Con una Legislatura virtualmente rodeada por cientos de choferes de taxis y el personal de varias empresas de radiollamada, se aprobó esta tarde un proyecto de ley que modifica parte de las reglamentaciones vigentes para la habilitación y control de taxis.
La nueva norma especifica que "sólo podrán conducir vehiculos afectados al servicio de taxi los titulares de la licencia correspondiente (…) y los conductores no titulares que se encuentren debidamente habilitados por la Autoridad de Aplicación". Si bien el proyecto fue modificado, su esencia no recibió muchos cambios.
Desde ahora, "será considerado como infracción gravísima la comprobación de la prestación del servicio de taxi mediante un conductor no habilitado o cuya habilitación se encuentre vencida por más de 30 días". La ley aprobada por mayoría prevé "el decomiso inmediato de la documentación habilitante del taxímetro, incluida la correspondiente oblea holográfica y el reloj taxímetro".
Entre las penas previstas para estas infracciones figuran la caducidad de la licencia y la inhabilitación del responsable por el término de 5 años para ejercer la actividad. La ley especifica, además, que dispuesta la caducidad del registro se devolverá el vehículo a su titular, pero esta vez sin las características que identifican a un taxi, incluyendo las leyendas distintivas y la tradicional pintura de techo.
El miércoles pasado, la Comisión de Labor Parlamentaria había aceptado, casi por unanimidad, la incorporación en el orden del día de esta ley, sin que antes tuviera el visto bueno en las comisiones de Seguridad, Tránsito y Obras Públicas.
PALERMO PIDE A GRITOS MÁS SEGURIDAD
"Estamos satisfechos con la ley", reconocieron a esta agencia miembros del sindicato de choferes de taxis. Ellos, junto a empleados de empresas de radiollamada, coparon las gradas superiores del recinto y vitorearon las intervenciones del diputado Vitobello (Freju), presidente de la comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura. "Ahora nos vamos para donde mataron al esposo de Georgina (Barbarrosa) a solidarizarnos con los vecinos de Palermo", adelantó uno de los dirigentes gremiales.
Vecinos de Palermo reclamarán esta noche mayor seguridad y mejoras en las condiciones de asistencia médica en la vía pública, a raíz del asesinato del empresario Miguel Lecuna -esposo de la actriz y conductora de televisión Georgina Barbarossa-, perpetrado el pasado viernes 2 de noviembre en la esquina de Gorriti y Sánchez de Bustamante.
SUAREZ LASTRA LOGRA EVITAR LA INTERPELACIÓN
Los legisladores Crespo Campos (UCEDE) y Marta Oyhanarte (Acción por la República) fracasaron hoy en su intento por citar a declarar al secretario de justicia y seguridad, Suarez Lastra, para que brinde explicaciones sobre el estado de seguridad de Buenos Aires; al secretario de salud Aldo Neri y al director general del SAME, Marcelo Muro, para que expliquen porqué una ambulancia del SAME demoró casi 20 minutos en atender al herido esposo de Georgina Barbarosa.
Justamente este hecho fue el que provocó indignación en el barrio de Palermo. Varios miembros de la asociación de Vecinos y Amigos de Palermo Viejo coincidieron en que "se ha puesto una vez más de manifiesto la ineficacia de los servicios de urgencia médica de la ciudad".
"Los diputados de la Alianza no quisieron dar los votos para citar a Suarez Lastra", dijo un sorprendido Crespo Campos. Y agregó que deberán "esperar a que este señor (refiriéndose al secretario de Justicia y Seguridad) vuelva de un congreso en Madrid, a mediados de la próxima semana". La noticia cayó como balde de agua fría para varios legisladores, ya que muchos suponen que Suarez Lastra podía haber asistido el viernes al recinto y realizar su viaje durante el fin de semana.
Finalmente, la Legislatura decidió citar a los funcionarios para testimoniar ante las comisiones respectivas y no ante el pleno del cuerpo.
POLILADRON
A principios de esta semana el jefe de la policía federal, Rubén Santos, deslindó responsabilidades sobre el control y seguridad de los taxis. Santos ya había logrado, en agosto, que el Congreso Nacional le amplara los poderes a la policía. En esta oportunidad se quejó de la debilidad de las normas existentes en la Ciudad para controlar a los taxis.
Pero su queja provocó nuevas reacciones en ámbitos políticos. El legislador demócrata, Atilio Alimena, presentó un proyecto de declaración en el que manifestaba su preocupación por las declaraciones de Santos. Además, la legisladora Marta Oyhanarte presentó un proyecto en el que se pide al Ministerio del Interior la elaboración de un informe sobre las medidas aplicadas por la policía federal y otras fuerzas de seguridad para llevar a cabo la prevención o esclarecimiento de delitos en los taxis porteños.
PREOCUPACIÓN EN EL PODER EJECUTIVO
Anoche, el jefe de gobierno porteño volvió a reclamar el traspaso de la Policía Federal. "Es necesario que la policía sea transferida a la ciudad de Buenos Aires para poder contar con las herramientas para combatir eficazmente el delito", dijo Aníbal Ibarra tras inaugurar un seminario internacional sobre seguridad urbana, en el Ministerio de Justicia.
Desde el asesinato del empresario Miguel Lecuna la administración de Ibarra asegura casi a diario que está en condiciones de mejorar la capacitación, la tecnología y los medios para luchar contra el delito en la Ciudad.
En octubre, su gobierno entregó a la policía federal y a su cuerpo de bomberos 110 patrulleros, seis visores infrarrojos, equipos antiflama y distintas herramientas para combatir incendios. Y prometió continuar entregando más patrullas y cuatriciclos durante los próximos meses.
PENAS MÁS DURAS
Con cada ola de inseguridad surge una reacción inversa desde los sectores políticos. Muestra de ello fue la casi inmediata reacción de la Legislatura porteña y de la jefatura de gobierno.
Ibarra les giró a los legisladores el proyecto que hoy aprobó la Legislatura. La nueva norma propuesta espera evitar también que los dueños de taxis alquilen sus autos a choferes sin liciencia y pretende reforzar los controles de tránsito que realiza la policía.
Ni la reacción casi inmediata de los políticos pudieron evitar la ola de robos y asaltos en Buenos Aires. En la madrugada de ayer un conductor de taxis fue asaltado y obligado -a punta de pistola- por dos sujetos a hacer de chofer para seguir robando en el barrio de San Cristóbal.
Por este hecho y otros similares que se vienen sucediendo, el sindicato de peones de taxis renovó su reclamo de una mayor presencia policial en las calles. Los taxistas aceptan que haya mayor control de sus unidades, sin embargo exigen medidas que prevengan que sus compañeros sean víctimas de pasajeros ladrones.
Según informes de prensa, los detectives de la policía buscaban en estos momentos al responsable del crimen entre las fotos de las 16 mil licencias de taxis existentes en la Ciudad. El asesinato de Lecuna, que presuntamente fue realizado en un taxi Renault 19, volvió a situar a la inseguridad como el tema que más preocupa a los porteños. Sin embargo, como en otras oportunidades, muy poco se ha dicho sobre la crisis social que la provoca.
