"Apenas ingresé como senadora presenté un proyecto en conjunto con Rodolfo Terragno para transferir, con sus correspondientes partidas presupuestarias, todas las áreas de las Policía Federal, con excepción de las que tuvieran que ver con los delitos federales", manifestó la senadora porteña Vilma Ibarra.
La hermana del jefe de Gobierno y representante de la Ciudad en el Senado junto a Terragno y María Laura Leguizamón, fue entrevistada por este medio luego de que se conociera la iniciativa de Aníbal Ibarra de impulsar en el Congreso la derogación del artículo 7 de la Ley Cafiero, que impide a la Ciudad tener fuerzas de seguridad propias.
"La transferencia de la Policía Federal a la Ciudad conlleva otras discusiones, como la transferencia de las partidas presupuestarias. Por eso, el proyecto que planteó Aníbal promueve que, hasta tanto resolvamos esos temas, la Ciudad igual pueda tener un cuerpo de seguridad propio a partir de la derogación de la prohibición que existe en la Ley Cafiero", explicó Vilma Ibarra.
Según la senadora, no hubo falta de voluntad política de parte del jefe de Gobierno de trabajar antes en este aspecto. "El proyecto que presenté lo trabajé con Aníbal y después lo sumamos a Terragno. Lo que pasa es que antes no había consenso de todas las fuerzas y ahora sí se dio un marco en el que se puede discutir", argumentó.
Por su parte, la senadora Leguizamón celebró "la posibilidad de debatir de verdad, esta vez y definitivamente, el traspaso a la Ciudad de la policía, los jueces y el Consejo Nacional del Menor y la Familia". Remarcó especialmente este último punto, que tiene que ver con una propuesta de su autoría, que se encuentra trabajando en el Senado y que es la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil.
"Es un sistema que hoy no existe. En donde debe haber tres patas: un abogado que defienda a los jóvenes, un fiscal que los acuse y un juez que los sancione. Actualmente no existe este sistema de sanciones. Hoy, cuando el juez decide privar de libertad a un chico puede ser por temas tan disímiles como romper un vidrio o matar a otro. Y esto genera muchísima confusión e inseguridad. Entonces, este nuevo sistema lo que hace es decir con claridad cuáles son los hechos que se sancionan, cuáles con privación de libertad -que puede ser de máxima seguridad, media o mínima seguridad-, e incorporar un menú de otras medidas de sanciones, que algunas son socioeducativas y otras son órdenes de orientación. Dentro de las medidas socioeducativas estarían la libertad asistida y la reparación del daño a la víctima, y dentro de las órdenes de orientación estaría el no vincularse con determinadas personas, el no asistir a determinados boliches, el no consumir sustancias tóxicas, por ejemplo. Son todas sanciones de menor a mayor gravedad que el juez tendrá a disposición para sancionar con esta claridad a los jóvenes que puedan cometer hechos que nuestra comunidad considera reprochables", explicó Leguizamón.
Sobre este tema se está realizando un seminario de expertos en el Senado que va a durar tres semanas. "Tengo mucha esperanza de que esta iniciativa pueda llegar al recinto lo antes posible porque esta ley derogaría otra, que es la que hoy está en vigencia, que es del año 1919. Hace muchos años que le debemos esta ley a la Argentina", manifestó.
También puso énfasis en la transferencia del puerto, que aún no es manejado por la Ciudad. "Yo hace tres años que le vengo pidiendo al Ibarra que ponga dentro de la agenda con el Gobierno nacional su traspaso", apuntó. "Entre las propuestas que hoy están planteadas -concluyó Leguizamón- creo que hay una coincidencia, una unanimidad de parte de todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, para defender esos espacios de nuestra administración: la policía, la justicia, el puerto. Toda esta agenda que, desde hace muchos años, no fue trabajada con el énfasis ni con la urgencia que estamos necesitando".
