Polémico, irritado, contestatario, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, el legislador de Compromiso para el Cambio Jorge Enríquez, se ofuscó y mucho. "Aplicar la actual Ley procesal Contravencional a estos delitos significa que los delincuentes seguirán libres. La Ciudad no puede desatender las competencias derivadas de la Nación en materia delictiva. Es un despropósito que por razones formales se haya vetado la ley 1287 que permitía juzgar delitos menores, como la portación de armas, en la Capital Federal", se despachó el diputado al enterarse del veto del Poder Ejecutivo a la Ley Procesal que habilitaba el juzgamiento por delitos menores que la Nación había derivado a la Ciudad.
El radical devenido macrista no se privó de pegarle duro al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, por esta medida. "Los argumentos expuestos por Ibarra para justificar el veto no resisten análisis, parecería que el jefe de Gobierno no se ha enterado del reclamo por mayor seguridad que los vecinos de Buenos Aires han manifestado en las reuniones que convocó el ingeniero Juan Carlos Blumberg", increpó Enríquez.
El diputado agregó además que "el ejercicio del derecho a veto que tiene el Ejecutivo debe ser racional, pues de esta forma, la Ciudad queda sin normas y es evidente que Buenos Aires no puede darse estos lujos, por eso rechazamos enérgicamente la medida", finalizó el político.
"Mientras la Ciudad no cuente con la justicia penal para
atender la materia delictiva, no hay otra solución viable, por eso estos temas deben estar en manos del fuero contravencional. La urgencia en hacer cesar la anomia, y nuestra intención de combatir la inseguridad por el bien de la gente, hizo que propiciemos algunas modificaciones, como por ejemplo extender el plazo de 48 horas a cinco días para que se le dicte la prisión preventiva, evitando que quienes porten armas ilegítimamente no eludan la acción de la
Justicia", explicó Enríquez.
