Uno de los mandamientos sagrados de los hombres que se dedican al espionaje en cualquier parte del mundo es el silencio, el bajo perfil, el pasar desapercibidos y que nadie, ni sus más cercanos, se enteren de su ocupación de agentes secretos. Esa regla fundamental tiene una excepción. Y según los hechos, esa excepción se produce en la Argentina.
Una prueba de esto fue la denuncia penal que los abogados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) presentaron el primer viernes de octubre en la Justicia para acusar a tres legisladores de Propuesta Republicana (PRO) que integran la comisión que investiga las responsabilidades políticas del caso de las escuchas clandestinas: el titular de la bancada Cristian Ritondo y los diputados Martín Borrelli y Martín Ocampo. La SIDE los denunció por violar la Ley de Inteligencia y revelar secretos de Estado cuando hicieron referencia a la autorización que, en 2002, el por entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra le brindó al espía Ciro James ?actualmente detenido en el penal de Marcos Paz? para instalar un locutorio en el Parque de la Ciudad.
La SIDE fundamentó su acusación señalando que en el predio del Parque de la Ciudad están instaladas dos antenas que le pertenecen (también hay dos de la Policía Federal y otra del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército) y que la administración del Parque les dio autorización para ello en 1978. Según los letrados de los espías, los legisladores macristas violaron la Ley de Inteligencia al dar a conocer públicamente la existencia de estas antenas.
Para el PRO la presentación judicial tuvo otra lectura. ?La formulación de la denuncia no hace más que confirmar que la SIDE tiene una vieja relación con James, porque es imposible que ellos permitieran la instalación del locutorio donde estaban sus antenas si esa persona no era de su estricta confianza. Ningún particular podría haber armado un comercio allí sin contar con el visto bueno de los espías, más allá de lo que decidiera el jefe de Gobierno de turno. En esa cuestión en particular la SIDE tiene más poder que este último. En síntesis, la persona que conseguía la habilitación seguro que trabajaba para la Secretaría de Inteligencia?, le aseguró a Noticias Urbanas un operador cercano a uno de los diputados macristas que vinculó a James con Ibarra, al ser consultado sobre la denuncia penal. Para este político, la movida judicial demuestra que la SIDE sale a bancar a uno de los suyos: James.
Al espía le dieron la concesión de un locutorio en el lote 301 del ?Sector Carnaval? del Parque, el 6 de septiembre de 2002. La nota la firmaron el ex director general de Espacio Público, Jorge Giberti (hoy kirchnerista), y el ex coordinador general Santiago Edis. El convenio lo rubricó el entonces titular del parque, Luis Genovesi, de la UCR. El superior de todos ellos era el secretario de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano del Gobierno porteño, el ahora legislador ibarrista Eduardo Epszteyn. Otro de los datos llamativos de esta habilitación fue que le permitieron iniciar la construcción del locutorio pese a que no contaba con la habilitación del Gobierno nacional para revender telecomunicaciones.
Para el PRO, entonces, la licencia ?era sólo para que pudiera ingresar a hacer actividades de inteligencia?. En fin, los macristas afirman que ?el gobierno de Ibarra no podía desconocer que James era un agente de inteligencia?. Toda esos argumentos les sirven para avalar su hipótesis sobre la parcialidad de la investigación que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide.
?La relación entre James y la SIDE confirma la teoría del jefe porteño, Mauricio Macri, de que la causa caratulada ?James, Ciro Gerardo y otros s/escuchas ilegales y otros delitos?, fue armada políticamente por el kirchnerismo, ya que los jefes políticos de los agentes secretos son los ultra K y amigos personales del ex presidente Néstor Kirchner, los pingüinos Héctor Icazuriaga (el Señor 5, o sea, el titular de la SIDE) y Francisco ?Pancho? Larcher (el subjefe del organismo). Ellos fueron los que ordenaron la presentación ante la Justicia?, agregó la fuente consultada por este medio.
Los diputados macristas reafirmaron la conexión entre el kirchnerismo, la Secretaría de Inteligencia y James, y, por ende, la participación de los tres actores en el ?armado parcial? de la trama de espionaje que fundamentó la causa de las escuchas ilegales y que, según el PRO, ?desde su origen buscó dañar la figura de Macri?.
Al efectuar una segunda denuncia pública en la que establecieron una vinculación política entre James y el actual jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, los legisladores PRO de la Comisión Investigadora aseguraron que el ex miembro de la Policía Federal trabajó hasta el 2009, ?como socio o accionista?, en la consultora y empresa de seguridad Lyon SRL (habilitada en 2005 por la gestión ibarrista), de la que uno de sus principales dueños es Ricardo Luis González Anun, funcionario desde 2007 de la Secretaría de Seguridad y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación.
González Anun entró a trabajar en la cartera de Justicia cuando su titular era Aníbal Fernández. ?Queda claro que Ibarra habilitó a Consultora Lyon SRL por pedido expreso de Fernández, ya que González Anun, accionista de Lyon SRL, es un hombre de confianza del actual ministro de la Jefatura de Gabinete, como lo demuestran los decretos 58/2009 y 1.268/2009, y el 1.094/2010, donde, con fecha 9 de marzo, se le dio el último ascenso nombrándolo como administrativo en la Subsecretaría de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos, para enmascarar su condición de espía?, indicó Ritondo.
Según el legislador Martín Borrelli, el año que se habilitó Lyon (2005) ?fue el mismo en el que efectuamos la denuncia de pinchaduras telefónicas a los que llevábamos el juicio político contra Ibarra. La causa recayó en el juzgado de Ariel Lijo, donde nunca se pudieron probar esas escuchas?.
