La pelea por la estatización del servicio de reciclado con inclusión social se parece a la historia de David y Goliat. Se cuenta que David, un joven pastor, derrumbó de un hondazo al soldado gigante Goliat. Esta vez la disputa no fue frontal ni con los mismos métodos.
Los cartoneros no fueron en un primer momento contra las grandes empresas que controlan la higiene urbana. El negocio de la recolección de la basura y la higiene de las calles está en manos de los poderosos empresarios Benito Roggio, mediante Cliba, y Enrique Pescarmona, con Impsa.
Ambos magnates vieron socavado parte de su negocio en manos de las organizaciones cartoneras, sobre todo el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quienes lograron presionar sobre el Estado porteño para que se pusiera de su lado y así avanzar hacia una licitación que diferenció por primera vez en la historia la recolección de residuos húmedos, un negocio privatizado en manos de la patria contratista y en la recolección de materiales reciclables que apunta al cuidado del medio ambiente, la reducción de gastos y, sobre todo, a la inclusión social.
El propio ministro de Medio Ambiente y Espacio Público porteño, Diego Santilli, lo reconoció a NU. El martes 29, en las escaleras del Centro Cultural San Martín, una vez concluida la apertura para la licitación de Higiene Urbana, Santilli dejaba en claro que las empresas se resistían al cambio.
?No querían a las cooperativas cartoneras porque perdieron el negocio de los secos. Esto es así, ponelo en la nota. Fueron muchas discusiones y esfuerzo de este gobierno.? Un alto funcionario del macrismo explicó que el rechazo de los empresarios es ?a la gestión social con la logística del Estado?.
Los empresarios Roggio y Pescarmona tienen 263 millones de razones para estar ofuscados con la estatización de la recolección del papel y cartón. Los cálculos lo demuestran. Por día, las cooperativas cartoneras recolectan 600 toneladas. A 700 pesos la tonelada trabajando todos los días del año, la cifra deja un total de 153 millones de pesos.
Se suma a esto que el Estado garantiza 110 millones de pesos, a través de la Dirección General de Reciclado (Dgrec), para la logística, o sea, los camiones para el material, así como también micros para el transporte de los trabajadores del reciclado.
La llamada patria contratista avizora, no sólo un retroceso económico inmediato, sino también un cambio de paradigma que podría llegar a profundizarse, bajo una posible gestión progresista, con la estatización de todo el servicio, que se calcula para el próximo año alcanzaría un gasto estatal de 2.000 millones de pesos para la recolección de residuos húmedos.
?Cayó un ministro (por Juan Pablo Piccardo) por no poder avanzar en la licitación. Después vino la apertura del juego cuando el propio Macri se negaba. Pero dijimos ?éste es el camino?: cumplir lo que pedían los legisladores de la oposición, la Ley 998, poner veedores como Poder Ciudadano y transparencia para el proceso licitatorio, y la realización de las audiencias públicas?, evaluó uno de los hombres con más peso en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público que quiere dejar a su superior como un potencial segundo para cualquiera que sea candidato a la Jefatura porteña.
Desde las organizaciones cartoneras ?ven astucia por parte del Gobierno para avanzar en una gestión mixta? y analizan que la alianza Estado y organizaciones sociales reditúa en ?lo económico por bajar costos en el enterramiento de la Ceamse; en el impacto ecológico, y en lo social, al saber que no podían dar marcha atrás con las conquistas logradas por los cartoneros después de la crisis del desalojo de la plaza en Pampa y la vía cuando se desactivó el tren blanco?.
El MTE, a través de la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros, agrupa a 2.300 cartoneros. Es la mayor organización de recicladores del país y no tienen padrino político. Vienen del infierno de la exclusión en el Conurbano y dieron sus primeros pasos en 2002 para dar un salto cualitativo.
Para ser incluidos con beneficios similares a los de un trabajador registrado, tuvieron que pasar cinco años y la primera represión de la gestión de Mauricio Macri con la Policía Federal. Fue a fines de 2007, tras la crisis desatada al desactivarse el Tren Blanco y el posterior desalojo de un acampe cartonero, que provocó la primera movilización de todas las cooperativas cartoneras.
A los pocos meses de esa gran marcha al Palacio de Gobierno, se produjo un viraje del macrismo al echar al subsecretario de Higiene Urbana, Gustavo Grasso. Y se sumó un nuevo golpe cartonero: una denuncia penal contra la burocracia de la Dirección General de Limpieza, que desviaba hacia negocios particulares el material reciclable producido por los grandes generadores, que en realidad debía ir a los Centros Verdes a cargo de las cooperativas cartoneras.
La inclusión social de la mayoría de los cartoneros uniformados, explica Juan Grabois, un joven abogado fundador del MTE, significa ?transporte digno, que los camiones con la mercadería y carros van por un lado, y los trabajadores, en micros; las guarderías para los hijos de los cartoneros, más seguro de accidentes personales, obra social y un complemento salarial de 650 pesos que se suma a su ingreso por material. Con la estatización del servicio se espera la incorporación para otros miles de compañeros y revitalizar los centros verdes. Pero esto no fue gratis, costó detenciones de militantes y el procesamiento de una veintena de cartoneros?.
