El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constató, luego de siete años de hacerse el distraído, que los carteles con publicidades instalados sobre la Avenida Lugones son ilegales e intimó a cuatro clubes a que los retiren. Sin embargo, las instituciones deportivas no acataron las misivas de la Subsecretaría de Control Comunal y esta semana el Gobierno comenzaría a quitarlos con la Guardia de Auxilio.
La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil había sentenciado en 1997 que gran parte de los carteles que bordean la autopista se encuentran en contravención por estar emplazados en "zona de seguridad", porque impiden u obstaculizan la visión de señales de tránsito y exceden el tamaño y medidas admitidas. También, por poner en peligro la seguridad aeronáutica, por ser animados y móviles, porque no guardan debida distancia entre sí, por estar colocados en curva y por ser reflectores.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires elaboró un informe en el que dice: "La premisa fundamental de la publicidad es su impacto en el subsconsciente del ser humano y por lo tanto si un accidente ha sido, directa o indirectamente causado porque la atención de un conductor fue subconscientemente apartada del camino por un cartel publicitario, él no podría, por supuesto, estar en condiciones de testificar que la presencia del cartel fue, aún en forma parcial, la causa por la cual ocurrió el accidente".
"Una medición estadística -continúa- ha mostrado que los accidentes por desatención de los conductores fueron tres veces más frecuentes en las proximidades de los carteles publicitarios que en otros lugares de los caminos".
En marzo, la Asociación Civil de Familiares y Víctimas del Tránsito presentó una nueva acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue resuelta favorablemente por el Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario Nº5, a cargo de la Jueza Fabiana Schafrik.
En tanto, la Legislatura de la Ciudad aprobó este jueves un pedido de informes sobre la instalación de carteles que violan el Código de Planeamiento Urbano; y otro sobre el otorgamiento de permisos y su posterior control por parte de la Unidad Polivalente de Inspecciones.
En los fundamentos de esta última resolución, los legisladores recalcaron: "Habiendo pasado medio año desde la creación de este organismo no se advierten en la Ciudad resultados favorables en materia de control de la publicidad ilegal, lo que vulnera en muchos casos las normas vigentes, y que genera efectos adversos sobre el patrimonio edilicio, la protección del espacio público y la salud de los habitantes".
Un caso paradigmático de lo que refieren los diputados porteños es el de Telefónica de Argentina, que nunca pagó ningún canon por las miles de publicidades que instaló en sus cabinas telefónicas. Así lo había denunciado el actual secretario de Culto y ex legislador, Guillermo Oliveri, a través de un pedido de informes al que el Gobierno de la Ciudad nunca le prestó atención.
