¿Que la Ciudad de Buenos Aires salga de garante al Estado Nacional en un crédito de 15 millones de dólares para que la Ceamse construya un centro de disposición final de residuos, constituye deuda pública? Ésta es una pregunta que se repitió incesantemente durante la sesión de este jueves en la Legislatura porteña, cuando se debatía un proyecto de ley del Poder Ejecutivo porteño para otorgarle avales por 15 millones de dólares a la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) de forma tal que adquiera un crédito ante el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Sin embargo, el intenso debate que se dio en torno de esta iniciativa estuvo motivado más por cuestiones políticas que por razones de fondo, aunque también las hubo. Es que a un importante grupo de diputados -tanto del macrismo como de bloques de centro y de izquierda- les resultó más que ofensivo el encuentro que mantuvieron el pasado lunes en la sede de Compromiso para el Cambio el secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable, Eduardo Epszteyn, y el líder del partido, Mauricio Macri.
Fue luego de esta reunión que Macri le dio la directiva a su bloque de votar el proyecto, pese a que hasta ese momento generaba más rechazos que apoyos entre los 23 legisladores que integran el Frente.
Al comienzo de la sesión la diputada Vilma Ripoll (Izquierda Unida) denunció en duros términos "el pacto entre Aníbal Ibarra y Macri, que intentan aprobar sin debate una ley vergonzosa que compromete fondos públicos, a través de un crédito a la CEAMSE, en beneficio de las grandes empresas privadas de la basura, como el grupo Roggio".
Ripoll aseguró que "la ley no tiene despacho de ninguna comisión, la licitación de la CEAMSE es un traje a medida de los pulpos como Roggio y el crédito es caro e innecesario, dado que la Ciudad tiene superávit para hacer obras". A la vez, señaló que "el servicio de recolección y disposición de basura debe ser estatal y no un negocio millonario para grandes empresas privadas".
La diputada Mónica Bianchi (Autonomía Popular) reclamó que la iniciativa -que no obtuvo buena repercusión en las comisiones por las que pasó: ni en Relaciones Interjurisdiccionales ni en Presupuesto logró más de un tercio de las firmas de los legisladores miembros- no haya sido analizada por la Comisión de Ecología. En el mismo sentido, el diputado del ARI Fernando Cantero manifestó su disconformidad con que el proyecto no haya sido girado tampoco a la Comisión de Obras Públicas que él preside.
Pese a todas las críticas el proyecto fue sancionado en general por 21 votos afirmativos, 11 negativos y 15 abstenciones, previa aprobación de su tratamiento sobre tablas por 38 votos a favor y 13 en contra.
La diputada macrista Sandra Bergenfeld expresó: "Resolví habilitar la tabla porque considero que el tratamiento de los residuos necesita una solución en el corto plazo pero voy a abstenerme en la votación porque entiendo que este tema merece un análisis exhaustivo por parte de las Comisiones pertinentes".
Inmediatamente después de la votación, Ripoll sostuvo que "la Constitución porteña, en su artículo 81 inciso 6, indica que hace falta mayoría absoluta, o sea 31 votos, para aprobar cuestiones de deuda pública" y citó el dictamen de Andrés Vasiliadis, director General de Crédito Público del Gobierno de la Ciudad, incluido en el propio expediente en debate, que indica que "según la Ley 70 las fianzas y garantías son deuda pública".
A continuación se produjo un acalorado debate entre los legisladores que aseguban que esta garantía representa una posible deuda pública -dado que en la norma en cuestión se establece la garantía deberá contar, en cada ejercicio fiscal, con la debida previsión presupuestaria por el monto a afianzar en cada período- y quienes afirmaban todo lo contrario.
"Esto no puede ser considerado deuda pública porque en caso de ejecutarse la garantía otorgada, el dinero que deberá pagar la Ciudad será considerado como un aporte de capital a la CEAMSE, tal como fija el artículo cuarto de la norma. Si la garantía no fuera ejecutada, este afianzamiento no generará para la Ciudad obligación alguna de efectuar transferencias en concepto de aportes de capital", explicó un conocedor del tema.
Además señaló que "cuando la Constitución se refiere a deuda de la Ciudad quiere decir deuda pública. Si no vamos a terminar teniendo que aprobar con 31 votos hasta condonaciones de ABL. No debemos mezclar. Una cosa es la renegociación de la deuda externa de la Ciudad y otra muy distinta es salir de garante al Estado nacional que, si no paga, va a representar una erogación de dinero para la Ciudad que será reconocida como un aporte de capital a una empresa".
Finalmente, y luego de un cuarto intermedio -en el cual hubo una reunión del bloque macrista- se reservó en Secretaría Parlamentaria el expediente; se lo sacó de la reserva previa sanción de tres proyectos; se rectificó la votación en general y se pasó a cuarto intermedio hasta el próximo jueves. Es decir, fue como si no se hubiera aprobado.
