La Legislatura porteña se encuentra analizando varios proyectos que impulsan modificaciones al Código Contencioso Administrativo y Tributario. A raíz de dos propuestas impulsadas por el macrismo ?uno de Martín Ocampo que establece nuevos y mayores requisitos para el dictado de medidas cautelares; y otro de Martín Borrelli sobre recusaciones y excusaciones de la Ley 198- la Defensoría General de la Ciudad presentó un documento ante el vicepresidente 1° del Parlamento local, Diego Santilli, expresando su preocupación y criticando dichas propuestas.
El defensor General, Mario Kestelboim, y la defensora General Adjunta, Graciela Christe, en un extenso escrito de 21 carillas, cuestionaron la cuestión relativa a las recusaciones "sin expresión de causa" de los jueces de primera instancia y de cámara.
"En el Código vigente, recusar a los magistrados es cuestión sometida a un proceso en el cual pesa sobre el litigante demostrar los motivos legales pertinentes a la recusación", expresó la Defensoría General en un comunicado de prensa. Y agregó: "Los proyectos de reforma presentados vuelven posible recusar a los jueces ‘sin expresión de causa’, es decir, permiten la utilización de la recusación con el fin de obstruir o dilatar los procedimientos judiciales. La tutela de la garantía de los derechos constitucionales de los ciudadanos particulares frente al Estado se volvería de difícil implementación si la recusación de los magistrados actuase como mecanismo dilatorio, a disposición del poder político, que podría así, en la práctica, obtener un instrumento de selección discrecional de los jueces".
En relación a los proyectos de regulación de las medidas cautelares, la Defensoría remarcó: "La reglamentación que se proyecta constituye un fuerte obstáculo tendiente a impedir la actuación del Poder Judicial". También señaló que el nuevo código, propuesto por el proyecto de Ocampo, "en la práctica, prohíbe las medidas cautelares contra el Gobierno de la Ciudad"; e indicó que "normas como la proyectada han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia e implican una regresión histórica respecto del control republicano de los actos de la administración".
