La Legislatura porteña aprobó este jueves el inicio del procedimiento de juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones a seis de los nueve miembros del Consejo de la Magistratura. Se pidió el juicio político a María Magdalena Iráizoz (por 32 votos afirmativos), Diego May Zubiría (por 32 votos afirmativos), María Celia Marsilli (por 31 votos afirmativos), Bettina Castorino (por 33 votos afirmativos), Juan De Stéfano (por 32 votos afirmativos) y Carlos Rosenfeld (por 31 votos afirmativos).
Ni el diputado Helio Rebot ni la diputada Alicia Bello (peronistas en el bloque de Macri) decidieron acompañar el pedido de juicio político de Rosenfeld. Argumentaron que, a diferencia de los otros funcionarios judiciales cuestionados, asumió este año, y, por lo tanto no le cabía la misma responsabilidad que al resto. Rosenfeld era consejero suplente y fue nombrado al renunciar Abel Fleitas Ortiz de Rozas. En su momento, había sido propuesto por el Bloque Justicialista de la Legislatura.
En todos los casos, los diputados del Frente para la Victoria Miguel Talento, Silvia La Ruffa y Marta Talotti, el diputado socialista Norberto La Porta, la diputada Paula Bertol (Compromiso para el Cambio) y los diputados Carlos Ameijeiras y Marina Pérez (Partido de la Ciudad) se abstuvieron de votar, mientras que la diputada ibarrista Laura Moresi votó negativamente la habilitación sobre tablas y se abstuvo en las votaciones en general y particular de los proyectos.
Fernando Melillo (ARI) votó negativamente cinco de los seis pedidos de tratamientos sobre tablas, excepto el de Rosenfeld, "para que el consejero que querían salvar también entrara en el paquete", según dijo, dirigiéndose a los legisladores peronistas. "Nosotros queríamos una semana más para estudiar el tema y fundamentar en qué caso acompañábamos y en que caso no. Pero una vez que se habilitó el tratamiento de los proyectos, voté afirmativamente todas las iniciativas porque no quiero quedar como que estoy encubriendo a alguien".
Para habilitar la tabla fueron necesarios dos tercios de los votos emitidos. A partir de este momento, los pasos a seguir son los siguientes:
1) El inicio del procedimiento de juicio político se aprueba por mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara (31 votos afirmativos).
2) La Legislatura se divide en dos: una parte acusadora compuesta por 45 diputados y otra de juzgamiento conformada por 15 legisladores. Los integrantes de cada grupo ya fueron determinados por sorteo, cuando por ese mecanismo se determinó la duración de los mandatos. Para aprobar la acusación son necesarios los dos tercios (30 votos de 45), así como para aprobar la destitución (10 de 15).
A raíz de la aprobación de los seis proyectos -se presentaron los pedidos por separado y se votaron individualmente-, se convocó a la Sala Acusadora para el día 9 de noviembre a las 14 para la designación de su presidente y los miembros de la Comisión Investigadora. La Sala Acusadora sesionará en el recinto de la Legislatura.
Motivó este pedido, según se indica en los fundamentos de las iniciativas, la falta de explicación o incompleta documentación enviada a los legisladores y contradicciones en que incurrieron los consejeros que asistieron a la Legislatura en el marco de la discusión del Presupuesto 2005.
Algunos ejemplos que se detallan son: "que se ha nombrado personal en la planta permanente sin concurso alguno; no se tiene conocimiento del sueldo de los consejeros, ya que no han podido dar explicación de cuánto perciben por antigüedad y otros adicionales; que el presupuesto del corriente año finalizará con una subejecución del 17 por ciento mientras las necesidades de infraestructura y equipamiento de los distintos estamentos judiciales bajo su administración, persisten y se agravan; las licitaciones para refacciones edilicias han fracasado y se desconoce cómo y cuándo se volverán a implementar; no se ha aprobado el reglamento para la selección por concurso de los empleados".
QUÉ SE DIJO
La presidenta del bloque del Frente Grande, Laura Moresi, se opuso totalmente al tratamiento sobre tablas del pedido de juicio político. "Tenemos que cuidar las instituciones, y esto merece un estudio profundo que no se puede hacer si tratamos este tema sobre tablas", aseguró.
La diputada Beatriz Baltroc aclaró que "esta Legislatura porteña cuenta con un único antecedente en el tema, que fue el pedido de juicio político que se votó por unanimidad y sobre tablas al asesor general de Incapaces porteño, Roberto Cabiche. Algunos venimos observando al Consejo de la Magistratura traba con su ineptitud el sistema judicial de la Ciudad, que tiene unos edificios obsoletos y en pésimo estado, no tienen insumos, hay falta de seguridad, aumentaron los contratos en forma desmedida y demás irregularidades que quedaron al descubierto claramente en las reuniones de análisis del Presupuesto 2005".
