Una fuerte polémica sacudió a la Legislatura porteña en torno del convenio firmado por el Gobierno Nacional con la Lotería Nacional el pasado 2 de agosto autorizando la instalación de un segundo casino flotante en el Puerto de Buenos Aires y otorgándole una prórroga por cinco años al que ya está instalado allí. Ahora, la concesión original, que era por doce años, pasó a ser por 17 años.
La Constitución porteña en sus artículos 50 y 80 determina que a partir del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional no cuenta con facultades sobre la materia de los juegos de azar. Estos artículos de la Constitución capitalina disponen que la Ciudad regula, administra y explota los juegos de azar, no siendo admitida la privatización o concesión. Pero lo que aún no se ha resuelto es a quién pertenecen las aguas sobre las que flotan los barcos y eso requerirá de negociaciones y convenios. Pero el clima se recalentó y las soluciones no parecen que sean inmediatas, con o sin Instituto.
Sin embargo, y debido a que la Legislatura porteña aún no ha sancionado la creación del organismo encargado de regular y controlar los juegos de azar en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional firmó el convenio con la empresa CIRSA, concesionaria del casino. "La constitución del Instituto del Juego obligaría a la Nación a entregar a la ciudad alrededor de 100 millones de pesos anuales en concepto de participación de lo que recauda por el juego en el distrito", aseguró el diputado por el Partido de la Ciudad, Jorge Giorno.
El diputado porteño afirmó que detrás de las postura de los que se oponen a la creación del Instituto del Juego "está la defensa de los intereses de la Lotería Nacional en la Ciudad de Buenos Aires". "Si pensamos que la Lotería Nacional factura 700 millones de pesos anuales en el distrito, cabe concluir que hay una manifiesta intención de defender esos intereses en contra de los de la ciudad de Buenos Aires, que es administrar su propio juego", agregó el legislador.
De todas maneras, algunos legisladores creen que antes de aprobarse esa norma, la Ciudad de Buenos Aires debería acordar con la Nación el traspaso de los fondos, pero otros opinan que la Nación debería ser obligada por ley a entregar el dinero recaudado.
"Yo no me opongo a la creación del Instituto del Juego, pero hay una ley de juego de la ciudad que es la 538, que primero se debe reglamentar; luego habrá que firmar un convenio con la Nación para que nos traspase los fondos y finalmente crear el Instituto", afirmó el diputado peronista Julio Vitobello.
Según el vicepresidente segundo de la Legislatura, otro de los escollos para sancionar la iniciativa está relacionado con que "no se sabe de dónde se van a sacar los fondos para financiar al Instituto. Por eso es que primero se debe acordar con la Nación el porcentaje que le corresponde a la ciudad sobre la recaudación total de las apuestas".
Sin embargo el diputado Jorge Mercado (Movimiento Generacional Porteño) aseguró que "quieren un convenio para que en una habitación de cuatro por cuatro, la Nación le diga al gobierno de la ciudad ‘te doy tanto en concepto de migajas’, y la verdad es que así los porteños no vamos a poder financiar las necesidades sociales que tenemos".
Para la presidenta de la comisión de Desarrollo Económico, Delia Bisutti (ARI), "la creación del Instituto del Juego va a generar un costo administrativo y la manera de financiarlo es realizando un convenio con la Nación para que antes que nada entregue lo que corresponde por la recaudación del juego".
Por su parte, Giorno señaló que "la Lotería Nacional concesiona y privatiza en nuestro territorio y eso es inconstitucional, entonces cualquier convenio con la Nación sería también inconstitucional".
El integrante del Interbloque Porteño propuso que "el 30% de lo percibido en la Ciudad por el Instituto del Juego a crearse, sea donado a Cáritas" y agregó que "con la creación del Instituto la Ciudad empezará a ejercer su jurisdicción, autonomía y poder de policía en la materia, porque los que explotan este negocio para beneficio personal como la quiniela o garitos clandestinos tendrían su tiempo contado si se aprueba la ley propiciada".
El diputado Jorge Enríquez (UCR) manifestó su preocupación por esta disposición, y solicitó al Ejecutivo que coordine con el Poder Ejecutivo Nacional para que no se concrete esta nueva medida implementada por la Lotería Nacional con la empresa Cirsa, "ya que es una clara violación a la autonomía porteña".
Según Enríquez "la instalación de un casino flotante en el puerto viola claramente nuestra autonomía local, ya que el Art. 8 de la Constitución declara que la Ciudad es co-ribereña del Rio de La Plata y del Riachuelo, extendiendo su territorialidad a los ríos y vías navegables. De ahí que la ciudad es la única con poder de decisión en lo que se refiere a la instalación y funcionamiento de salas de juego en sus aguas jurisdiccionales".
Por último el diputado radical negó sistemáticamente los argumentos que señalan que la instalación de casinos mejorará los ingresos fiscales, y afirmó que "la reducción en los gastos y la mejora en los ingresos es la única fuente genuina para atender las necesidades de los sectores más postergados, que debe ser el principal afán del gobierno, local y nacional".
