Néstor Vicente, el presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos porteño, presentó un documento en el que propone cuales deben ser las bases sobre las que se discutirá la renegociación de los contratos que el Poder Ejecutivo mantiene en estos momentos con las empresas privatizadas de servicios públicos.
"Nosotros hoy estamos presentando un documento, conjuntamente con las asociaciones de consumidores y usuarios, cuya importancia primordial es que posicionamos, desde la Ciudad y el usuario, la preocupación por esta renegociación; y transmitimos ciertos temas que creemos que tienen que estar en la mesa de negociación", dijo Vicente al respecto de la presentación de "Bases para una propuesta de renegociación integral", cuyos principales puntos transcribimos más abajo.
El titular de Ente de la Ciudad resumió que "debe estar presente en la mesa de negociación el dato de los altos niveles tarifarios desde los que arrancaron la mayoría de los importes, el inexplicable ajuste vinculado a índices de países extranjeros, los irrazonables niveles de rentabilidad y el incumplimiento -en muchos casos- de las metas de inversión acordadas".
"Es necesario renegociar -continuó Vicente- defendiendo los intereses del usuario. Todas las renegociaciones hasta el presente fueron a espaldas del consumidor y a requerimiento de las empresas", dijo.
Hubo diversas opiniones al respecto. Por ejemplo, Patricia Vaca Narvaja, la presidente de Consumidores Argentinos expresó: "Nosotros el primer planteo que nos hacemos es que más allá de discutir técnicamente todo el tema tarifario, en la Argentina hoy no hay un marco económico, político y social para ningún tipo de aumento de tarifas". La discusión no debe plantearse solo de aquí hacia delante, piensa Vaca Narvaja "sino que queremos hacerla también hacia atrás, a lo largo de todas estas privatizaciones, porque realmente tenemos hoy la oportunidad de poder evaluar hasta que punto todas las tarifas han sido razonables, y hasta que punto la rentabilidad también lo ha sido", expresó la titular de la asociación de consumidores.
Al mismo tiempo, la senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, Vilma Ibarra (FREPASO), presentó en febrero pasado un proyecto de ley para que las renegociaciones con las privatizadas que lleva adelante el Poder Ejecutivo, deban ser aprobadas por el Congreso de la Nación; y que las comisiones legislativas intervinientes deban realizar una audiencia pública para interesarse sobre la posición de los usuarios.
BASES PARA LA RENEGOCIACIÓN INTEGRAL
El documento presentado por el Ente se elaboró a partir de un análisis precedente y con el objetivo de cambiar sustancialmente los criterios con los que la negociación de los contratos de privatización fue encarada originalmente. Pero esta vez "basada en el interés público, que es este caso no es otro que el bienestar de los usuarios, los consumidores finales", aclaró Néstor Vicente.
El documento propone en primer lugar la desdolarización de las tarifas de los servicios públicos, la eliminación de los seguros de cambio y la eliminación de las cláusulas indexatorias, según la evolución de índices correspondientes a países extranjeros. También una revisión de las tarifas base, "ya que las mismas fueron fruto de los objetivos recaudatorios que se impuso al programa privatizador y consecuencias de la velocidad con la que se llevó adelante", se puede leer en el escrito.
Del mismo modo, plantea una reestructuración de los Entes de control de servicios públicos, para que cuenten con autonomía de la administración y con jerarquización e independencia en sus decisiones (que éstas solo sean recurribles ante la Justicia). "Los objetivos básicos de los entes reguladores deberán ser: el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales de las empresas prestadoras, la defensa de los derechos e intereses de los usuarios y el impedimento del ejercicio de conductas anticompetitivas", aclara el documento.
El Ente porteño también pide una mayor participación de los usuarios en la regulación, a través de organizaciones que los nucleen. Esto permitirá lograr "un diseño regulatorio más equitativo", deja sentada la declaración. La implementación de una tarifa social que contemple la situación de aquellos sectores de personas que dado el deterioro económico y social sufrido en los últimos años no pueden hacer frente al pago de sus facturas, será otro de los temas a tocar.
Otro de los puntos que se propone es una protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de los porteños: Sus derechos a acceder a los servicios públicos, derecho a un servicio continuo de alta calidad, derecho a una tarifa razonable por el servicio, derecho a reclamar y a recibir información escrita sobre precios y términos y condiciones del suministro del servicio, entre otros.
Por ultimo, el organismo de control de servicios públicos porteño reclama una descentralización de la actividad regulatoria, para evitar la superposición de funciones y los conflictos jurisdiccionales. Y reglamentar el funcionamiento de las audiencias públicas.
