En el informe sobre las obras de la Autopista "Arturo Umberto Illia", que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires le solicitó al Centro Argentino de Ingenieros y que sería difundido esta semana, figurarían una larga serie de irregularidades.
UN ANEXO MISTERIOSO QUE SÓLO POSEE UN INTERESADO
En 1999, el Gobierno porteño debía abonarle a la concesionaria COVIMET -que construyó la autopista- una cuota por esta obra. En esa ocasión, el contador general le reclamó a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos que le enviara una copia del Anexo XIV del Decreto 3135/98, en el que supuestamente debía figurar el monto a pagar.
Cuando los funcionarios de la Secretaría solicitaron ante la Subsecretaría Legal y Técnica el documento, la respuesta fue que no existía. Incluso, el inspector de la obra manifestó que sólo había una copia y estaba en manos de COVIMET.
El Anexo XIV es el documento que debía formar parte del Decreto 3135/98, por el que la Ciudad reconocía que tenía con la empresa una deuda de 28.800.000 pesos. La deuda estaba compuesta por una suma por serie de obras que la empresa había realizado, a la que había que descontarle los pagos que había efectuado el Estado porteño y otros pagos que COVIMET había recibido de parte de otras empresas.
Tiempo después, cuando el juez subrogante era Eduardo Dafflis Niklison, apareció, por primera vez en el historial de la causa, el mentado Anexo XIV. Se encontraba en manos de la empresa y de su simple descripción se colige que no es un documento legal, además de que no justifica el pago de 28.800.000 pesos. La hoja no tiene membrete oficial y está firmada por un funcionario de segunda categoría, Florencio Noceti Pueyrredón, que cuando fue interrogado por el juez manifestó que su firma figuraba sólo a título de visto bueno y que él no estaba habilitado para darle vía libre a ningún pago.
UNA ESTACIÓN MUY SERVICIAL
Entre estos pagos que recibió COVIMET figuran 10 millones de dólares que le abonó Shell por una estación de servicio -concesionada por el término de diez años, a razón de un millón por año- ubicada en el tramo norte de la autopista.
Pero, a pesar de que el pago fue efectuado, la empresa concesionaria no lo ingresó como activo en sus balances porque -en el momento en que lo recibió- se encontraba cobrando el peaje por cuenta del Estado porteño, ya que lo había puesto como garantía en un préstamo bancario.
LOS SEIS KILÓMETROS MÁS CAROS DEL MUNDO
COVIMET le cobró a la Ciudad de Buenos Aires 440 millones de pesos.
El tramo norte -de tres kilómetros de longitud- costó 214 millones de pesos, en tanto que el tramo sur -de medidas similares- les costó a los sufridos contribuyentes porteños, 200 millones. El resto del dinero son actualizaciones, intereses y diferencias de IVA.
Una joyita: en una ocasión, cuando COVIMET recibió un pago de 20 millones de pesos, en el certificado figuraba que debía renunciar a cualquier acción legal, pero el apoderado de la empresa, al firmar, se reservó su derecho a litigar al pie de la página.
EL DESTINO DEL INFORME DEL C.A.I.
Cuando el informe sea entregado oficialmente al secretario de Obras y Servicios Públicos, éste se lo entregará al procurador general, Juan Carlos López, que a su vez deberá remitírselo al titular a cargo del Juzgado de Instrucción Criminal Nº 43, donde está radicada la causa, que en estos momentos está vacante. Esto si la jueza subrogante Alicia Iermini no provocó -al declarar su incompetencia- el pase del expediente a la justicia federal.
Más allá de las conclusiones que sea dado suponer, ante el cúmulo de desatinos, el gobierno porteño pretende recuperar la autopista, aunque, según algunos voceros oficiosos, van a plantear que primero la empresa debería terminar la obra, que se encuentra tan atrasada como adelantados están los pagos.
