Sobre la calle Escalada, al 1648 (Parque Avellaneda), se levantó el operativo de la Policia Federal previsto para realizar el desalojo del edificio ubicado en esa dirección, aquel donde solía estar el sanatorio Morano y donde hoy trabaja el centro cultural "La Casa". Finalmente, y luego de intensas negociaciones, la justicia nacional decidió suspender la medida para dar tiempo a debatir una salida viable.
Acompañando a las familias que debían ser desalojadas estuvieron presentes diputados y representantes de Proyecto Sur, el movimiento que encabeza Pino Solanas, y entre ellos Fabio Basteiro, presidente del bloque legislativo del partido, quien habló con Noticias Urbanas sobre la situación.
El legislador confirmó que tanto su espacio como los gobiernos nacional y de la Ciudad solicitaron al juez nacional Omar Peralta (Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal número 2) que posponga el operativo.
"Nosotros pedimos 60 días de prórroga para poder establecer una mesa de discusión para debatir soluciones", explicó el diputado, quien le apuntó directamente al magistrado como responsable del retraso de una decisión: "Nos parece llamativo que teniendo todas las herramientas para evitar un nuevo escándalo de represión el juez tenga una actitud que no se condice con la de su cargo". "Es un actitud de provocación y de tensión permanente", completó Basteiro.
Sin embargo el jefe de la bancada legislativa de Proyecto Sur no se privó de pegarle también al Gobierno local por "el problema de la vivienda". "Este tipo de hechos demuestran que es una problemática real que no se soluciona con slogans de campaña", expresó, alegando que, por otro lado, "hacen falta políticas de inclusión social y trabajas con inteligencia".
Previo a la resolución del juez, Emiliano Coradino, abogado de las familias residentes en el edificio, fue aún más allá en sus declaraciones contra el magistrado Peralta al alegar que "debe tener algún interés porque no se entiende por qué no dio lugar al acuerdo". Coradino explicó que incluso se había logrado escribir un acta con ambos gobiernos involucrados pero que el juzgado finalmente no la recibió.
El abogado también acusó al magistrado de desplegar un operativo policial desmedido, dadas las circunstancias del caso, que operó con "actitud amenazante". "Estamos a la espera de una respuesta, que remos reactivar el proceso de comunicación, pero mientras tanto tenemos una sólida preocupación por la situación de los chicos y de las mujeres en el inmueble", dijo Coradino.
Para cerrar, el representante legal de las familias denunció más irregularidades en los detalles del operativo. No sólo advirtió que "no existió una notificación con 48 horas de anticipación del desalojo", sino que infomró que hasta el momento aún no se ha recibido la resolución judicial que dispone la medida.
Por otro lado, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de la CABA informaron a NU sobre el acuerdo para marcar una prórroga de 45 días, aunque consideraron la solución apenas estaría confirmada en los próximos días. Asimismo expresaron la intención de dar a las familias una salida para que a raíz del desalojo no pasen a situación de calle.
