Denuncia contra la Corporación del Sur: se aguarda la resolución del Tribunal

Denuncia contra la Corporación del Sur: se aguarda la resolución del Tribunal

En 80 días el Superior Tribunal de Justicia porteño resolverá acerca del pedido de inconstitucionalidad del decreto 1814/00, mediante el cual se estableció el estatuto de la Corporación del Sur. Así lo aseguraron fuentes cercanas al diputado porteño Jorge Argüello, presentes en la audiencia judicial que se llevó a cabo el 11 del corriente mes


En la oficina del legislador Jorge Argüello, integrante del bloque Encuentro por la Ciudad, se espera con ansias que el Superior Tribunal de Justicia se expida a favor del pedido de inconstitucionalidad del decreto 1814/00, reglamentario de la ley que le dio origen a la Corporación del Sur. Según lo expresado por fuentes cercanas al diputado, presentes en la audiencia que se llevó a cabo el 11 del corriente mes, la resolución podría estar lista dentro de 80 días. A la entrevista judicial asistieron, en representación de la Ciudad, el procurador adjunto, Víctor Zamenfeld, y el fiscal general, José Luis Mandalunis. Por la parte actora acudió el abogado Javier Herrera Bravo.

La Corporación del Sur es el organismo que se encargará de desarrollar urbanísticamente la región sur de la Ciudad de Buenos Aires. Fue creada, entre gallos y medianoches, en la maratónica sesión del 5 de agosto de 2000, que antecedió al recambio del cuerpo legislativo y a la asunción de Aníbal Ibarra a la Jefatura de Gobierno. La ley que le dio origen contó con varias falencias y omisiones. No se estableció el período de duración del ente ni el monto del capital inicial con el que deberá contar. Tampoco se contempló en la norma el estatuto que deberá regir las operaciones de la Corporación del Sur.

Mediante el decreto 1814/00, Ibarra dotó al ente de ese reglamento, pero esta medida fue cuestionada duramente por varios legisladores. Entre los más críticos a la norma, figuran el mencionado Argüello – que pidió su inconstitucionalidad – y la diputada Alicia Pierini (FREJU), que – en sintonía con Argüello – presentó un proyecto en la Legislatura para que se le solicite a la Corporación del Sur que se abstenga de disponer operaciones comerciales sobre los inmuebles fiscales, hasta que se haya dilucidado la constitucionalidad del decreto.

Según Pierini, lo más conflictivo del estatuto son ciertas atribuciones que se le otorgan a la sociedad, como la posibilidad de vender, comprar y permutar los bienes privados que se le entreguen en fideicomiso, un punto que integraba el proyecto de ley original y que había sido quitado por los legisladores en la sesión en la que se le dio origen a la institución.

La Corporación del Sur administrará inversiones inmobiliarias que superarán los 1.700 millones de dólares y operará sobre un perímetro que abarca prácticamente la tercera parte de la Ciudad.

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