Un nuevo hecho de violencia que habría tenido como protagonista a personal de la comisaría 34ª de la Policía Federal y como víctimas a tres jóvenes de la zona del Bajo Flores, uno de los cuales aún permanece desaparecido, desencadenó -en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires- la presentación de dos proyectos de resolución que fueron tratados sobre tablas en la sesión de este jueves.
La autoría de los mismos les corresponde a los diputados porteños Alicia Pierini (Partido Justicialista) y Roque Bellomo (Frente Grande).
Según denunció su familia, cuando Ezequiel Demonty volvía el sábado a la madrugada de un baile en Constitución, junto con otros dos chicos, fue detenido por agentes de la comisaría 34ª de la Policía Federal, quienes les preguntaron a los jóvenes si sabían nadar. Acto seguido los obligaron a saltar al Riachuelo, a la altura del Puente Uriburu, en Pompeya. Los otros dos muchachos se pudieron acercar hasta la orilla, pero Demonty, al poco tiempo de tomar contacto con el agua, desapareció.
La base de la resolución aprobada es la que propuso Pierini, que en el inciso "a" de su iniciativa parlamentaria, pide que el Poder Ejecutivo porteño exija a la Presidencia de la Nación, que imparta precisas instrucciones a las Fuerzas de Seguridad acerca del comportamiento que establece la ley, para que se investigue y sancione a los responsables de este ilícito; y "le advierta que el pueblo y el gobierno de esta Ciudad fiscalizarán la investigación que se realice porque no permitirán encubrimientos ni impunidad".
En tanto, en el resto del articulado solicita que se convoque inmediatamente al Consejo de Seguridad y Prevención del Delito con el fin de designar a dos de sus integrantes para que ejerzan el seguimiento de la investigación y de las actuaciones judiciales abiertas y que el Gobierno de la Ciudad se constituya como parte querellante en la causa -a través del Procurador General-, "por estar afectados y en riesgo los derechos constitucionales a la vida y la libertad, integridad personal y seguridad de los jóvenes en la Ciudad, sobre los cuales debe velar por su vigencia".
Además, la diputada justicialista pretendía instar al jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, a que solicite formalmente al Senado de la Nación la apertura del debate sobre la derogación o la modificación de la Ley 24.588 -conocida como Ley Cafiero-. A través de este inciso, Pierini intentaba que, de una vez por todas, comience el proceso para que el Estado porteño se haga cargo de la Policia Federal. Pero este punto no fue aprobado.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expresó que "por más que intervengamos a posteriori y exijamos las famosas últimas consecuencias en las investigaciones, nadie recuperará la vida de las víctimas. Pero además creemos que estos hechos atentan contra el estado de derecho, y hace cada vez más trabajosa la reconstrucción de las instituciones y casi imposible restaurar la confianza de la gente en el Estado, cuando sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la violan en lugar de garantizarla, y atacan a sus franjas más vulnerables".
Bellomo argumentó en los fundamentos de su proyecto que "resulta de central importancia conocer los datos aquí solicitados para otorgar mayores informaciones frente a la inquietud de los ciudadanos de Buenos Aires frente a la actuación de los efectivos de la Policía Federal".
"Consideramos que los repudios declarativos son efímeros -dijo Pierini-, y por eso planteamos en esta resolución, la toma de medidas concretas que coloquen en un lugar protagónico al Gobierno de la Ciudad en defensa de los derechos de sus habitantes, y omitimos, por obvio, el rechazo que las malas actitudes policiales nos merecen".
