El 5 de noviembre de 2001 -al cumplirse los diez años del día en que se firmó el contrato de concesión-, según se desprende de la cláusula primera del acuerdo entre la empresa y la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el tomógrafo computado que prestaba servicio en el Hospital Fernández tendría que haber pasado a manos del Estado en óptimas condiciones, pero en septiembre del año pasado se rompió y los dueños del equipo decidieron que no iban a arreglarlo, argumentando que se les debían 364.452 pesos.
En la respuesta a un pedido de informes del diputado porteño Guillermo Oliveri (PJ) -remitido directamente a los distintos organismos intervinientes en el conflicto por la Comisión de Salud el 29 de octubre de 2001-, la Procuración General de la Ciudad, desconoció esa deuda.
Sin embargo, a más de un año de que se iniciara una demanda judicial, trascendió en medios periodísticos que el Poder Ejecutivo, pese a que el tomógrafo estuvo inactivo durante un año con todas las dificultades que esto conlleva, estaría dispuesto a pagarle a la empresa 660.000 pesos por facturas impagas, más los 20.000 dólares que cuesta su reparación.
