La justicia porteña resolvió notificar a las partes vinculadas al amparo presentado por los legisladores de Proyecto Sur Julio Raffo, Rafael Gentili y Jorge Selser sobre los concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura para cubrir más de 30 cargos nuevos en el Poder Judicial de la Ciudad. El juez Guillermo Scheibler notificó una resolución del Consejo de la Magistratura de la Ciudad en la que los nuevos cargos creados con la modificación de la Ley 7 (Orgánica del Poder Judicial porteño) serán cubiertos ?de acuerdo al Presupuesto que por ley la Legislatura apruebe?.
La resolución Nª 804/2010 del Consejo de la Magistratura establece que ?conforme al respectivo orden de mérito? que resulte de los concursos que se están desarrollando para cubrir los cargos de 9 juzgados nuevos del fuero Contencioso Administrativo y Tributario (cada uno con dos secretarías), 16 fiscales y 8 defensores en lo Penal Contravencional y de Faltas, entre otros cargos nuevos creados por la Ley 3318, se ?enviará al Poder Legislativo aquellas propuestas de candidatos para cubrir los cargos? que el presupuesto aprobado contemple.
Si bien los concursos se continuarán llevando a cabo con la esperanza de lograr el presupuesto necesario para la designación de la totalidad de los cargos creados, las designaciones quedarán atadas al presupuesto que la Legislatura apruebe para dicho fin.
El juez Scheibler, tras notificar a las partes de la resolución, resolvió apartarse de la causa, quedando a cargo esta de la jueza Gabriela Seijas, la cual deberá homologar el acuerdo al que han llegado las partes.
?El amparo tuvo una buena solución. El Consejo de la Magistratura se comprometió a limitarse al presupuesto que apruebe la Legislatura. El 8 de noviembre está la discusión presupuestaria del Poder Judicial. A partir de ahí se abrirá la negociación y el análisis para ver qué nivel de crecimiento merece el Poder Judicial?, comentó a NU Rafael Gentili.
Y, sin negar la posibilidad de que la totalidad de los cargos creados por la modificación de la Ley 7 sean cubiertos paulatinamente, remarcó: ?Habrá que ver el presupuesto para cuántos cargos se termina aprobando. Todavía no contamos con estudios suficientes para demostrar que más de 40 nuevos cargos sean necesarios?.
Tanto el Consejo de la Magistratura (responsable de la administración de los juzgados), como el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, elevaron a la Legislatura proyectos presupuestarios que contemplan los costos que la totalidad de las nuevas estructuras generarán el año próximo. Si bien los proyectos presupuestarios elevados por dichos órganos del Poder Judicial sufrieron recortes por parte del Ministerio de Hacienda, en el proyecto elevado a la Legislatura, el Ejecutivo porteño reconoce -sin mayores detalles- que en el año 2011 se proyecta la puesta en funciones de las nuevas estructuras creadas por ley a fines del año 2009.
El Consejo de la Magistratura elevó un presupuesto por 723 millones de pesos, de los cuales 200 millones estarían destinados a la compra de edificios nuevos. "En el presupuesto diseñado por el Consejo están contemplados los gastos que generaría la creación de 9 juzgados nuevos del fuero Contencioso. En gastos de personal, las nuevas estructuras creadas por la Ley 7 demandarían 15 millones de pesos extras, ya que muchos de los empleados que los juzgados nuevos requerirían provendrían de la actual planta del Consejo, con lo cual los gastos se reducen", remarcó a NU una fuente del Consejo de la Magistratura.
El Ministerio de Hacienda recortó en varios millones el proyecto presupuestario presentado por el Consejo, eliminó las partidas para compras de edificios e incrementó únicamente en un 10 por ciento el presupuesto aprobado por la Legislatura para el 2010. De acuerdo al proyecto del Ejecutivo, el Consejo debería poder funcionar y ampliar las estructuras jurisdiccionales con 368.533.644 millones de pesos, de los cuales, 103.569.628 tendrían como destino los gastos del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
Para el Ministerio Público Fiscal, Hacienda estimó un presupuesto de 140 millones de pesos, y para el Ministerio Público de la Defensa, 89 millones.
