Desde la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su organización política definida en la Constitución porteña, el medio ambiente ocupó un lugar destacado al ser considerado en la carta magna local como un ?patrimonio común? que debe ser preservado y defendido.
Ya con la Legislatura en funciones, varias leyes vinculadas a la protección del medio ambiente fueron sancionadas. Evaluación de Impacto Ambiental, Residuos Patogénicos, Calidad Atmosférica, Control de la Contaminación Acústica, Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y la ley de Residuos Peligrosos son algunas de las normativas sobre el cuidado del hábitat porteño que componen un amplio compendio de leyes específicas centradas en el resguardo del medio ambiente en la Ciudad de Buenos Aires.
Con el objetivo de que se garantice el cumplimiento de estas normas, y con la especificidad como eje, un proyecto para poner en cabeza de una sola persona la tutela de la ecología local fue presentado en la Legislatura porteña.
La idea, planteada por el legislador Helio Rebot, y en tratamiento en la Comisión de Justicia del Parlamento porteño, consiste en crear una dependencia dentro del Ministerio Público Fiscal porteño a cargo de un Fiscal Ambiental.
Entre las funciones del fiscal ambiental se destacan la promoción y tutela jurisdiccional del ambiente, el impulso de acciones ante la justicia en defensa de los intereses generales ambientales de la Ciudad, además de ?solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas a organismos de la Ciudad, Nacionales, Provinciales y Municipales, que tengan por objeto tutelar el ambiente ante la acción o inacción de organismos públicos o privados?.
La iniciativa que propone la creación de una Unidad Fiscal Ambiental también establece que en dicha dependencia judicial se deberán recibir denuncias, realizar investigaciones, crear un registro de profesionales expertos en temas ambientales y colaborar con otros entes o instituciones judiciales, administrativas y policiales nacionales e internacionales especializadas en la materia.
En los fundamentos del proyecto, Rebot destaca que la existencia de fiscalías ambientales en diversos países del mundo, menciona un proyecto para crearlas en territorio bonaerense y señala que a nivel nacional se creó en el 2006 la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental.
?Se hace necesario contar con herramientas locales que puedan trabajar de manera coordinada con las mencionadas dependencias nacionales e incluso internacionales, por ser dicha problemática de tipo transjurisdiccional, supraindividua e intergeneracional. Con la puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal Ambiental, se propone prevenir los daños, actuar anticipadamente, solicitar informes a los organismos oficiales con competencia ambiental, y optimizar las mandas legales que desbordan a las tradicionales instituciones en la temática ambiental?, expresa el legislador PRO, remarcando que ?la especialización de un funcionario a cargo del cuidado del medio ambiente es una necesidad real y oportuna que obedece a razones de fondo?.
El proyecto de ley, en el caso de aprobarse, representará una modificación en la Ley 1903 (Orgánica del Ministerio Público de la Ciudad) que incorporará a la Unidad Fiscal Ambiental como una nueva dependencia, diferente a las fiscalías de Cámara y a las fiscalías de primera instancia. A pesar de no ser ni fiscal de Primera Instancia ni uno de Segunda, se propone que el fiscal ambiental reciba por su labor el equivalente a un juez de Cámara.
