Mediante un duro comunicado, vecinos de La Boca y Barracas, el Movimiento de Empresas Recuperadas y una serie de Organizaciones No Gubernamentales exigieron al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, que "tome las medidas necesarias para poner fin a tantas irregularidades cometidas por ambas partes en las obras de control de las inundaciones que está llevando adelante la empresa Gualtieri-Sabavisa UTE". De lo contrario, aseguran que iniciarán las denuncias correspondientes ante la Justicia.
Según los proyectos del acto licitatorio, esta empresa realizó las obras en La Boca y Barracas por un costo de 48.705.080 pesos, pero por ser inviable llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad por adicionales llevando el valor a 72.132.723 pesos.
Según los vecinos "la empresa lleva cobrado el 98,42 por ciento en certificaciones pero el Gobierno de la Ciudad no pudo tomar la recepción de final de obra porque falta la construcción de la estación de bombeo 5 (Perdriel y Riachuelo) por un asentamiento en el lugar. Por tal motivo, la empresa está llevando a cabo la operación y mantenimiento de las seis estaciones de bombeo existentes".
"Sin embargo -agrega el comunicado- no cumple con estas obligaciones porque, hoy por hoy, están escasos de personal por motivos económicos, dado que la empresa está en concurso preventivo, debiéndole a la banca 905.000.000 de pesos en cheques rechazados según informes del Banco Central, además de no cumplir con los aportes patronales de su personal".
Un informe de la Auditoría General de la Ciudad da cuenta de estas irregularidades, incluso recomienda que el Gobierno porteño debía dar por rescindido el convenio contractual con la empresa. El análisis sostiene que "independientemente de la necesidad y urgencia de las obras, deben señalarse, en lo que hace al análisis de los aspectos legales y técnicos del proceso licitatorio, las deficiencias en la confección de los pliegos, y la inclusión de imprevisiones e imprecisiones técnicas que derivaron en modificaciones al proyecto original".
Además, afirma que "se observa la excesiva celeridad en los tiempos abocados, en virtud de la oportunidad y fecha de emisión de los informes técnico, legales y la firma de los mismos. Por otra parte, del análisis realizado no se pudo obtener el seguimiento financiero de la obra, en virtud de la falta de datos correspondiente a la solución de las interferencias y sus costos, y que la contratista incumplió con la presentación de la curva de inversión correspondiente".
Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires se rige por la Ley Nacional de Obras Públicas (Nº 13.064) debido a que no tiene normativa propia. Esta norma establece que, en caso de concurso civil, el contrato queda rescindido y que, si el síndico ofrece continuar la obra, será el Gobierno el que acepte o no la persistencia del vínculo contractual.
Por último, las organizaciones aseguraron que tienen conocimiento de que "la empresa está tratando de que se lleve a cabo un acta acuerdo con el Gobierno, para la operación y mantenimiento de las seis estaciones de bombeo existentes, por un monto muy elevado".
