El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra; el secretario de Desarrollo Social porteño, Rafael Romá, y el titular del Instituto de la Vivienda, Ernesto Selzer, deberán pagar 500 pesos diarios de multa hasta que solucionen el problema de las familias que se hospedaban en los hoteles Montreal y Santiago del Estero, alquilados por el Gobierno porteño y clausurados por orden judicial. Así lo dispuso el juez Roberto Gallardo, tras vencerse los plazos y prórrogas de la intimación que, por este motivo, les había realizado a los funcionarios el 5 de julio.
El magistrado también ordenó el embargo de las cuentas del Gobierno de la Ciudad por 3.000.000 de pesos y denunció la situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, conminó al Gobierno de la Ciudad a publicar por tres días en los matutinos Clarín y La Nación y en el Boletín Oficial un aviso de convocatoria y registro de hoteles o viviendas de alquiler para albergar a las familias involucradas con pleno cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitaciones, en un plazo de 90 días. Además, dispuso la conformación de una comisión de asesoramiento para la elaboración de una solución al problema.
En un durísimo fallo, Gallardo consideró que "dos de las tres familias que ya han sido reubicadas por el Gobierno de la Ciudad en aparente cumplimiento de lo ordenado por sentencia del 5 de julio del corriente año, se encuentran alojadas en el hotel "Salta", en condiciones que a simple vista se presentan como insatisfactorias en términos técnicos e indignas humanamente consideradas (se trata de las familias Ramallo y Farfán Quiroga)". "Su reubicación -continúa el magistrado- dista de ser un progreso cualitativo y la decisión gubernamental de alojarlas en estas condiciones o bien demuestra una desidia francamente inaceptable o bien evidencia que el Ejecutivo ha menospreciado el papel de la justicia como garante de los derechos constitucionales".
En otro párrafo, señala que "los hoteles aportados por el propio Gobierno como alternativa sustitutiva" no reúnen "la condiciones mínimas de habitabilidad, reina el hacinamiento, la suciedad y la precariedad en las condiciones de seguridad e higiene". Para rematar, dice que "la prórroga solicitada por la accionada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y concedida por el tribunal, lejos de ser utilizada por la demandada para ofrecer un cuadro de cumplimiento de lo aquí resuelto, en nada ha paliado la gravedad del asunto".
