El concesionario de la Autopista "Presidente Arturo Umberto Illia" -la Corporación Vial Metropolitana (COVIMET)- no sólo cobró de manera irregular la bonita suma de 400 millones de pesos por una obra que no debía costarle a los ciudadanos porteños ni un solo peso adelantado. El concesionario de la Autopista "Presidente Arturo Umberto Illia" debía construir la obra, y sólo luego de terminada iba a cobrarse la deuda que la Ciudad de Buenos Aires había contraído con él, apropiándose del 20 por ciento de la recaudación por peajes. El 80 por ciento restante iba a ser para los porteños, por supuesto.
Finalmente, las cosas no se hicieron de esta últgima manera sino de la primera, tal cual lo relató NOTICIAS URBANAS en notas anteriores. Pero no todo terminó allí.
El 23 de diciembre de 1998, el jefe de Gobierno -por entonces, Fernando de la Rúa- firmó el decreto 3135, por el que le otorgaba a la empresa COVIMET -la concesionaria de la Autopista "Presidente Arturo Umberto Illia", el reconocimiento por una deuda de la Ciudad con la empresa, de alrededor de 28 millones de dólares. La suma -y su justificación- estaban contenidas en el Anexo 14, que no existe, según termina de reconocerlo el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, ante la justicia.
En el famoso Anexo 14 debía figurar una ecuación que estaba compuesta de dos términos: el primero era la suma de los peajes recaudados, que debían ser restados de la inversión realizada por COVIMET, más los otros ingresos que pudieran generarse. La diferencia debía ser abonada por el Gobierno porteño. Esa resta dio -naturalmemente- como resultado que habían 28 millones de pesos-dólares a favor de la empresa concesionaria.
Esto ocurría después de haber sido modificada tres veces la naturaleza del contrato entre la Ciudad y COVIMET. Primero existió un contrato para construir una obra pública por peaje. Luego pasó a ser simplemente una obra pública -es decir, que era una empresa que cobraba por construir una autopista-. Lo perverso vino después, porque por medio del decreto 3135, volvió a otorgársele a la empresa el derecho de peaje por 20 años, por una obra que ya había cobrado. Por esta razón, el peaje era no sólo desaconsejable, sino directamente ilegal. Además, el cambio en la naturaleza del contrato -el de obra pública por peaje a obra pública común- ya era ilegal en primera instancia, porque la licitación por la que cotizaron COVIMET y otras empresas era para construir una autopista bajo la modalidad de cobro por peaje.
LOS NEGOCIOS CONEXOS DE LA AUTOPISTA
Una autopista tiene tantos negocios conexos que resulta difícil imaginarlos para quien no es un entendido en la materia. Detallaremos sólo algunos, porque la lista es larga y corremos el riesgo de saturar la capacidad de asombro de los lectores:
La empresa petrolera anglo-holandesa Shell construyó una estación de servicio en las proximidades de las cabinas del peaje de la mano que va hacia el norte, con rumbo a la calle Salguero. Según voceros de la propia empresa, debieron pagar diez millones de dólares por la construcción, pero la suma que le abonaron a COVIMET para erigirla en ese lugar no figura en los balances de esta última.
Otro rubro que no figura en los balances son los derechos de publicidad que cobra COVIMET por el frondoso bosque de carteles erigidos en la superpoblada Avenida Lugones y en su continuación, más allá de la Avenida Sarmiento. Hace un tiempo atrás, voceros del Gobierno porteño aseguraban que esos carteles provocaban "polución visual" e iban a ser quitados. No muchos años después, los carteles siguen allí, indiferentes a las leyes, al sentido común y a la intención -fingida o real- de los funcionarios.
LA PERLA DE LA CORONA
En 1997, a pesar de que en la autopista no se estaban haciendo obras -la concesión estaba suspendida en esos momentos- y de que COVIMET estaba cobrando el peaje "por cuenta y orden" del gobierno porteño, esta empresa solicitó un crédito por 14 millones al Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Más allá de que no se justificaba que la empresa solicitase un crédito si la obra estaba suspendida, lo más grave fue que ésta ofreció como garantía la recaudación por peajes. La empresa no podía enajenar la recaudación sin la autorización previa del Gobierno, que nunca existió. Tampoco podía ser ofrecido el peaje en garantía en tanto la concesión estaba suspendida.
Cuando el año pasado, el fiscal Alejandro Molina Pico le solicitó al juez Nelson Jarazo la indagatoria a de la Rúa, Nicolás Gallo y Eduardo Delle Ville, la solicitó también para Ernesto Marcer, que entonces era el Procurador General de la Ciudad, por no haber evitado que la empresa realizara esta acción, y no sólo eso, sino que la justificó, por medio de un dictamen del 28 de septiembre de 1998, a pesar de su manifiesta ilegalidad.
UNA OBRA INCONCLUSA
Todavía quedan por agregar al inventario una larga serie de irregularidades, una de las cuales es que la obra -a pesar de que era una de las condiciones para otorgarle a COVIMET un aumento del 100 por ciento- no está completa. Faltan construir, entre otras obras, una subida en la avenida Callao y una bajada en la avenida Pueyrredón.
Existen más cosas, como que para instalar el obrador de la empresa -situado en la Costanera Sur, cerca de la Reserva Ecológica-, el Gobierno le cedió 15 hectáreas y ésta ocupó 21.
En el futuro seguiremos informando, porque hay más todavía.
