En Gascón 123, en un solar de 300 metros cuadrados, entre las vías del ex Ferrocarril Sarmiento y la calle Bartolomé Mitre, barrio de Almagro, viven más de 50 familias; 53 si se toman en cuenta las personas que viven solas. Los mayores están ahí desde hace treinta años. Son en total unas 180 personas de las cuales más de la mitad son menores. Ahí funciona también desde hace diez años un comedor y merendero que atiende diariamente a 80 niños y niñas, algunos de los cuales fueron derivados por escuelas municipales. Es decir, dependientes del mismo gobierno que persiste en su intención de desalojar el edificio y venderlo al mejor postor.
Hace treinta años el edificio de viviendas de seis pisos no era más que una estructura de hormigón abandonada. En 1969, la dictadura del teniente general Juan Carlos Onganía dictó la ordenanza N° 24.802/69 que dio inicio a lo que se suponía sería una larga serie de expropiaciones sobre toda la traza del antiguo Ferrocarril Oeste con el propósito de construir una Autopista (la Autovía del Oeste) sobre las vías soterradas.
Este proyecto, como otros tantos de aquel período, luego de consumadas algunas expropiaciones, quedó archivado. Con lo que las pocas expropiaciones que se hicieron coadyuvaron a que la Ciudad de Buenos Aires aumentara su déficit de viviendas.
El edificio de Gascón 123, de seis pisos, fue expropiado en 1969. Permaneció vacío y abandonado hasta 1983, cuando, ante la inminencia de la recuperación de la democracia y la merma de la represión policial, un grupo de familias se animaron a enfrentar su situación de calle y buscar en él un techo.
Una autopista fantasma
Desde entonces, el edificio fue colonizado por familias que supieron convertir aquel esqueleto de hormigón en sus viviendas. Hicieron mejoras, invirtieron sus magros pesos en procura de algún confort. Sin embargo, la vigencia de aquella vieja ordenanza cívico-militar les impidió hasta ahora dejar atrás la precariedad.
Y es que sobre el edificio pende aún la espada de Damocles, la piqueta que aquella ordenanza dictatorial le marcó. ¿Resultado? Esas cincuenta familias pugnan por derogar aquella ordenanza que dispone en tono castrense la desaparición del edificio para la apertura de una autopista fantasma.
La Legislatura de la Ciudad no fue indiferente a esta lucha y en junio de 2008 aprobó por unanimidad el proyecto de Ley N° 2.740/08 que sacó ese solar de la órbita de aquella ordenanza a fin de permitir la terminación de viviendas sociales en el edificio, en beneficio de las familias que viven allí.
Sin embargo, y pese al voto a favor de toda la bancada oficialista, el Gobierno de la Ciudad vetó en julio de aquel año el proyecto de ley con el argumento de que la construcción de viviendas sociales en el edificio contradecía el proyecto de soterramiento del ferrocarril y el establecimiento en superficie del llamado Corredor Verde.
Veto 1
?Es un argumento rotundamente falso, puesto que las únicas cuadras en toda la Ciudad de Buenos Aires que fueron efectivamente soterradas so pretexto de este Corredor cruzan, precisamente, esta zona?, dice Fernando Muñoz, ex director general del CGP de la zona (hoy, Comuna 5), en los tiempos en que gobernaba Aníbal Ibarra. Junto al abogado Andrés Bernal, Muñoz fue quien coordinó las muchas acciones realizadas para evitar el desalojo.
No satisfecho con vetar la ley votada unánimemente por la Legislatura en abril de 2009, Mauricio Macri ordenó mediante el decreto 272/09 el desalojo inmediato del edificio de todos los ?intrusos?. Argumentó para ello que el edificio pertenece al dominio público por la expropiación llevada adelante en 1969 y por la vigencia de la ordenanza 24.802/69 del dictador Onganía. Y agregó que quienes lo habitan lo hacen en el marco de ?una típica ocupación ilegítima? por lo que ?procede la desocupación administrativa?.
