La explotación sexual, tanto de mayores y menores, y la comercialización de drogas de manera sistemática y diaria (no hay paros, francos, feriados) no necesita de los recovecos oscuros de las villas miseria. Funciona a la vista de todos, en pleno centro porteño.
A pocas cuadras del Departamento Central de la Policía Federal y de las principales sedes del Estado Nacional y de la Ciudad tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial, en pleno microcentro de la Ciudad, vecinos autoconvocados de los barrios de Constitución y Monserrat, respaldados por los costureros de la organización La Alameda y por los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), investigaron y comprobaron durante semanas la existencia de un sistema económico ilegal basado en la explotación sexual de mujeres en prostíbulos; y que a su vez encubre otro negocio prohibido: la distribución y venta masiva de estupefacientes.
NOTICIAS URBANAS fue el único medio que participó de todas las reuniones no públicas que mantuvieron los vecinos autoconvocados que recurrieron a La Alameda. No es la primera vez que quienes viven en la zona afectada por los prostíbulos van a la Justicia para denunciar proxenetismo, venta de drogas, tiroteos, golpizas y amenazas. Los resultados, hasta ahora, no fueron alentadores, ya que todo sigue igual.
Lo que decidió a los vecinos de Monserrat y Constitución a impulsar una nueva investigación -esos mismos vecinos que reconocen haber votado a Mauricio Macri "pensando que iba a ser distinto y tomar cartas en el asunto"- es la historia reciente de La Alameda y el MTE: en abril y mayo pasados, ambas organizaciones escracharon a seis prostíbulos, uno en Flores y los otros en Monserrat, donde además se vendía cocaína. Esos lugares fueron denunciados en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, a cargo de Alicia Pierini, quien intervino decididamente, radicando las denuncias judiciales pertinentes. La Justicia federal clausuró los locales del hampa pero nada perduró porque éstos reabrieron luego que el tema hubiera desaparecido de los medios de comunicación.
En las reuniones de los investigadores independientes -integradas por vecinos y militantes- participaron además representantes legislativos que vienen involucrándose en el tema, como la diputada nacional Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica, y la legisladora porteña Verónica Gómez, del Partido Socialista. Las diputadas se comprometieron a sumar a más colegas, tanto en la Cámara de Diputados nacional como en la Legislatura de la Ciudad, para hacer la denuncia en la Justicia federal y en ambas cámaras legislativas. La decisión está respaldada en un informe elaborado con sumo cuidado por los vecinos, muchas veces con temor y corriendo riesgos importantes. Sospechosamente, el automóvil con el cual se había filmado de madrugada la zona de los prostíbulos de Monserrat y Constitución, fue robado.
NOTICIAS URBANAS tuvo acceso al texto de la denuncia judicial que se presentará este martes 5 de agosto, día en que también se realizará un escrache contra la prostitución y el tráfico de drogas. El escrito cuenta, por ahora, con la firma del presidente del bloque Coalición Cívica de la Cámara de Diputados, Adrián Pérez; del vicepresidente primero de la Comisión de Justicia de esa misma cámara, el diputado radical Rubén Lanceta; de las diputadas nacionales Gil Lozano, Fernanda Reyes (Coalición Cívica) y Cynthia Hotton (PRO), y de los legisladores porteños Facundo Di Filippo y Diana Maffía (ambos de la Coalición Cívica). Allí denuncian a los "rufianes capaces de desarrollar, en locales abiertos al público en plena ciudad, una actividad manifiestamente ilícita ante la vista y paciencia de las autoridades, que, además, disponen de personal de seguridad capaz de imponer el orden en un ambiente propio del hampa y que, asimismo, pueden hacer alarde de una relación de complicidad con funcionarios policiales y del Gobierno de la Ciudad son lo suficientemente temibles para que un puñado de mujeres jóvenes y socialmente vulnerables se vean doblegadas y se avengan, entre otras cosas, a aceptar las relaciones carnales promiscuas que se promueven y desarrollan en condiciones por demás degradantes e insalubres sin cuestionamientos", dice el texto que se convertirá en denuncia penal.
Por otra parte, "los referidos prostíbulos (prohibidos por la ley 12.331) tienen como propósito evidente la explotación económica de la prostitución por lo que también resultaría de aplicación lo dispuesto en el art. 127 C.P. Valdría también aquí lo dicho con referencia al abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia y de poder que aparece claramente en el relato de las víctimas y de las personas que abusaron de ellas para completar los elementos objetivos del tipo".
También figura en la presentación que prevén recusar al juez Norberto Oyarbide en caso de que salga sorteado para instruir la causa. "Muchos de los lugares mencionados sirven no sólo de prostíbulos sino de centros de comercialización de estupefacientes en especial los vinculados al empleo de la cocaína en sus diversas modalidades. Es más, al momento de tener que formular esta denuncia tenemos la duda de que los prostíbulos sean en realidad un cebo para atraer la potencial clientela consumidora de los estupefacientes, más que un negocio conexo a esa actividad. Lo cierto es que en cualquiera de esas hipótesis estaríamos igual en presencia de las conductas contempladas en la ley 23.737", se expresa en otra parte de la denuncia.
Para los diputados denunciantes en la justicia, como para los vecinos y militantes que harán un escrache que tendrá epicentro el martes 5 en San Juan y Lima, a partir de las 18, hay "responsabilidad de las autoridades policiales y, en especial, del señor Jefe de la Policía Federal, Comisario General Néstor Jorge Valleca", a quien le imputan incumplimiento de las dos leyes fundamentalmente: la que prohíbe los prostíbulos y la que pena el tráfico de drogas.
