El secretario porteño de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López, concurrió este miércoles por la tarde a la Legislatura porteña, a la que había sido invitado tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, arribado luego de que los diputados Jorge Enríquez y Martín Borrelli, del macrismo, levantaran el pedido de interpelación compulsiva que habían presentado en la Legislatura.
Tras una fallida reunión que debió realizarse este lunes y que fracasó por falta de quórum por la paradójica ausencia de dos diputados macristas, esta vez la cita sí se realizó, con la presencia de numerosos legisladores, de los cuales, varios de ellos no integran la Comisión de Seguridad.
López llegó acompañado por los respectivos subsecretarios de Seguridad y de Justicia, Enrique Carelli y Marcelo Antuña, y se dispuso a contestar un cuestionario de preguntas aprobado por el Cuerpo legislativo sobre la creación de la Policía Comunitaria. En la mesa estuvieron el presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Enríquez, y los diputados Rodrigo Herrera Bravo, Martín Borrelli, Helio Rebot, Gabriela Michetti, María Florencia Polimeni, María Soledad Acuña, Marcelo Godoy, Marcos Peña y Álvaro González (todos del macrismo), Laura Moresi, Alicia Caruso, Marta Talotti (las tres del Frente Grande), Patricia Flores (Autodeterminación y Libertad), Ariel Schfrin (Frente Popular de la Ciudad), Marina Pérez (Partido de la Ciudad) y Silvia La Ruffa (al menos hasta el martes, integrante de Unión para Recrear Buenos Aires). Sobre el final llegaron Milcíades Peña y Diego Kravetz (Movimiento 11 de Marzo).
López mantuvo la calma en casi todo el encuentro, salvo en un cruce que protagonizó con Herrera Bravo, quien le recriminó a lo largo de toda la reunión que la Secretaría de Justicia y Seguridad no había contestado los llamados de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales que él dirige. Y se fue sin dejar conforme a la oposición macrista, que, a través de Enríquez, Rebot, Herrera Bravo y Borrelli, lo ametralló a preguntas.
El funcionario explicó que hay un convenio entre los gobiernos nacional y porteño para crear la Policía Comunitaria y que este cuerpo, en una primera fase, contará con 500 efectivos armados, cuya preparación inicial será de cuatro meses. Añadió que estos agentes trabajarán en tres áreas: tránsito, contravenciones y control territorial, y que el presupuesto destinado por la Ciudad a esta fuerza, que seguirá dependiendo de la Policía Federal, es de alrededor de 15 millones. De esta cifra se destinarán aproximadamente seis millones para sueldos y el resto para equipamiento.
Aclaró que este cuerpo no funcionará, al menos, hasta octubre, ya que los cursos de capacitación duran cuatro meses y todavía no empezaron porque el convenio no está ratificado. También dijo que, por ese motivo, la partida correspondiente a salarios de los futuros efectivos aún no comenzó a ser ejecutada, y que las reuniones que los gobiernos nacional y porteño mantienen para la organización de este cuerpo de seguridad son "informales". La fecha de inicio en octubre estará, a su vez, sujeta a que los legisladores ratifiquen el convenio en estos días, por lo que aún no se sabe, en realidad, cuándo comenzará a operar esta fuerza, que Ibarra había prometido para abril de este año.
Rebot le cuestionó a López el hecho de que la Ciudad pagara un cuerpo que siguiera perteneciendo a la Policía Federal. Argumentó que este convenio, a su entender, contravenía el del traspaso de las competencias correccionales a la Justicia porteña, que establece la transferencia de las correspondientes partidas presupuestarias. "Si la policía es auxiliar de la justicia, acá hay una contradicción, porque en este convenio a este cuerpo policial lo financia la Ciudad. Hay duplicación de gastos, ya que la Ciudad le tiene que pagar a la misma Policía Federal para que cumpla con lo que tiene que cumplir", criticó el diputado macrista. López se defendió diciendo que habrá más policías que, además, estarán especializados en cuestiones de la Ciudad.
Precisamente el tema de la capacitación fue otro de los puntos de la discordia, ya que el secretario aseguró que los nuevos policías comunitarios recibirían la capacitación standard de la Policía Federal, más dos cursos: uno sobre derechos humanos y otro sobre las normas porteñas. Ante esto, Enríquez criticó el poco tiempo destinado al aprendizaje del uso de armas de fuego y Borrelli se mofó diciendo que la nueva Policía Comunitaria era sólo "quinientos policías con dos cursitos más que el resto".
Otro cuestionamiento de Enríquez estuvo vinculado con la función de control territorial de la policía, que implica poner puestos fijos de vigilancia en algunas zonas, en principio, parques y plazas. "Se dijo que iban a hacer control de espacios verdes, pero con 500 efectivos no alcanza para controlar mil hectáreas, y encima estos nuevos agentes tienen que labrar actas contravencionales y vigilar el tránsito", señaló. López le contestó que la idea de establecer puestos fijos en plazas era para generar un mejor vínculo entre el policía y la comunidad -"que la gente le conozca la cara al policía", apuntó-, pero que estos puestos irían incorporándose, de a poco, a otros lugares, como los andenes de los trenes.
Rebot inició un debate acerca de si este convenio contravenía o no la iniciativa de derogar la Ley Cafiero, puesto que convalidaba que la policía de la Ciudad quedara en manos de la Federal. López adujo, a su vez, que el Gobierno porteño presentó en el Congreso una propuesta para modificar el artículo 7 de esta norma, que impide a la Ciudad tener un cuerpo de seguridad propio. "Este convenio es algo transitorio hasta que se modifique la Ley Cafiero", argumentó el funcionario.
Borrelli, a su turno, cuestionó con agresividad la voluntad política de Ibarra en materia de seguridad. "La seguridad no es una política de Estado de este gobierno. En los discursos de inicio de sesiones no encontré nada referido al tema ni en el 2002, ni en el 2003. Recién un párrafo perdido sobre la creación de la Policía Comunitaria, en el discurso del 2004", reprochó. Y señaló que "el presupuesto en seguridad es del 1,1 por ciento". Ante estas afirmaciones, Schifrin defendió al Gobierno diciendo que el bajo presupuesto se debía a que la Ciudad, precisamente, no manejaba la policía. Y pidió más respeto con el funcionario presente.
En realidad, durante toda la reunión Borrelli estuvo de mal talante con López. Incluso antes que comenzara el debate, le reprochó en la mesa que, en una entrevista con NOTICIAS URBANAS, éste hubiera dicho que el fallido pedido de interpelación había sido una "payasada".
Finalmente Michetti, como presidenta del bloque de la oposición, agradeció al secretario la visita, pero le pidió que le transmitiera a Ibarra que su bloque sentía que el Gobierno no le brindaba la información suficiente y que no se sentaba a discutir los temas con profundidad. "Nos enteramos de las cosas por trascendidos periodísticos", se quejó. Entonces Caruso, del Frente Grande, le respondió, para emparejar las cosas, que Compromiso para el Cambio había tenido en la Legislatura manejos similares a los que ahora motivaban esta queja.