Jorge San Martino (Unión para Recrear Buenos Aires), por su parte, sostuvo que "la incompleta información en debido tiempo de la ejecución presupuestaria, sumado a la ya demostrada falta de subejecución en tiempo y forma, me lleva a priori, a solicitar una investigación sobre esto que podría configurar otro mal desempeño del Consejo".
En cambio, Paula Bertol (Partido Federal – Frente Compromiso para el Cambio) consideró inadecuado el análisis del tema sin previa discusión en comisiones. "Por el cuidado que debemos tener de las instituciones, esto amerita un profundo estudio de los fundamentos por los cuales se pide el juicio político de seis de los nueve consejeros", aseguró, y aclaró que el hecho de que ella haya compartido lista en el Colegio de Abogados con una de las actuales consejeras (María Celia Marsilli), "no va a impedir que opine objetivamente sobre el tema".
El presidente de la Comisión de Justicia, Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad), también se opuso a la habilitación del tema aduciendo que se estaba ateniendo al reglamento. "Quiero dejar sentado que hemos tenido reuniones en la Comisión que presido con los integrantes del Consejo donde se expusieron los múltiples problemas que están pasando. No me voy a expedir sobre el fondo de la cuestión ni me voy a expedir sobre la honorabilidad ni la eficacia de los consejeros. Seguro que sobre la eficacia no, aunque me consta la honorabilidad de los mismos", explicó.
En tanto, el vicepresidente segundo de la Legislatura, Miguel Talento (Frente para la Victoria), manifestó que "esta crisis es muy compleja y tiene orígenes múltiples. Por eso me parece sumamente necesario llevar adelante un plan de emergencia para resolver los tres puntos más urgentes de esta historia".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Helio Rebot (Frente Compromiso para el Cambio), comparó el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura con el del Tribunal Superior. "Hay un contraste notorio en el manejo de los fondos, ya que en el inicio tanto el Tribunal Superior como el Consejo de la Magistratura tenían en el mismo monto presupuestario y actualmente mientras el Tribunal no sufrió variante alguna, el Consejo cuadriplicó sus gastos".
Vilma Ripoll (Izquierda Unida) se mostró de acuerdo con el pedido de juicio político, así como con el fallo del juez Roberto Gallardo que redujo los sueldos de los consejeros al monto que perciben en calidad de dieta los legisladores porteños.
El presidente del bloque Frente para la Victoria, Diego Kravetz, aseguró: "La semana que viene voy a acompañar este tema, pero me parece que debemos tomarnos el tiempo suficiente para poder consensuar el pedido y votarlo unánimemente. Además, me parece que deberíamos plantear el juicio político a los nueve miembros, ya que luego se verá el tenor de las responsabilidades. No queda claro por qué se eligen a estos seis, y no a todos".
CONTRADICTORIO
Párrafo aparte merece la actuación del presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires), quien señaló: "Entiendo que este proceso que hemos iniciado preserva al Consejo de la Magistratura como institución fundamental de la Ciudad. Lo que nosotros estamos impulsando es transparentar situaciones que no son lo suficientemente claras; a saber: se ha nombrado personal en la planta permanente del cuerpo sin concurso alguno; los sueldos de los seis consejeros exceden los estipulado por ley; el presupuesto del corriente año finalizará con una subejecución importante, mientras las necesidades de infraestructura y equipamiento de los distintos establecimientos judiciales bajo su administración persisten y se agravan; las licitaciones para refacciones edilicias han fracasado y se desconoce cómo y cuando se volverán a implementar".
La actitud del diputado radical (hoy en el macrismo) contrastó diametralmente con la que, en su momento, tuvo frente a las acusaciones penales que recibió la administración anterior del Consejo, presidida por Juan Octavio Gauna, a quien lo unía años de militancia en la UCR y del cual fue subsecretario en la gestión municipal de Fernando De la Rúa. En esa oportunidad, los miembros del anterior Consejo fueron y continúan imputados en una causa penal promovida por la actual ombudsman porteña Alicia Pierini, por presunta administración fraudulenta, a raíz de un escándalo desatado tras la compra de insumos y de dos edificios para el Fuero Contravencional y de Faltas. El juez Ricardo Warley no ha demostrado en estos tres años la agilidad suficiente para dirimir justicia en esta causa y se encuentra más bien "planchada". (Se pueden descargar al pie de esta nota las crónicas de aquél momento).
Y a pesar de que fueron severamente cuestionados por la Comisión de Justicia, que presidía entonces la ex diputada Marta Oyhanarte, y de que, en diciembre de 2002, cuando debieron asistir a la Legislatura para discutir el presupuesto no lo hicieron (mandaron en su nombre a un funcionario de tercera línea), no se llevó a cabo en esa oportunidad ningún proceso de juicio político. En la anterior composición legislativa había un importante porcentaje de diputados radicales, es decir, del mismo partido que el ex presidente del Consejo.
