La presidenta del bloque Compromiso para el Cambio, Gabriela Michetti, tuvo que enfrentar una parada difícil. A raíz de la polémica generada en torno a la reforma del Código de Convivencia, aprobada en general el jueves pasado, la diputada macrista fue invitada al programa televisivo de Mariano Grondona para debatir con representantes de grupos de travestis, prostitutas, vendedores ambulantes y piqueteros sobre las figuras más controversiales que se quieren introducir.
Michetti trató de explicar, en el tirano tiempo televisivo, los lineamientos principales de la propuesta del macrismo, así como también la diferencia entre su proyecto original y el sancionado en general por la Legislatura, producto del consenso entre varios sectores y entre varias alternativas.
La legisladora sostuvo: "De ninguna manera creo que el Código Contravencional sea una herramienta de persecución a la marginalidad o a la pobreza, es la herramienta que a nosotros nos permite ordenar el espacio público. Porque la Ciudad es de todos y la única manera de permitir el desarrollo de actividades de microemprendimientos, trabajo y generación de empleo es cuando la Ciudad es un lugar donde todos nos respetamos y en el que todos estamos relacionándonos armónicamente, sin los conflictos sociales con los que estamos conviviendo hoy".
"Esto no quiere decir -añadió- que no se puedan hacer manifestaciones, sino todo lo contrario; que no se puedan hacer protestas, sino todo lo contrario. Lo único que quiere decir un Código Contravencional racional, aplicable, lógico y respetuoso de los derechos constitucionales es que, entre todos, tengamos una convivencia pacífica ejerciendo nuestros derechos sin lastimar el del otro".
Con respecto a la prostitución, Michetti aclaró que "de ninguna manera planteamos que se prohíba la prostitución, pero la oferta y demanda de sexo ostensible en la vía pública -que genera unas 50.000 actas contravencionales por año de personas que se quejan por ese motivo- eso sí es una contravención. Ahora la prostitución de puertas adentro, la que no genera el conflicto con los vecinos no es un problema del Código Contravencional. Nosotros no proponemos la creación de zonas rojas por defecto, eso lo establece el proyecto consensuado tomando un artículo de la iniciativa de Aníbal Ibarra".
En tanto, en lo que hace a la venta en la vía pública la legisladora porteña señaló que "lo único que se prohíbe es en los casos en los que es ilegal, ilegítima y no está reglamentada. Toda la actividad que está regulada como venta ambulante no tiene nada que ver con una contravención. Esto es legal, está permitido y se protege como tal. Lo que tratamos de atacar con el nuevo Código son otras situaciones que no podemos descuidar. Como ser el hecho de 300.000 comerciantes de los que tenemos, por lo menos el año pasado, alrededor de 20.000 quejas por vendedores ambulantes que son explotados por mafias que contrabandean mercadería en situación de ilegalidad y que usa a la gente que tiene necesidades para, además, generarle un problema al pequeño comerciante que paga los impuestos".
"No se puede seguir confundiendo a la gente -agregó-. Una cosa son las reglas de juego para lograr una sociedad armónica y otra cosa son las problemáticas sociales que hay que contener porque tenemos un Gobierno de la Ciudad absolutamente ausente en ese sentido y que está generando todos estos problemas sociales que tiene hoy la gente".
La presidenta del bloque macrista aseguró que "el Código actual es una norma absolutamente inaplicable, con la que nadie está conforme. Ni los vecinos, ni los referentes políticos que se pasaron toda la campaña de una reforma, ni los diputados de la Legislatura anterior ni los actuales, porque hay más de 40 proyectos en ese sentido. De hecho, la provincia de Santa Cruz donde gobernó el presidente Néstor Kirchner tiene un Código Contravencional donde la edad de imputabilidad es de 14 años con pena de arresto para los menores. Entonces, la verdad es que es necesaria una modificación".
Por último, Michetti hizo referencia a la obstrucción de la vía pública. "Los piqueteros tienen que avisar a las autoridades correspondientes, en este caso al Gobierno de la Ciudad, cuándo, cómo y dónde se va a realizar la manifestación así como también quién es el responsable de la misma. De esta manera, se establece una especie de regulación del espacio público para que se pueda ejercer el derecho a peticionar ante las autoridades pero no se vulnere el derecho al libre tránsito de las personas".
