El alto índice de inseguridad registrado en todo el ámbito del país generó en los últimos tiempos un nuevo fenómeno, el de la seguridad privada, que no ha cesado de crecer y arroja cifras interesantes. No obstante, todavía son muchas las falencias que tiene el Estado en controlar a las agencias, muchas de las cuales contratan hasta la mitad de su personal en negro.
En la Capital Federal se creó en diciembre pasado una nueva dependencia, la Dirección General del Servicio de Seguridad Privada del Gobierno porteño, dirigida a regular y controlar a los organismos de seguridad privada. Desde el mes de mayo, la flamante dependencia está llevando adelante la tarea de registrar a las empresas prestadoras de seguridad privada en el ámbito de la Ciudad.
Hasta el 9 de agosto "registramos en total trescientas cincuenta agencias de seguridad privada, las cuales están en distinto estado de trámite", expresó Osvaldo Rizo, director del organismo de control de la Seguridad Privada del Gobierno porteño. El funcionario que en este momento se está en pleno proceso de inscripción de agencias.
También explicó que la Ley 118 establece, en una primera, etapa, reconocer a la persona jurídica, luego revisar en qué condiciones está la sociedad para prestar el servicio de seguridad privada y, una vez que cumple con los requisitos establecidos, se procede a verificar las altas de personal y en qué condiciones se encuentra éste último.
La ley le exige cumplir al personal contratado por las empresas con cursos de capacitación mínimos de treinta horas anuales, en los que reciben instrucción sobre aspectos legales, derechos humanos y conocimiento de armas. "Hay que tener en cuenta que la mayoría de los vigiladores, al menos en la Ciudad, no son armados. La ley establece con mucha claridad que en el espacio público rige la seguridad pública, respecto al uso de las armas concretamente. En el espacio privado de uso público tampoco puede haber vigiladores armados, por ejemplo, en un shopping", aclaró Rizo.
"Los cursos que se están implementando no son ‘cursitos’, sino cursos regulados y controlados", aseguró el funcionario. Rizo agregó que "cada vigilador debe recibir su adiestramiento en un establecimiento público o en institutos reconocidos por la enseñanza oficial. Los cursos deben estar en principio avalados por el Estado, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, y tener una currícula muy clara y con una carga horaria mínima", sentenció.
El director porteño del Servicio de Seguridad Privada reveló que las empresas de seguridad privada cobran por la contratación de su servicio aproximadamente entre cinco y siete pesos la hora. Y que cada vigilador, que en general trabaja siete horas diarias en doble turno, estaría cobrando 1 peso de ese monto.
"La ley lo que busca es que la seguridad privada sea complementaria a la seguridad pública en cuanto a prevención, pero no en investigación ni represión del delito", manifestó el funcionario en declaraciones realizadas en el programa radial "La mañana de Continental".
Para que un vigilador pueda cumplir en regla con su trabajo debe ser antes aceptado por el Gobierno porteño. Para ello, debe presentar un examen de aptitud psicofísica que tiene que ser tomado en un establecimiento público, debe presentar un certificado de reincidencia criminal, para conocer sus antecedentes, y una declaración jurada de no haber sido condenado por violación de los derechos humanos. "Y presentar el certificado del curso de capacitación, que en este momento estamos implementando", aseguró Osvaldo Rizo.