Fue, hasta ahora, el último de los numerosos intentos que a partir de 2009 realizó el Gobierno porteño de ponerlos, literalmente, de ?patitas en la calle?. En algunos recurrió infructuosamente a la fuerza, lo que dio lugar a denuncias y presentaciones ante la Justicia y organismos públicos de defensa de los derechos humanos. Fue así que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se presentó ante la Justicia como ?amicus curae? en procura de una solución al entuerto.
Jueza contra el desalojo
Ante las visitas nocturnas, intimidaciones, relevamientos sorpresas, notificaciones y llamados telefónicos en aumento, en septiembre pasado los vecinos presentaron un pedido de amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, a cargo de Alejandra Petrella.
La jueza dictó inmediatamente una medida cautelar por la que le ordenó al Gobierno porteño que cesara con las intimidaciones y detuviera de inmediato toda acción tendiente al desalojo del edificio. Seguidamente, todos los bloques de la oposición al gobierno del Pro ofrecieron una rueda de prensa el 28 de septiembre del año último, ocasión en que repudiaron la política de vivienda (de exclusión social) que lleva adelante el Ejecutivo.
Frente a los habitantes del edificio en litigio, los legisladores firmaron un respaldo explícito a sus reclamos, contra el desalojo y contra la clausura del comedor, escrito que fue incorporado al día siguiente en la causa judicial.
Así las cosas, en la maratónica sesión del último 7 de diciembre y otra vez por práctica unanimidad (la única abstención fue la de Julio Raffo, de Proyecto Sur) fue votado un nuevo proyecto de ley, que llevó el número 4.123. Su texto, redactado por la diputada María Elena Naddeo, es escueto: desafecta el predio de la ordenanza de Onganía y lo asigna a la construcción de viviendas sociales.
Veto 2
Esta ley fue nuevamente vetada por el Ejecutivo a mediados de enero, en medio de una larga serie de vetos que hicieron que la Presidenta de la Nación hiciera suyo el mote de ?vetador serial? que le había puesto a Macri el periodista Martín Rodríguez al hacer un balance de sus primeros dos años de gobierno. Rodríguez, junto al bloguero Gerardo Fernández, renovaron la apuesta y en homenaje al gran artista Luis Alberto Spinetta, rebautizaron a Macri como ?El capitán Veto?, mote que se popularizó hasta hacerse tapa de diarios.
El argumento de este capitán Veto xeneize (el Beto original era de River, como Spinetta) fue repetitivo: que el Corredor Verde (obra para la que nunca llamó a licitación y que, como ya se ha dicho, no involucra a ese solar) tiene prioridad sobre el constitucional derecho a la vivienda de las familias que habitan el edificio.
Un equipo de activistas, coordinados por Muñoz, Bernal y la Cooperativa de Vivienda ?Nuevo Horizonte?, se encuentra desde entonces en asamblea permanente. Evalúan hacer una nueva presentación judicial, además de una serie de actividades públicas que reafirmen su voluntad de continuar la pelea.
Así, en marzo, el artista plástico y escultor del monumento al Che, Andrés Zerneri, donó a la Cooperativa de Vivienda ?Nuevo Horizonte? un cuadro tipo mural, de 6 por 2,50 metros, que simboliza sus 30 años de lucha por una vivienda justa. A su emplazamiento en el frente del edificio y la muestra de otras obras del artista asistieron representantes de fábricas recuperadas, de cooperativas de trabajo y de vivienda y de organizaciones sociales.
Este cronista intentó comunicarse con el titular de la Comuna 5, Marcelo Bouzas, a fin de corroborar si es verdad que les ofrece a los moradores del edificio viviendas en barrios alejados con el argumento de que regularizar su situación alentaría una estampida de personas deseosas de vivir en la Capital, y más precisamente en Almagro.
Como no fue posible contactarlo por teléfono, fue a la sede comunal, donde su secretaria informó que Bouzas tenía una reunión previa. El cronista dejó su celular y, tras informarle a la mujer qué es lo que estaba escribiendo, le dijo que quería recabar la posición de Bouzas, que por favor lo llamaran. Ni Bouzas ni su secretaria lo hicieron.
