Aníbal Ibarra afirmó que él "quiere que la gente vote a los titulares de los CGP’s", pero que los elegidos para cada centro "sean nada más que uno y no siete". "Debemos ser más ejecutivos y más eficaces", argumentó al respecto el jefe de Gobierno porteño, al tiempo que aseguró que "ahí metió la cola el aparato político para lograr siete cargos por comuna, creciendo en una burocracia que va a pagar la gente con su dinero". En realidad, la Convención Estatuyente que decidió incluir la creación de Comunas en la Constitución local, estaba dominada por el Frepaso y presidida por su ex compañera de ruta, Graciela Fernández Meijide, aunque hay que reconocer que se trataba de otro país.
La idea de las comunas y de la descentralización en general, tiene como objetivo acercar a la gente a las decisiones de las prioridades políticas y presupuestarias, pero tiene un objetivo encubierto, que es el de fortalecer los aparatos territoriales de los partidos -UCR, PJ y FG- hoy en procesos de franca descomposición. Esta metodología de política barrial punteril todavía tenía cierta vigencia en la Ciudad en el momento de la sanción la Carta Magna porteña, pero se mostró en franca decadencia a partir de la falta de credibilidad de la dirigencia política, que hoy ni siquiera garantiza, en la confusión, las internas partidarias. Se podría decir que lo único que pueden lograr los partidos con sus afiliados son los fiscales para el control de los comicios, pero de ninguna manera torcer la voluntad popular de la zona.
La idea de reformar la Constitución que piensa Ibarra va de acuerdo con esta lógica y lo vive en carne propia a partir del fracaso de la caduca política (territorial) de Descentralización que lleva adelante Ariel Schifrin. Cristian Caram, hoy convertido en uno de los referentes radicales del distrito, coincide con Ibarra (de quién aspira ser su vicejefe), sabedor que la política de "parroquias" y agrupaciones se desmorona inevitablemente, como le pasó al peronismo desde la muerte de Eduardo Vaca, último presidente con visión distrital dentro del Partido Justicialista de la Capital.
El Procurador General de la Ciudad, Juan Carlos Lopez, ya está trabajando en la respuesta a pesar de que no le ha llegado oficialmente el fallo de Cataldo. El proyecto de reforma constitucional no parece, midiendo los tiempos legislativos, la solución a implementar para los próximos comicios. La coherencia legislativa -si se puede hablar de ella- marca que lo que no pudieron acordar en seis años, difícilmente lo hagan en los ocho meses que todos especulan que falta para la elección distrital. Allí el atajo a transitar sería elegir a cada director de los CGP’s y "patear" las Juntas Vecinales y su número, hasta la reforma de la Carta Magna y la posterior sanción de la Ley de Comunas.
En la Legislatura coexisten transversalmente muchos diputados que quieren posponer la discusión para más adelante, convencidos de que en este marco de crisis política es imposible descentralizar como lo previó la Constitución. Dicen en voz baja "ahora tenemos un problemón pero centralizado; le quieren agregar 16 problemitas más y la Ciudad va ser un caos total". "No parece ser la situación ideal para una alteración drástica de funcionamiento político, debemos hacerlo con prudencia porque el remedio puede ser peor que la enefermedad". Más claro imposible.