"Entendemos que la investigación deberá necesariamente dirigirse a determinar la eventual responsabilidad del señor Jefe de la Policía Federal, Comisario General Néstor Jorge Valleca, en su calidad de responsable máximo de la referida fuerza de seguridad. Ello así, en la medida en que es dable suponer que, debido al funcionamiento público y notorio de esta red y su ubicación en las cercanías del Departamento Central de Policía, no pudo haberle pasado desapercibido, así como tampoco el irregular funcionamiento de las Seccionales (4ª, 16ª y 18ª) que tienen el control de la zona".
La denuncia incluye a una vasta red de locales donde se ejerce la prostitución y se lleva adelante impunemente el tráfico ilícito de estupefacientes que opera en la zona comprendida entre Avenida de Mayo y Pavón, y fuertemente en las calles Salta y Santiago del Estero.
"Se trata de locales abiertos al público que con la apariencia de bares y cafés desempeñan este menester. Esos locales funcionan habitualmente desde las 1 am. Horas hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente. Se caracterizan por tener el frente totalmente tapado, música muy fuerte que trasciende al exterior y casi sin luces internas. Concentran un número importante de mujeres afroamericanas de provenientes de la República Dominicana que ejercen la prostitución. En algunos casos los locales están en combinación con los albergues transitorios o privados adonde son llevados los clientes", dice el escrito que será presentado en la justicia.
La ubicación precisa de estos locales es la siguiente: Salta 178, Santiago del Estero 291, Santiago del Estero 1445, Santiago del Estero 1447, en este caso es un local que tras la fachada de una peluquería traficaría con drogas y que estaría regenteado por el dueño o encargado del prostíbulo de San Juan 1338; Santiago del Estero 1361 (ex bar San Miguel) ahora denominado "Las caribeñas"; Santiago del Estero 1438 "La Morena"; Pasaje Ciudadela 1219 (esquina Salta), clausurado, donde igual se denunciando dormidero prostitutas y venta de drogas; Santiago del Estero 1400 / 1500 donde operan locales que son aparentemente bares raros carentes de chapa catastral ni nombre del local a la vista; Brasil, pool sin identificación ni chapa catastral, ubicado al lado del Nro. 1345; Pasaje O’Brien 1245 (entre Salta y Santiago del Estero); O’ Brien al 1300 entre San José y Santiago del Estero; Avenida Juan de Garay al 1200 mano derecha mitad de cuadra; San Juan 1338, especialmente entre Salta y Santiago del Estero, a mitad de cuadra sin número (al lado del Hotel Río), y entre Santiago del Estero y San José, a mitad de cuadra, locales con pool; Brasil 1237, al lado de local de la firma Frávega; Pavón 1259; Salta 1344 y Salta 1342".
Asimismo, la denuncia destaca la presencia persistente de los siguientes vehículos en diversos locales: FCN655 4X4; SJD010 PEUGEOT; DAO783 AUTO OSCURO; CGI353 PEUGEOT -(OBLEA DISCAPACIDAD; FJC252 (OBLEA DISCAPACIDAD); GEC942 4X4 GRIS; CJP622 UTILITARIO BLANCO.
EL ESCRACHE
La Alameda, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), junto a vecinos autoconvocados de Monserrat y Constitución, realizará la segunda caravana contra la impunidad de los proxenetas y narcos "para el cierre de los prostíbulos y la asistencia real del Estado a las víctimas esclavitud sexual de menores y adultos. El Gobierno de la Ciudad también tiene que intervenir para no permitir que se habiliten a los prostíbulos como whiskerías", señaló el referente de La Alameda, Gustavo Vera, que encabezará el escrache junto a Juan Grabois del MTE y Margarita Meira, vecina, creadora de un comedor comunitario en Costitución que por ser vendedora ambulante y oponerse al Código Contravencional estuvo privada de la libertad durante 14 meses y luego absuelta en juicio oral por los incidentes en la Legislatura cuando se sancionó el Código Contravencional.
"Estamos hartos de vivir en una zona liberada por la corrupción y la inseguridad. Basta de prostitución; de narcotráfico; trafico de personas y explotación de menores. Participe del cacerolazo y la caravana contra la impunidad exigiendo justicia y el fin de la zona liberada", figura en un pequeño volante que se difundió en los barrios del microcentro debajo de las puertas de las casas y en los comercios.
La Alameda y el MTE fueron las primeras organizaciones -y justamente en las que confluyen trabajadores que vivieron situaciones extremas- que escracharon a un prostíbulo para denunciar la esclavitud sexual. El primer caso fue el local New Liza del barrio de Flores, en abril. Se hicieron fama de justicieros y entonces fueron llamados por un grupo de vecinos del microcentro porteño, hartos de ver la explotación diaria que se produce los prostíbulos y de convivir con la venta cotidiana de drogas. Todo ello ocurre por las madrugadas, de lunes a lunes, entre las avenidas De Mayo y Belgrano, sobre las calles Salta y Santiago del Estero. El primer escrache por estas cuestiones se realizó en mayo. Como consecuencia, algunos prostíbulos cerraron, pero en la actualidad están todos reabiertos, habilitados por la Ciudad como whiskerias.
La lucha contra la trata de personas sumó un respaldo de envergadura, al líder de la Iglesia Católica argentina, cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien brindó a los costureros, cartoneros y víctimas de la prostitución una misa el 1º de julio en el barrio de La Boca para pedir "basta esclavitud y exclusión".
