Un grupo de unos 60 jóvenes de la villa 21 – 24, que se movilizó este jueves hasta el Palacio del Gobierno porteño, cortando la Avenida de Mayo, fue violentamente desalojado por los policías de la comisaría 2ª, que inclusive contaron con el apoyo de un pelotón de la Guardia de Infantería.
Los policías federales llegaron cuando la gente ya hacía 45 minutos que habían cortado la Avenida de Mayo. Empujaron a mujeres embarazadas, a chicos pequeños y a jóvenes que tocaban un bombo. Fue particularmente visible la actitud de un subcomisario de elevada estatura, que se ensañó con unas mujeres mayores a las que quitó de la calle empujándolas sin contemplaciones. Luego, cuando una de las mujeres le dio un golpe, empezó a gritar: me pegaste, me pegaste, en un tono entre amenazante e irónico. Algunos manifestantes acusaron al oficial de estar beodo.
Los manifestantes llegaron con carteles que decían: "La tierra es del pueblo", "Es tiempo de lucha", "No al desalojo". Cantaban: "Ibarra, Ibarra, a ver si tenés h….., salí a dar la cara, que acá te espera el pueblo". Los chicos, entretanto, se acostaban en la avenida y correteaban tras sus madres. La demostración tenía un matiz eminentemente familiar, más que militante. Predominaban las mujeres jóvenes con hijos.
"Mi nombre es María, y te voy a contar porqué estamos acá -la chica no tiene más de 20 años y se la ve decidida-. Somos de un sector de la villa 21 – 24, somos 500 familias que estamos reclamando que nos atienda un secretario de Ibarra, que se llama Daniel Martini, porque Ibarra es imposible que nos atienda. Nos llegó una cédula de desalojo a un asentamiento en el que estamos viviendo desde hace un año y tres meses. La tierra se la van a dar a una mutual de corruptos que está hace nueve años plantada en la villa 21 – 24. Nosotros somos dueños legítimos, porque esa mutual estafó a 700 familias, a las que no les entregó el lote, entre las que estamos nosotros, los que vinimos hoy aquí".
"Nosotros presentamos un escrito en el juzgado y el juez Rodolfo Canicoba Corral nos alargó el plazo para que nos podamos defender. El juez espera qué medidas va a tomar el gobierno de la ciudad para darnos una solución. Hasta ahora no tuvimos ninguna solución, ni de Ibarra, ni de Promoción Social, ni de la Comisión de la Vivienda, ni de ninguna parte, por eso estamos acá. Esta es la cuarta vez que venimos".
"Somos todos familias jóvenes. Nuestros padres hace más de 30 años que viven en la villa y nosotros crecimos allí. Es por eso que el juez nos dio una oportunidad para que tratemos de hablar con las autoridades y tengamos tiempo de conseguir una solución. El único que nos recibió hasta hoy fue un secretario de Ibarra, que nos dijo que iban a suspender el desalojo, pero eso no fue así. El juez está esperando que el gobierno de la Ciudad se presente al juzgado".
"Si la solución no llega, las 500 familias vamos a venir y vamos a poner una carpa grande, porque ahora tenemos nada más que diez días, porque antes de fin de mes el juez quiere que la situación esté definida".
En el momento en que este diálogo con María se estaba produciendo, los policías federales comenzaron a atropellar a la gente para quitarla de la calle.
El subcomisario Fernández le manifestó a NOTICIAS URBANAS que ellos desalojaban a los manifestantes porque "hay que liberar la calle porque es un derecho constitucional que tiene todo el mundo de transitar libremente. Se puede protestar, se puede manifestar, pero hay que dejar que el resto de la gente pueda ir a trabajar". Cuando el cronista le preguntó por orden de quién estaban actuando los policías, el subcomisario Fernández, mediante evasivas, se negó a contestar.