Los representantes de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) acudieron esta tarde a la Legislatura porteña para defender su posición acerca del proyecto de "uniones civiles de solidaridad", que propone la creación de un registro de convivientes y les otorga a las parejas que se anoten (sean heterosexuales u homosexuales) los mismos derechos laborales y de seguridad social vigentes para los matrimonios. Fueron invitados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, lugar donde ahora fue girado el proyecto, para responder a las preguntas de los diputados que la integran.
"Contamos con un buen apoyo legislativo", manifestó a NOTICIAS URBANAS César Cigliutti, presidente de la CHA que, junto con sus colaboradores, ingresó a la sala de reuniones a las 14:15. El dirigente afirmó que, cuando el proyecto fue presentado en la Legislatura, en agosto del año pasado, contó con el apoyo instantáneo de una veintena de diputados, que decidieron firmarlo como coautores. Por su parte, la jueza camarista en lo civil y comercial de San Isidro, Graciela Medina, autora del proyecto original, también estuvo presente y defendió ante este medio la constitucionalidad de la iniciativa. Afirmó que la Ciudad tenía competencia para legislar, dentro de su distrito, en cuestiones vinculadas con el derecho laboral y la seguridad social.
LA COMPETENCIA GENERA DUDAS
Esto último fue el eje sobre el que giraron las dudas que manifestaron algunos de los diputados presentes y que, meses atrás, motivó a la comisión de Derechos Humanos -cuerpo al que fue remitido originariamente el proyecto- a solicitarles a varios especialistas jurídicos "informes técnicos" sobre la viabilidad de la iniciativa.
"El proyecto plantea extender a las uniones civiles los beneficios que se dan a los matrimonios en el ámbito laboral y social interno de la ciudad. No trata temas de derecho civil, como la adopción o la sucesión, que sólo pueden ser modificados por el Congreso", argumentó Medina. La jueza recordó que en 1961, cuando se aprobó la ordenanza 18.447 para establecer el derecho a pensión en parejas de concubinos, se realizaron planteos similares, pero que la Corte Suprema de Justicia, en 1978, ratificó la constitucionalidad de esa norma y de otras afines, redactadas en 1969 y 1973.
Por su parte, Cigliutti agregó que, al ser consultados por la comisión de Derechos Humanos, tanto la Universidad de Palermo, como la UBA y el Colegio Público de Abogados de la Capital, se mostraron a favor de la propuesta. "Es más, dijeron que ‘era necesario este tipo de legislación’", puntualizó el presidente de la CHA.
ASEGURAN QUE NO LE PIDIERON OPINIÓN A LA IGLESIA
A poco de comenzar el cónclave, el diputado Abel Latendorf (Piquete Socialista), les preguntó a los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos Humanos, Héctor "Tom" Costanzo (UCR) y Alicia Pierini (PJ), si alguien había realizado consultas a la Iglesia Católica. Ante la respuesta negativa de ambos el legislador aclaró: "Lo pregunto porque es conocida la posición eclesiástica al respecto". Para su sorpresa, la jueza Medina afirmó que el Opus Dei no se oponía a la existencia de una ley de uniones civiles entre homosexuales, siempre que no se avanzara sobre temas de adopción o matrimonio.
DOS BORRADORES
Al proyecto original presentado por la CHA, se suma un borrador de despacho de comisión que, con algunas modificaciones, propuso Alicia Pierini. Entre los beneficiarios de los derechos laborales, su iniciativa incluye también a "todo personal dependiente que cumpla funciones en entidades privadas o a cargo de personas físicas o jurídicas con relación de dependencia, con domicilio en la Ciudad o que desarrolle en ella su actividad principal". El proyecto original contemplaba solamente a los trabajadores dependientes del Estado porteño. Ambas propuestas también hacen referencia al derecho a recibir los planes sociales del gobierno de la Ciudad.
"El borrador que nos envió la diputada tiene cosas que mejoran el proyecto, pero otras que no", afirmó Cigliutti. El presidente de la CHA se mostró en desacuerdo con que en el predocumento, al referirse a los derechos de las "uniones civiles solidarias", se quitara de la redacción la frase "con independencia de su sexo y orientación sexual". Este punto, que fue remarcado varias veces durante la exposición de hoy, es considerado fundamental tanto por el presidente de la CHA como por la autora del proyecto, para evitar interpretaciones discriminatorias al momento de aplicar la ley. Consultada al respecto, la diputada Pierini afirmó, luego de la reunión, que le acababa de agregar al borrador la oración "sin discriminación de ninguna índole en los términos del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad". Este artículo habla de la igualdad ante la ley y hace referencia expresa, entre otras cuestiones, a la orientación sexual de las personas.
