El jefe de Gobierno porteño le pidió a la Legislatura que sesione el viernes y sábado próximos para aprobar trece importantes proyectos de ley, que considera imprescindibles para el futuro cercano. Entre los proyectos enviados por Ibarra a la Legislatura están los de emergencia económica, de calidad del aire, de presupuesto (de tratamiento inviable), de aprobación de los LECOP, de recolección de la basura, del Plan Urbano Ambiental y la ley tarifaria.
Otros de los proyectos enviados son: el de la ley que autoriza la creación del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad, la aprobación de un convenio con el Mercado Central, un subsidio a pequeños hogares, la aprobación del Código Fiscal y otros dos relacionados con la reconversión de la antigua Cárcel de Caseros. Lo que se llama una típica "sesión maratónica" de fin de año con felicitaciones incluídas.
De todos modos, Ibarra deberá lidiar con la oposición para lograr la aprobación de los proyectos. El Bloque Justicialista, por de pronto, ya está elaborando de un proyecto alternativo de emergencia económica. Inclusive, en el interior de este bloque se produjo un fuerte debate acerca de si la emergencia económica existe realmente, comparando la situación de la Ciudad, que tiene un presupuesto de más de 3000 millones de pesos, con algunas provincias del interior que, aún estando en una situación más complicada, no solicitan ventajas similares.
El justicialismo está dispuesto a aceptar en la reunión de Labor Parlamentaria que vayan al recinto la ley de Presupuesto, la del Código Fiscal, la Ley Tarifaria, la Ley del Convenio para los LECOP y la Ley de Subsidio a pequeños hogares. Las otras ocho leyes -según plantea el justicialismo- correrán por cuenta y riesgo del "trencito aprobador", como lo denominan, y que está formado por los bloques de la Alianza, el ARI de Lilita Carrió, el bloque "Forja 2001" y los cuatro bloques unipersonales que conforman el llamado "barrio chino".
Jorge Argüello planteó ante NOTICIAS URBANAS que "tenemos resistencia a aprobar el proyecto de Ley de Emergencia Económica tal como lo plantea Ibarra. Estamos dispuestos a aceptar -aunque hay un debate al respecto- de que tal situación existe, porque la recaudación cayó en diciembre en un 50 por ciento, pero hasta hoy Ibarra ha vivido en una burbuja".
"Voy a plantear -manifestó Argüello- un teorema que se deriva de un status habitual: ante una situación de crisis originada en los estamentos nacionales, el desorden en la Ciudad de Buenos Aires pasa desapercibido; pero en una relación inversamente proporcional, cuando el desorden nacional tiende a superarse, entonces es el momento en el que el caos porteño queda al descubierto. Esto es lo que pasó en Buenos Aires".
"No hubo previsión en el Gobierno porteño, porque la crisis no empezó ayer. No existe un fondo anticrisis -se enojó el legislador justicialista-, y esto es porque Ibarra pensó que la General Paz era la muralla anticrisis, pero se equivocó y ahora lo vamos a pagar todos. Queremos votarle la emergencia social por 6 meses y no por un año, pero no le vamos a votar la enajenación de los inmuebles, ni lo vamos a autorizar a hacer contrataciones directas, ni tampoco a diferir los pagos de las sumas no remunerativas de los salarios del personal. Tampoco le vamos a permitir al Gobierno que se endeude si no es por montos fijos, y deberá justificar ese endeudamiento ante la Legislatura".
Por su parte, el diputado Eduardo Valdés (PJ) planteó la ilegalidad de una medida que solicitó Ibarra, que es la de diferir por un año el pago de los juicios contra la Ciudad. "No se puede derogar una Ley Nacional por medio de una Ley de la Ciudad, que provocarían la anomia de la justicia y la Legislatura, que no pueden delegar facultades", afirmó.
Además del justicialismo, el resto de la oposición criticó duramente a Ibarra. La legisladora porteña de Izquierda Unida, Vilma Ripoll, denunció que "Ibarra quiere superpoderes absolutos por un año, prorrogables por otro año más, para suspender o renegociar contratos, disponer a su voluntad de los fondos públicos, vender inmuebles, atrasar el pago de salarios, transferir personal y reglamentar las apuestas, entre otras facultades".
A causa de esto, la diputada instó "a los trabajadores y a la población de la Ciudad a movilizarse para rechazar este atropello autoritario de Ibarra y la Alianza. Los mismos que hasta ayer se negaban a reconocer la emergencia social, hoy utilizan ese argumento para quedarse con todas las facultades que le corresponden a la Legislatura".
El diputado radical Jorge Enríquez, por su parte, exhortó a la Legislatura a que sesione en forma permanente durante los meses de enero y febrero próximos con el fin de tratar y sancionar la Ley de Presupuesto correspondiente al ejercicio del año 2002, así como toda otra norma que fuere necesaria aprobar en el marco de la aguda emergencia que atraviesa la Ciudad.
Mediante una carta a la presidenta de la Legislatura, Cecilia Felgueras, el Enríquez pidió que disponga la urgente convocatoria a los diputados con el objeto de llamar a sesiones extraordinarias durante los meses del verano. "Motiva mi pedido la necesidad de evitar que se deleguen facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo porteño -explicó el diputado, y agregó- es imprescindible mandar una señal clara a nuestros mandantes de que estamos trabajando y honrando el mandato que nos dieran cuando nos eligieron".
