Tras fiscalizar la mayoría de los coches y estaciones que conforman la red, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intimó a Metrovías para que adapte las instalaciones del servicio de transporte subterráneo a las necesidades de los usuarios con movilidad reducida. Esta decisión es el corolario de una denuncia formulada ante este organismo de control por Carlos Ferreres, presidente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
La ausencia de facilidades que permitan el uso del servicio por parte de personas discapacitadas se ve agravada porque infringe lo establecido por la Ley Nº 24.314 y el Decreto Reglamentario Nº 914/97. El plazo máximo legal para que el sistema fuera accesible a todos venció en septiembre de 2000 y el grado de cumplimiento de dichas normas es tan escaso que el subte no resulta utilizable por quienes padecen alguna clase de discapacidad.
"La primera lectura que surge acerca de este tema es que la empresa Metrovías no realizó las obras necesarias para cumplir con los requisitos estipulados y, en tal sentido, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ha incumplido sus funciones. Similares irregularidades existen en estaciones y unidades del transporte ferroviario de superficie. Sólo cuatro estaciones (Tribunales, Facultad de Medicina, Juramento y Congreso de Tucumán, todas pertenecientes a la Línea D) poseen ascensores, mientras que la mayoría de ellas carecen de boleterías adaptadas y baños accesibles", expresó el Ente de la Ciudad en un comunicado de prensa.
En el área metropolitana, sobre una población estimada en 12 millones de personas, el 3 por ciento -360.000- tiene discapacidad motriz y 18.000 individuos se movilizan en sillas de ruedas. Además, un uno por ciento padece discapacidad visual, otro uno por ciento discapacidad auditiva y un 3 por ciento otras discapacidades. En tanto, los mayores de 60 años representan el nueve por ciento y los menores de 10 años otro nueve por ciento. Por lo tanto, el 26 por ciento de los habitantes -más de tres millones- carecen de comodidades para utilizar el servicio de subtes.
Los funcionarios del Ente concluyeron que "el acceso con autonomía y seguridad al transporte público es un derecho esencial que la Ley otorga a los discapacitados para su integración social. El Ente de la Ciudad está haciendo las gestiones correspondientes para que las empresas cumplan con esa obligación".
