Ayer por la noche, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tuvieron la oportunidad de tener cara a cara al secretario de Hacienda y Finanzas Miguel Ángel Pesce, el hombre que decidió que el organismo defensor porteño sufra un fuerte recorte de presupuesto. La reunión fue muy complicada en un primer momento, pero luego se fue aflojando hasta llegar a un principio de acuerdo.
En tanto, la Defensora del Pueblo porteña, Alicia Oliveira, accedió a reducir los gastos cotidianos, como cartuchos para impresoras, papel, personal de limpieza, diarios, revistas y botellones de agua. Hasta se vendería el auto que utilizan las autoridades del organismo. Pero está dispuesta a defender los sueldos del personal y a evitar que se despida a los empleados contratados. Oliveira es firme en esa posición porque sabe que cualquiera de estas dos medidas causarían la ira de su personal.
Los empleados de la Defensoría argumentan que año a año aumenta el caudal de trabajo que realizan y que, de a poco, los vecinos están empezando a tomar conciencia del apoyo que tienen en ese organismo oficial para resolver sus problemas. Por eso, aseguran, no permitirán que se le reduzca la capacidad operativa a la Defensoría.
