En la sesión del jueves último, la Legislatura porteña aprobó una Declaración por la que solicita al Poder Ejecutivo que haga cumplir a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires con las normas de edificación que impone el Código de Edificación, que hasta ahora se negaban a obedecer, "dada la condición de autarquía que tiene la Universidad".
La diputada Juliana Marino, autora del proyecto aprobado, le manifestó a NOTICIAS URBANAS que "el lugar se degrada constantemente. El Hospital de Animales que se construyó allí está al margen de toda norma. La UBA debe quitar todo el sector del Ciclo Básico de las demás facultades que se dicta en la Facultad de Agronomía, porque el movimiento de gente que esto genera, altera seriamente la vida del barrio".
"El rector Oscar Shuberoff implementó un proyecto de carácter universitario, sin tener en cuenta el impacto ambiental ni las normas de la Ciudad – agregó Marino -, además, dentro del predio funcionan módulos privados que no pueden funcionar en una zona catalogada como Urbanización Parque"
En agosto de 1999, comenzaron a construirse – dentro del predio de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, una serie de obras edilicias que, según relató el decano, convocado por los vecinos del barrio Rawson, vecino al predio, serían destinadas a los estudiantes de Ciencias Económicas. Las obras incluían la tala de árboles y también la apropiación de espacios públicos que utilizaban los vecinos para la recreación y los estudiantes para la investigación científica.
Se formó entonces una comisión de vecinos que el 6 de septiembre de 1999 se reunió en la Legislatura con los diputados miembros de la Comisión de Planeamiento Urbano, para solicitar información acerca de las obras. A la semana siguiente, se desarrolló otra reunión, a la que asistieron, además de los vecinos y los diputados, los subsecretarios de Planeamiento Urbano y de Medio Ambiente, junto al director de Catastro, en representación del Poder Ejecutivo. La arquitecta Graciela Isaac y el decano de Agronomía fueron en representación de la Universidad.
Al día siguiente de la reunión, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Oscar Shuberoff, le solicitó al jefe de Gobierno, Enrique Olivera, la rezonificación de los terrenos de la facultad, hasta ese momento considerados UP (urbanización parque). Shuberoff solicitaba que se los considerara E4 (equipamiento 4). Los vecinos reclamaban que no se respetaba la zonificación UP y que no se había realizado el estudio de impacto ambiental, a lo que obliga la Ley 123 de la Constitución de la Ciudad. Exigían, por lo tanto, que el Gobierno detuviera las obras. Los representantes de la UBA, por su parte, alegaron que no les correspondía acatar ninguna norma edilicia proveniente del Gobierno, dada la autarquía de la que goza esa institución, aunque aceptó que no se había efectuado ningún estudio ambiental previo, pero que se disponían a encargárselo a la Facultad de Ciencias Exactas.
En una reunión posterior, fue presentado a los vecinos el doctor Adámoli, representante de la facultad aludida, que iba a ser la persona responsable de efectuar el estudio.
Pocos días después, se desencadenaron una serie de hechos que alteraron los planes de todos. En primer lugar, el diputado Carlos Peirano pidió la paralización de las obras, mediante un Pedido de Declaración. La diputada Patricia Pierángeli, por su parte, presentó un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo. También el defensor del pueblo, Juan Carlos Cantero, le elevó un Pedido de Informes al Secretario de Gobierno, Enrique Mathov.
Los vecinos también decidieron hacer lo suyo y, patrocinados por la abogada María del Carmen Martínez, presentaron un recurso de amparo ante el Supremo Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, que fue aceptado y enviado al Juzgado de Primera Instancia Nº 3 en lo Contravencional, cuyo titular es Marcelo Vàzquez.
El 20 de octubre de 1999, la diputada Juliana Marino presentó un proyecto de ley por el que se producía un plan de transferencia mutua de tierras entre la Ciudad y la Universidad. Proponía allí que las obras que ya se habían realizado en el predio de Agronomía, fueran trasladadas a otro, delimitado por la avenida 27 de febrero, , la autopista AU 7, la avenida Coronel Roca y Pergamino. Se produjeron luego varias reuniones en las que no se llegó a ningún acuerdo.
El 29 de octubre, el doctor Adámoli les informó a los vecinos que renunciaba a la realización del estudio de impacto ambiental, en parte porque la UBA no le había proporcionado los datos básicos necesarios, en parte porque en los medios se había publicado que el estudio valía 26 mil pesos, cuando él y su grupo lo estaban haciendo gratuitamente.
El 4 de noviembre, el juez Vàzquez dictó la medida cautelar de la paralización de las obras, que se efectivizó al día siguiente. El 11 de noviembre, la UBA apeló la medida de Vázquez con el argumento de que su condición de institución autárquica la eximía de cumplir con los requisitos que exige el Código de Edificación. La causa fue enviada al Tribunal de Apelaciones, que remitió los antecedentes de la causa al fiscal, que, a su vez, consideró inconducente presentar un recurso de amparo a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que recomendó levantar la medida.
La solicitud del fiscal fue aceptada el 18 de noviembre de 1999, y el amparo fue revocado. Al día siguiente, fueron aprobados por la Legislatura dos despachos en los que se cuestionaba el accionar de las autoridades de la UBA, afirmando que violaban el Código de Edificación y se le solicitaba al Gobierno porteño que se lo hiciera cumplir.
El 29 de noviembre, los jueces de la Cámara Nº 1 de Apelaciones levantaron la medida cautelar, aduciendo una supuesta identificación del juez de la causa con las reivindicaciones de los vecinos. Además, afirmaron que la documentación que se les había presentado no probaba la magnitud de las obras.
Los vecinos reaccionaron presentando – al día siguiente – un recurso extraordinario, que fue resuelto favorablemente el 23 de diciembre. El juez ordenaba en su fallo que se tomaran los recaudos a que obliga la Ley 123, ordenando además la paralización de las obras hasta que el estudio de impacto ambiental estuviera hecho. La previsible apelación del fallo por parte de las autoridades universitarias, tuvo esta vez un condimento insólito: el Gobierno de la Ciudad se les unió en el pedido. La Cámara de Apelaciones mantuvo la vigencia de la obligatoriedad del estudio, pero revocó la paralización de las obras, que siguieron adelante.
Este espinoso proceso, de ribetes casi escandalosos, coloca a un grupo de vecinos en una lucha desigual, para que una institución de un enorme prestigio cumpla con las leyes que todos los ciudadanos porteños deben cumplir. Lo insólito de esto es que esa institución intenta eludir el alcance de las leyes, trayendo a colación una autarquía que la sociedad le otorgó para que eluda instancias diferentes, como la represión ideológica, los atropellos a la libertad académica o las internas políticas.
