Paradójicamente, un fallo de un juez platense -que vive y ejerce su oficio a 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires- volvió a poner sobre el tapete la discusión sobre el control del juego en la Ciudad de Buenos Aires, que yacía en un cajón olvidado de la Legislatura, proscripto de la memoria de los porteños.
La decisión del juez Julio César Miralles -que hizo lugar a un amparo presentado por el sindicato que agrupa a los empleados de los locales de juego para evitar despidos- generó una controversia que desnudó la imprevisión de los diputados porteños, que, enfrascados en discusiones sin sentido, demoran desde hace demasiado tiempo la sanción de la ley de creación del Instituto del Juego.
La existencia del Instituto permitiría a sus autoridades controlar a una industria que moviliza alrededor de 1.000 millones de pesos por año, de los cuales la Ciudad no cobra un solo peso en concepto de impuestos. Además, no están estos tiempos crueles para despreciar el ingreso de casi 100 millones de pesos a las alicaídas arcas del tesoro de los porteños.
LA LEGISLATURA SIGUE NAVEGANDO A LA DERIVA
El miércoles último se reunió la Comisión de Desarrollo Económico para tratar el tema de la creación del Instituto, pero algunos diputados, alegando razones morales y políticas, se negaron -incomprensiblemente- a votar un despacho favorable, por lo que el tema no está definido aún.
Ante esta situación, el diputado Jorge Giorno, manifestó que "hay que terminar con la hipocresía de quienes no quieren que la Ciudad administre la recaudación proveniente del juego. Porque los que sostienen esta posición terminan haciéndole el juego a los que tienen concesionada la actividad".
Posteriormente, en la sesión del día siguiente, los diputados aprobaron una declaración en la que le solicitaron al Poder Ejecutivo porteño que verifique la existencia de máquinas tragamonedas en los locales de juego, de acuerdo a la prohibición que establece la Ordenanza 46.477, y que los clausure si las hay.
Además, en la declaración los diputados le solicitaron al jefe de Gobierno que se dirigiera al presidente de la Lotería Nacional para pedirle que decrete la cesantía de los funcionarios de esa entidad que permitieron la instalación de las tragamonedas en la Capital.
LA POSICIÓN DE LOS DAMNIFICADOS
Los trabajadores de la actividad lúdica, nucleados en el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, entretanto, se manifestaron críticamente hacia los legisladores porteños, y en una gacetilla enviada a los medios les pusieron un poco más de presión.
"La realidad es que tanto las idas y vueltas del juez platense Julio Miralles (que permitió que las máquinas tragamonedas funcionaran desde el viernes) como de la justicia de la Ciudad, son producto de la irresponsabilidad de la Legislatura porteña, que no reglamenta y promulga la Ley de Juegos sancionada el año pasado. Se debe dar un debate en el que los trabajadores no deben estar ajenos", rezaba el comunicado, firmado por el secretario general del sindicato, Daniel Amoroso.
