, etcétera) y, en términos generales, la vulneración absoluta a los derechos humanos más fundamentales?, señaló en ese sentido Di Filippo.
En el Playón de Chacarita viven alrededor de dos mil personas. Está radicado desde hace más de diez años sobre terrenos pertenecientes al Estado nacional, y desde fines de 2011 cuenta con representantes electos en comicios realizados en el marco de una intervención judicial. ?Como indica la 148, los delegados y representantes electos en cada villa y asentamiento deben ser los interlocutores válidos ante el Gobierno local para discutir cómo urbanizar sus barrios. El Ejecutivo debe reconocerlos en ese rol. En el caso del Playón, al igual que en la villa 31 y 31 bis, es necesario regularizar las condiciones de la propiedad de la tierra y que la Nación haga el traspaso a la Ciudad para luego poder encarar un proceso de urbanización definitiva y concreta?, expresó Di Filippo.
?Diez por ciento del presupuesto nacional para las ONG y los movimientos sociales? es el pedido de la ONG Red Hábitat, que acaba de anunciar la recuperación del edificio de la ex-Padelai. La Cooperativa San Telmo, que es titular del edificio bajo escritura Nº 166 folio 392 registro 22, logró reingresar en el espacio. ?Nuevamente nace una esperanza para muchas familias que no pueden resolver definitivamente el problema habitacional. Tenemos que tener en cuenta que este lugar es uno solo de los inmuebles desocupados de los dos millones y medio que hay en la Argentina?, señaló a Noticias Urbanas Fernando, uno de los miembros de la red.
Cerca del último fin de año, más de 200 familias acamparon frente al predio señalando que el Ejecutivo porteño los había engañado haciéndoles creer que el edificio se derrumbaba y que les brindarían asistencia. Los ocupantes habían vivido en el ex Patronato de la Infancia que hoy es ocupado por una de las sedes del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Luego, firmaron un acuerdo con el exintendente Carlos Grosso para recibir la propiedad del 70 por ciento del predio.
En 2003, el edificio fue desalojado porque, según se dijo, había riesgo de derrumbe. Allí mismo, la cooperativa reclamó judicialmente a la Ciudad que en 2009 decidió prestar el espacio por 30 años a la embajada de España.
?Cuando ves de afuera parece un gran centro cultural o un gran centro de convenciones del primer mundo, y cuando entrás está igual que cuando se fueron las familias o quizás un poco peor por el deterioro del tiempo?, señalaron los ocupantes a NU luego del ingreso.
Desalojo violento
El lunes por la noche, 34 familias con niños, que vivían en un hotel familiar del barrio porteño de Constitución, sufrieron un brutal desalojo por parte de la Policía Metropolitana ante una denuncia efectuada por una presunta ocupación ilegal del establecimiento.
Erik López Murand, abogado de las personas desalojadas, señaló ante la agencia Télam que ?la Policía Metropolitana desalojó exhibiendo sus armas a los habitantes y clausuró el hotel?, y añadió que la orden judicial ?no decía desalojo sino registro, allanamiento y restitución?.
El letrado destacó, además, que de acuerdo a la orden del juzgado ?debían estar presentes al momento del allanamiento ambulancias del SAME y personal de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad?. Sin embargo, más de tres horas debieron pasar para que personal del programa Buenos Aires Presente (BAP) se acerque al lugar, ubicado en avenida Brasil entre Combate de los Pozos y Entre Ríos, para conocer la situación y ofrecer paradores y albergues a los vecinos. En tanto, grupos de jóvenes, mujeres y niños cortaron el tránsito sobre la avenida Entre Ríos en forma total y prendieron fuego bolsas de basura y otros elementos, asegurando que abonaban un importe por vivir en el lugar.
Mientras las familias siguen bregando por reingresar, se solicitará el juicio político a la jueza Fernanda Botana, quien ordenó el operativo policial. El defensor general adjunto de la Ciudad, Roberto Gallardo, aseguró que las familias no estaban usurpando la propiedad ya que pagaban un alquiler de buena fe: ?Sacaron a la gente a punta de pistola. Fue una brutalidad. Vamos a pedir la nulidad de todo lo actuado?.
A la moción de Gallardo se sumó el defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, quien agregó: ?La jueza Botana va a tener que dar cuenta de esta barbaridad de dejar a 34 familias en la calle?.
NOTA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN EL SEMANARIO NOTICIAS URBANAS Nº 344, DEL 10-05-12.
