En la sesión del 10 de julio último, el oficialismo porteño eligió poner un clavo en el ataúd del patrimonio urbano y cultural de la ciudad a la que tanto dicen amar al designar a los nuevos miembros de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin pasar por la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, el Pro logró que se aprobara el tratamiento sobre tablas del proyecto de designación de la nueva comisión, contando, inexplicablemente, con el sí fácil de los legisladores Julio Raffo, de Proyecto Sur, y Fabio Basteiro, de Buenos Aires para Todos.
El único objetivo de esta arriesgada maniobra era quitar de en medio a la molesta secretaria general de la Comisión
para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural,
Mónica Capano, quien se había opuesto en varias ocasiones a la piqueta demoledora de los edificios protegidos por la Ley Nº 2.548, cuya destrucción debe ser autorizada por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (Caap) si fueron construidos antes de 1941. Capano forma parte de este Consejo en representación de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural.
Anteriormente, el 23 de diciembre último, la jueza Andrea Danas hizo lugar a un amparo, presentado por la Fundación Ciudad, Basta de Demoler y S.O.S. Caballito, porque la ley tenía fecha de vencimiento y el Pro se había negado a prorrogarla. Como no pudieron hacer caer la ley, la estrategia del oficialismo fue atacar directamente a Capano para vaciar de insurrectos que cuestionan los negocios inmobiliarios al ahora ?inmaculado? Caap.
Este Consejo está conformado por representantes de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, de la Secretaría de Cultura, de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de Buenos Aires, de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de la Sociedad Central de Arquitectos, del Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, de Icomos Argentina, del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio
(CICoP), del Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, del Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Consejo del Plan Urbano Ambiental y de la Fundación IPU.
?La Comisión hacía el Atlas de Patrimonio Inmaterial, promovía algunas charlas, editaba algunos libros, pero no se inmiscuía en el conflicto, aunque este existiera?, advierte Capano a Noticias Urbanas.
?Cuando yo empecé a ir al Caap ?relata la exfuncionaria, que es licenciada en Letras, con un doctorado en Antropología?, lo primero que vi es que había solo arquitectos, por lo que existía una visión unilateral de los temas, algo que ya no ocurre en el mundo.
Además había un discurso armado y un patrimonio que siempre se perdía, porque al edificio a demoler le habían cambiado una abertura ?y entonces ya no era aquel edificio protegido? o porque era un desperdicio
urbanístico, porque decían que en donde existían dos pisos se podían construir ?y vender? 20 pisos.?
?Por el solo hecho de sentarme en el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales me convertí en una testigo de lo que pasaba, porque allí se vulneraron ?y se vulneran? todos los procedimientos legales.
Por ejemplo, el plazo para cumplir con el trámite de evaluar si un edificio puede ser demolido o no es de 45 días, de los que 35 deben ser para investigarlo. Pero lo que pasaba en realidad era que la documentación llegaba dos o tres días antes de que se reuniera el Consejo, por lo que no existía tiempo para nada.
Además, nosotros sacábamos fotos a los edificios y las analizábamos, pero el resto de la Comisión utilizaba fotos tomadas de la base de datos de la Ciudad, que estaban desactualizadas?, se indigna Capano.
?Lo peor es que la representante del Ministerio de Cultura en el Consejo siempre está en contra de la preservación del patrimonio y hasta ha llegado a pedir que constara en actas su disidencia cuando perdía una votación y un edificio terminaba salvándose de la piqueta?, prosigue, indignada en estos tiempos de indignados, la exfuncionaria.
?En cuanto a los cambios que introdujeron en la Comisión, ahora pusieron allí a seis acólitos de Liliana Barela, que era la secretaria de Investigaciones Históricas de la Comisión.
Incluso echaron también a dos hombres que no votaban
cualquier cosa, como eran Alberto Orsetti y José María Peña, gente que tiene criterio propio porque son expertos en los temas patrimoniales. Ahora la Comisión de Preservación es una comisión inexistente, no solo porque posee un ínfimo presupuesto, que el ministro de Cultura Hernán Lombardi nunca entrega, sino porque no cumple con ninguna función de protección?, se lamentó la exsecretaria general.
?De todos modos, la movida que hicieron desde el Pro no fue por la Comisión, fue por los negocios. Lo más tremendo fue el cimbronazo que se produjo por el apoyo de Proyecto Sur al Pro, porque hablé con Adrián Camps, que se opone en forma terminante a lo que hizo su bloque?, evaluó Capano ante Noticias Urbanas.
?¿Por qué, para echarla, cometieron tantas desprolijidades?
Los del Pro no vienen de la política y yo soy un cuadro político. Por esa razón es que nunca abrieron instancias de negociación ni de diálogo. Nunca hablaron conmigo; peor aún, ni siquiera me enviaron nunca la documentación que les pedí por las vías legales y administrativas.
Esto se convirtió en un conflicto por la ineptitud política del Pro. Tan grave fue que hasta el propio diputado Oscar Moscariello solicitó que no constara en la versión taquigráfica lo que ocurría en el recinto el día en que votaron a los nuevos miembros de la Comisión?.
