El miércoles al mediodía el juez federal Claudio Bonadío se pronunció por darle la razón a una denuncia del diputado porteño Raúl Puy -impulsada también por la Oficina Anticorrupción- contra los miembros del directorio del PAMI por defraudación en perjuicio de la administración pública. Bonadío dictó el procesamiento del ex interventor del organismo, Víctor Alderete, y de los directivos de Radio Rivadavia, involucrados también en la denuncia.
Según la investigación que llevó adelante el juez junto con el fiscal federal Carlos Cearras, el PAMI encargó entre los años 1998 y 1999 un servicio de consultoría externa para determinar qué empresa debía llevar adelante un "muestreo de satisfacción de usuarios". El estudio previo fue encargado a la empresa Solavi S.A., que determinó que la adjudicataria debía ser Radio Rivadavia.
Pero en el expediente quedó demostrado que el titular de la mencionada firma, Guillermo Sorensen, era al mismo tiempo, vicepresidente de la emisora. En la causa también se encuentran implicados Ricardo Talevi y Luis Cetrá (dueño de Radio Rivadavia), hombres ligados al dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia, que en repetidas ocasiones ha estado sospechado de protagonizar operaciones políticas y económicas "non sanctas", pero que no ha sido nunca condenado por ellas.
En ocasión de la aparición de esta denuncia, algunos dirigentes políticos ligados a Nosiglia se jactaron de que la poca difusión que tuvo esta causa se debió a sus influencias. De todos modos, la gravitación de éstos parece haberse esfumado, ya que en estos días la noticia -no tan completa como el lector la está viendo en NOTICIAS URBANAS- apareció en las primeras planas de todos los periódicos.
Puy presentó la demanda penal el 8 de octubre de 1999, y simultáneamente presentó un pedido de informes en la Legislatura porteña para investigar las características del contrato celebrado con la empresa SOLAVI S.A. El contrato garantizaba a la mencionada empresa el beneficio de una suma de $200.000 más IVA, por servicios que, según indagaciones previas, no deberían superar los $35.000, con el significativo perjuicio que esto acarrearía a la obra social de los jubilados.
Puy solicitó además a la Inspección General de Justicia que investigara si la firma podría integrar las denominadas "empresas fantasmas", ya que desde su inscripción no habría presentado información sobre sus actividades, situación patrimonial y autoridades.
Como esta no es la única causa que el ex interventor del PAMI tiene abierta, cuando alguna de ellas llegue a juicio oral y le dicten sentencia, por la cantidad de procesamientos acumulados la pena que le impongan será de cumplimiento efectivo, es decir que estaría nuevamente tras las rejas.
