El fiscal del fuero penal Alejandro Molina Pico solicitó que se indague al presidente, Fernando de la Rúa, al secretario general de la Presidencia de la Nación, Nicolás Gallo y al procurador general del Tesoro de la Nación, Ernesto Marcer, en una causa en la que se investigan las circunstancias que rodearon a la adjudicación de la Autopista Arturo Illia. En esa época de la Rúa era el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gallo era el secretario de Producción y Servicios y Marcer era el procurador general del Gobierno.
Las actuaciones que propuso Molina Pico están incluidas en una causa que se inició por una denuncia de Marcelo Gey, un ex representante (así se les llamaba por entonces a los concejales) por el Partido Demócrata entre los años 1973 y 1976. "Cuando vi publicado el Decreto 3135 sin los anexos, en el Boletín Oficial, pedí verlo", manifestó Gey, en declaraciones exclusivas a NOTICIAS URBANAS. "Me costó conseguirlo porque siempre estaba en manos de algún funcionario, pero al fin me lo entregaron. Estaba plagado de irregularidades y así se lo manifesté personalmente al doctor de la Rúa, que me prometió que si yo tenía razón, él iba a anular el decreto. Desde entonces, sólo un par de veces más pude hablar con él, siempre con el mismo resultado".
Molina Pico -al profundizar la investigación- planteó la existencia de una serie de irregularidades en el decreto de renegociación del contrato, que fue firmado el 23 de diciembre de 1998. La obra, en principio, incluía la construcción de una autopista que partía desde la General Paz, se elevaba por sobre la zona de Retiro y llegaba a la avenida 9 de Julio, en donde se volvía subterránea hasta reaparecer detrás de la Estación Constitución. En la parte subterránea, la obra incluía la construcción de una gran playa de estacionamiento, con capacidad para 12 mil vehículos.
La que por entonces era la Municipalidad de Buenos Aires -que fue la que contrató la obra en 1981, bajo el régimen de del Cioppo- firmó un contrato en el que no se obligaba a ningún pago, que en el futuro, una vez terminada la obra, la empresa se cobraría con la recaudación en concepto de peaje.
Posteriormente, en 1985, la obra se achicó, a la vez que se le reconoció a la empresa -por primera vez- un resarcimiento económico. Esto volvió a ocurrir en 1987, en 1989 y en 1993. La última renegociación ocurrió en 1998. Fue entonces cuando se firmó el decreto cuestionado, que contiene varias irregularidades. La primera es que autoriza un pago de 28 millones 300 mil pesos a una empresa que se comprometió a construir una autopista sin cobrar hasta recaudar por medio del peaje. La segunda es que el decreto no fue refrendado por la Legislatura, tal cual lo exigen las leyes. La tercera es que se le solicitó a la Contaduría General que auditara la operación, pero como ésta invocó el Anexo 14 -que es una planilla de una página, sin membrete y sin firma- y luego solicitó otros documentos, finalmente su opinión fue dejada de lado, por lo que el decreto salió sin haberse completado su actuación. La cuarta, los anexos 1 al 14 no están inscriptos en el Registro de Decretos que existe en la sede del Gobierno de la Ciudad. Pero el colmo es la quinta irregularidad, el contrato adjunto, que está agregado a un decreto del 23 de diciembre de 1998-, pero con fecha del 9 de enero de 1999. Existe también una sexta: no hay un sólo comprobante que justifique el pago de los 28 millones 300 mil pesos.
El Artículo 105, inciso 2, de la Constitución de la Ciudad impone al jefe de Gobierno la creación de un registro de los contratos que firman las autoridades porteñas, que si no se inscriben dentro de los diez días de ser firmados son considerados nulos. El actual presidente nunca creó ese registro, que recién fue creado por Aníbal Ibarra al asumir, el año pasado. Esta omisión anularía el contrato, obligaría a la empresa a devolver el dinero y a la justicia a procesar a los funcionarios intervinientes.
A causa de todas estas irregularidades -producidas en las vísperas de una campaña electoral que llevó a de la Rúa hasta el sillón de Rivadavia- es que el fiscal solicitó las indagatorias para de la Rúa, Gallo y Marcer, que fueron denegadas por el juez Nelson Jarazo. Lo mismo, los funcionarios contraatacaron.
El juez Jarazo fue recusado por Gey porque concursó para ser juez federal en La Plata y su pliego está a la firma del presidente. La Cámara del Crimen lo apartó de la causa y designó al juez Esteban Cicciaro, pero éste se excusó de intervenir y entonces la cámara repuso a Jarazo -cuyo pliego sigue en manos de de la Rúa-, en una decisión poco común en el ámbito jurídico.
Gallo solicitó al procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, una sanción para Molina Pico, a la que aquel le dio traslado para que éste ejerza su defensa. Este hecho provocó el desagrado más de 50 fiscales del fuero penal, que le pidieron a Becerra que le solicitara al Poder Ejecutivo Nacional el "cese de interferencia" del secretario general de la Presidencia.
Finalmente, Gey denunció que el peaje fue aumentado de 0,50 centavos a un peso, con la condición de que la empresa COVIMET (Corporación Vial Metropolitana), construyera una bajada en Pueyrredón y otra en la avenida Ramón Castillo, que llegara a la zona cercana a Puerto Madero y dos subidas, una en Callao y otra en Suipacha. "Este aumento no está documentado en ninguna parte, ni está aprobado por nadie, simplemente se aplicó"-planteó Gey.
Cuando inició su querella, Gey envió a Aníbal Ibarra, al procurador general del Gobierno porteño, Juan Carlos López y a la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, una carta documento en la que instaba a los funcionarios a convertirse en querellantes, sin resultados hasta el momento.
Llamativamente, COVIMET, un consorcio que agrupa a las empresas Benito Roggio e hijos, Aragón Construcciones y Servente, se llevó 437 millones de pesos por esta obra, en la que sólo debía cobrar, según el contrato original, mediante la recaudación del peaje. Hasta hoy, de todos modos, el único individuo sancionado fue el fiscal Alejandro Molina Pico.
