Esta vez Brailovsky concurrió a la cita. A diferencia del 25 pasado, cuando se celebró la primera audiencia judicial, el defensor adjunto se hizo presente en la convocatoria establecida para este martes, a las 14, por los jueces Carlos Balbín y Esteban Santanaro. El objetivo de la reunión fue aclarar ciertas cuestiones y posibilitar que Brailovsky y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, acerquen sus posturas en la disputa que ambos mantienen acerca de la legalidad de la construcción los reservorios pluviales. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo entre las partes.
Junto a Brailovsky estuvo Nélida Harracá -coactora en la causa y colaboradora del defensor adjunto- y sus abogados patroncinantes: los Dres. Martín Blanco y Diego Kravetz. Por la parte demandada acudieron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, los abogados Víctor Zamenfeld y Jaime Ruchtein (en representación de la Procuración de la Ciudad) y otros funcionarios gubernamentales.
También se hizo presente un nutrido grupo de vecinos de los barrios de Villa Crespo, Villa Pueyrredón, Villa Devoto y Belgrano, zonas castigadas por los desbordes producidos por las tormentas. Luego de la audiencia, algunos representantes de asociaciones vecinales y organismos no gubernamentales criticaron duramente al defensor adjunto, al que acusaron de promover la detención de las obras.
Semanas atrás, una presentación judicial realizada por Brailovsky y Harracá derivó en una medida cautelar dictada por la jueza Alejandra Petrela, quien decidió suspender transitoriamente el llamado a licitación para la construcción de los reservorios hasta que se resolviera la cuestión de fondo. Brailovsky y Harracá habían cuestionado la falta de realización de estudios de impacto ambiental.
DOS IMPACTOS
El defensor adjunto sostuvo en la audiencia que el proyecto de los reservorios no fue sometido a lo dispuesto en las leyes 123 y 452, que establecen los procedimientos de evaluación acerca de las posibles modificaciones ambientales en las zonas afectadas por las obras. Por su parte, Fatala -en una alocución que duró cerca de 40 minutos y que fue interrumpida constantemente por los abogados demandantes- explicó minuciosamente la importancia del proyecto, al que no dudó en calificar como poseedor de "un impacto positivo", por mejorar las condiciones ambientales de las zonas afectadas por las inundaciones.
Con esta caracterización, el secretario se refirió al "impacto ambiental permanente", un concepto que vinculó con la consecuencia final de las obras y que distinguió del de "impacto ambiental transitorio", mediante el cual hizo referencia al momento de su construcción. En relación a esto último aclaró que los correspondientes estudios debían ser realizados por la firma adjudicataria. Esta diferenciación entre impacto "permanente" y "transitorio" fue criticada por los abogados de Brailovsky por considerar que no está establecida ni en la ley 123 ni en la 452.
NO HUBO ACUERDO
Más allá de esta cuestión, lo que el defensor adjunto y sus abogados vienen reclamando -y así dejaron constancia en la audiencia- es que, antes de llevarse a cabo la licitación, sea expedido un certificado de aptitud ambiental de la obra, tal como plantea la ley 123 para los casos de emprendimientos categorizados como de "impacto relevante".
Al respecto, los representantes del gobierno manifiestan que la secretaría de Obras y Servicios Públicos promovió varios análisis que establecieron que la obra no es de alto impacto. Pero Brailovsky, Harracá y sus abogados cuestionan que "la propia autoridad que pretende llevar adelante el proceso licitatorio" (la secretaría de Obras y Servicios Públicos) pretenda "arrogarse el carácter de autoridad de aplicación y efectuar la categorización de la afectación ambiental del proyecto". En la audiencia, ambas partes mantuvieron sus posturas y habrá que esperar la decisión final de la Justicia.
FASTIDIO VECINAL
"La construcción de los reservorios está trabada por culpa de una ley, la 123, que es la que establece los estudios de impacto ambiental. Pero ¿no es impacto ambiental tener un metro y medio de agua dentro de nuestras viviendas cada vez que se inunda?", se preguntó Carlos Daneri, representante de la Asociación Vecinal de Villa Pueyrredón. Él y otros vecinos de los barrios afectados por los desbordes pluviales acudieron a la audiencia para hacer oír sus reclamos y finalmente fueron escuchados por los jueces. Todos coincidieron en criticar a Brailovsky, al que culparon por la suspensión de las obras.
"La norma establece una autoridad de aplicación para efectuar los estudios, pero eso a nosotros no nos garantiza nada porque igualmente depende del gobierno de la Ciudad, que fue el que firmó el decreto de construcción de los reservorios", argumentó Daneri. "Si los estudios los realizara algún organismo independiente sería otra cosa pero, así, no nos importa si es la secretaría de Medio Ambiente o la de Obras y Servicios Públicos la que los lleva adelante. Lo que queremos -sentenció- es que los reservorios se construyan de una vez por todas".
