A pesar de no contar el PRO con una mayoría en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y luego de haber sido desestimada por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo nacional, a fines del mes de agosto, una denuncia contra el juez federal Norberto Oyarbide por mal desempeño en el marco de la investigación de la causa por escuchas ilegales, el macrismo volvió a la carga contra el magistrado. De la mano del único consejero identificado con el PRO, el macrismo intentará mantener viva una causa contra Oyarbide que pudiera culminar en un juicio político.
El Consejero por el estamento de los abogados matriculados en la Capital Federal, Alejandro Fargosi, presentó un dictamen para que se prosiga la investigación contra el juez Norberto Oyarbide y se lo cite a declarar.
De acuerdo a la denuncia de Fargosi, Oyarbide negó la producción de muchas pruebas ofrecidas por Mauricio Macri, se negó a citar a quienes tenían comunicaciones asiduas con James, no citó a las agencias privadas de investigaciones que tenían contactos con James ni explicó por qué investigó a Macri y no a quienes sí se comunicaron con el espía procesado.
Para el consejero, el juez Oyarbide procesó a Macri como miembro de una asociación ilícita, en base a indicios y presunciones que no tienen nada que ver ni con la lógica, ni con el sentido común, ni con las constancias del expediente, por lo que existiría surge la semiplena prueba de que la investigación del juez Oyarbide no estuvo dirigida a averiguar la verdad de los hechos, sino sólo a inculpar al Jefe de Gobierno.
Esta presentación de Fargosi se opone a la postura de los consejeros que proponen desestimar la denuncia Nro. 199/2010 que presentaran los diputados Federico Pinedo, Alberto Jorge Triaca, Laura Alonso, Paula María Bertol, Silvia Cristina Majdalani, Gladys Ester Gonzalez, Soledad Martinez, Gabriela Micheti, Lidia Satragno y Christian Gribaudo, sosteniendo que la actuación de Oyarbide y los procesamientos dictados contra Mauricio Macri, Jorge Palacios, Ciro James y Mariano Narodowsky, entre otros, fueron confirmados por los jueces de la Sala I de la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, legitimando la investigación encabezada por el juez federal y que llevará en un futuro al Jefe de Gobierno porteño a juicio oral.