"Hoy estamos haciendo una convocatoria en la Legislatura a todos los sectores políticos de la Ciudad, a los actores sociales, a las organizaciones de los consumidores para organizar desde las cuatro de la tarde un plan eficaz de resistencia civil, a este tarifazo que parece inminente. Personalmente estoy planteando inundar los estados judiciales de amparos que demuestren la arbitrariedad de esta abusiva intención de las privatizadas de aumentar las tarifas", afirmó el diputado radical Cristian Caram.
El vicepresidente primero de la Legislatura porteña es uno de los organizadores de la reunión que se realizará hoy en el Palacio Legislativo, a fin de que grupos de usuarios, legisladores porteños y asociaciones de consumidores discutan un plan común para resistir los posibles incrementos de tarifas que está negociando el Poder Ejecutivo Nacional con las empresas concesionarias de los servicios públicos.
Según Caram, si el aumento efectivamente se concreta "la Legislatura debe sancionar una norma que autorice al Banco de la Ciudad de Buenos Aires a cobrar la factura de los servicios públicos, sin el incremento como un mecanismo de preservación de los ingresos y del salario real de los pocos que tienen ingresos después de la devastación que nuestra sociedad tiene producto de la crisis importante de nuestra historia".
Para tal efecto, el diputado radical presentó una iniciativa en la Legislatura porteña que autoriza, en caso de producirse el incremento, al Banco Ciudad a cobrar las facturas de luz, gas, agua y teléfono sin el porcentaje aumentado. Al igual que resuelve la Justicia hasta obtener un fallo definitivo y cuando las partes -acreedor y deudor- no coinciden en la cifra que los une en la relación comercial, el usuario podrá depositar en una cuenta el monto que considera que le corresponde. En tanto, el banco deberá emitir un comprobante de pago donde figure dicho importe, fecha y concepto.
"No podemos permitir que quienes han tenido ganancias extraordinarias, seis millones de dólares diarios durante la década pasada, ahora pretendan transferir el incremento de costos que han tenido a quienes no están en condiciones de pagarlo. Me parece que no hay porque resignarse, no corresponde, es efectivamente arbitrario y las empresas son las que deben colaborar solidariamente con este momento de devastación y poner de sus propias ganancias extraordinarias de los últimos años esta diferencia de costos, por lo menos hasta que la economía vuelva a arrancar", aseguró.
Además sostuvo que con la aprobación de esta medida "podemos amenzar a las empresas prestatarias de los servicios públicos, de la misma manera que ellas amenazan diciendo que nos van a cortar los servicios. Nosotros podemos decirles que no vamos a pagar el incremento, y la verdad creo que sería efectivo porque no me imagino a EDESUR cortándole el servicio a un millón y medio de hogares en la ciudad, o a METROGAS cortándole el servicio de gas a un millón o dos millones de porteños".
