La jueza en lo civil Myriam Rustán de Estrada habría incurrido en una "inconducta", al impedir el pasado 9 de octubre un aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía porteño, y debería ser evaluada por la Corte Suprema de Justicia, según un dictamen de la Procuración General de la Nación.
La recomendación al máximo tribunal fue realizada por la procuradora adjunta Alejandra Cordone Rosello, quien en su dictamen aconsejó que también se analice la actitud del abogado de la Asociación Pro Familia, Pedro María Andereggen, que gestionó la prohibición mediante una cuatelar de manera anómala.
El prohibición fue levantada directamente por la Corte Suprema de Justicia, que el 10 de octubre ordenó la realización del procedimiento, el primero programado en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una mujer de 32 años embarazada tras una violación.
No obstante, la procuradora fiscal Cordone Rosello destacó "algunas situaciones irregulares" que, en su opinión, "no se podían dejar pasar", y citó en primer lugar "la abierta anomalía en la que incurrió la titular del juzgado civil 106, en desmedro de una garantía elemental del Estado de derecho, como es la del juez natural".
El dictamen complica la situación de Rustan de Estrada, sobre la que hay cuatro pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura.
En su reconstrucción del caso, la procuradora recordó que tres días antes un juez de otro fuero, el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar de los mismos abogados.
El juez invocó la vigencia de una norma de la cartera de salud porteña que habilita expresamente la interrupción de embarazos en situaciones como la planteada, en línea con una reciente acordada de la Corte Suprema.
Pese a ello, el abogado de la Asociación Pro Familia, Andereggen, se presentó ante el juzgado a Rustán de Estrada a primera hora del primer día hábil posterior y realizó el mismo pedido, omitiendo toda referencia al antecedente y sosteniendo competencia de la justicia nacional en un "intento por revertir un resultado adverso".
De esta manera, la procuradora consideró que esas "inconductas, tanto la de la [jueza] nacional como la del letrado interviniente", correspondían ser advertidas para que la Corte adoptara las medidas que considerase pertinentes.
2 November, 2012 | 0:00
