La defensora del Pueblo porteña señaló que las empresas Telefónica de Argentina y Metrogas están transfiriendo a las facturas de los usuarios el costo de los impuestos, desconociendo una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires donde se exige "la eliminación de las facturaciones a los usuarios del llamado impuesto al crédito-débito y el reintegro de los montos percibidos".
En el caso de la compañía telefónica también desafía la resolución de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) en la que se intima a la empresa a abstenerse de trasladar a sus usuarios el impuesto mencionado, informaron en el organismo porteño.
"Esto no es más que una nueva práctica abusiva de las empresas privatizadas, que de este modo pretenden trasladar a los usuarios la aplicación del tributo y encubrir la decisión de las compañías de aumentar -indebida e ilegalmente- las tarifas del servicio", señaló Oliveira.
"Por eso -continuó- denunciamos que las empresas prestadoras del servicio público de gas y telefonía no pueden aplicar -de manera unilateral e inconsulta- el impuesto que fuera creado por Ley Nº 25.413, pues esto constituye un aumento no autorizado -y por ende ilegal- de la tarifa".
Por último, la ombudsman dijo que "es preocupante y peligroso el accionar del Ente Nacional Regulador del Gas, que justificó la incorporación del impuesto a las facturas". "Así no se defiende ni protege a los usuarios", concluyó.