Los macristas también denunciaron que James constituyó el 1 de junio de 2005 una sociedad con una participación accionaria del 30 por ciento, con el objeto social de seguridad privada, custodia de bienes y personas en general, denominada Protect Compañía de Seguridad SRL. Y que en ?tiempo record?, el 16 de agosto de 2005, la gestión de Ibarra, a través de la Disposición N° 290 emitida por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, habilitó el funcionamiento de esta empresa como prestadora de servicios de seguridad privada.
Dicha disposición fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el 16 de septiembre de 2005 (BO N° 2277). ?Con esta habilitación se puede advertir una complicidad entre Ibarra y James a partir de un claro encubrimiento, desde el momento en que un policía federal en actividad desde el 2003 recibe esta habilitación en flagrante violación de las leyes que regulan la materia?, acusó Borrelli.
La denuncia expuesta por el legislador del PRO destaca también que el trámite de habilitación para que James pudiera poner en funciones en el ámbito porteño a una empresa de seguridad privada recayó en las manos del por entonces director general de Servicios de Seguridad Privada, Marcelo Martínez.
?Este obediente ex funcionario ibarrista es quien hoy instruye los sumarios administrativos, nada más y nada menos, que para la Jefatura de Gabinete de la Nación a cargo de Aníbal Fernández. ¿Y quién era el superior de Martínez, que debía supervisar su trabajo? Claudio Suárez, en ese momento, subsecretario de Seguridad Urbana, hoy asesor del bloque ibarrista en la Legislatura y funcionario del área de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, que encabeza Florencio Randazzo?, remarcó Borrelli.
Las acciones confusas que integrantes de la SIDE protagonizaron en la causa judicial de las escuchas ilegales fue revelada por Noticias Urbanas en la nota ?James, entre la Federal y la SIDE?, que se publicó la primera semana de junio de este año. Allí se da a conocer que en el expediente de Oyarbide figura una prueba que confirma la relación de amistad que James mantenía con un importante agente de la Secretaría que trabajaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a quien le hacía frecuentes llamadas para saber ?el horario de partida y llegada de los vuelos?, pese a que el ahora preso no realizó viajes al exterior. La certeza de la amistad entre este espía y James fue confirmada por el propio agente de la SIDE, que declaró en sede judicial.
?Cuando la SIDE sale a respaldar un hecho es porque alguno de sus hombres está involucrado en el caso, y ése es James. Por eso, la SIDE ya no puede hacerse la distraída y debe aclarar sus actividades en el tema de las escuchas ilegales, algo que en el ambiente de la Inteligencia vernácula es bien conocido?, remató ante NU un personaje del espionaje argento.
El rojo de la Metropolitana
Los legisladores que integran la Comisión Investigadora que preside Martín Hourest (Igualdad Social) pusieron la lupa sobre las irregularidades cometidas en el área de compras y contrataciones de la Policía Metropolitana (PM).
Los importantes desajustes financieros ponen en el centro de la escena al funcionario encargado de las compras y las contrataciones de la PM, Edgardo Cenzón, y a dos de sus colaboradores más cercanos, el titular de la Subsecretaría de Administración de la PM y ex director de Recursos Humanos de la fuerza, Ignacio Greco, y a su hermano, el director general de Compras y Contrataciones, Lisandro Greco.
Según la data obtenida por los diputados porteños, el área que maneja Cenzón habría realizado ?grandes compras? para la PM. Las mismas estarían siendo investigadas por los integrantes de la Comisión, ya que existirían desfases monetarios. También habría problemas en el sector de Recursos Humanos por la contratación de personal no calificado para la PM, donde se incorporó gente sin conocer sus antecedentes de ningún tipo.
Luego de la renuncia a la jefatura de la PM de Jorge ?el Fino? Palacios, fue separado de su cargo el contador Guillermo Rodríguez, hombre de Palacios, quien se encargó de las compras y contrataciones de la fuerza de una manera ?irregular? y cometiendo ?errores administrativos graves?.
Cristian Ritondo, presidente bloque PRO
?Los responsables de la denuncia son los K?
El viernes de la semana pasada la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) denunció penalmente a los legisladores de Propuesta Republicana (PRO), Cristian Ritondo, Martín Borrelli y Martín Ocampo por violar la ley de inteligencia, o sea revelar secretos de Estado, al denunciar la autorización que el ex jefe de Gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, le dio durante su gestión al espía Ciro James para instalar un locutorio en el Parque de la Ciudad. Ante la denuncia, Noticias Urbanas dialogó con el jefe de la bancada macrista, Cristian Ritondo, quien acusó a la SIDE de estar involucrada en el caso de las escuchas ilegales.
?¿Qué opinión le merece la denuncia penal de la SIDE?
?La verdad, uno espera que la Secretaría de Inteligencia se dedique a los temas de su incumbencia, como por ejemplo el crimen organizado y el narcotráfico, y no ande denunciando a diputados porteños por asuntos que son de público conocimiento. Igualmente creo que en este tema no tienen nada que ver los agentes de carrera del organismo y que la acusación penal fue ordenada por los responsables políticos de la SIDE, los kirchneristas Héctor Icazuriaga, el jefe del organismo, y Francisco Larcher, el subjefe.
?¿Con la denuncia no están reconociendo que James trabajaba para ellos?
?Esa es una hipótesis. Pero, básicamente hay dos: una es que la SIDE cubre a James y otra que demuestra que Ibarra miente, ya que dijo que en el Parque de la Ciudad sólo había una antena repetidora.
?¿Para usted la SIDE actuó en la causa de las escuchas ilegales para perjudicar al jefe de Gobierno, Mauricio Macri?
?Lo que está claro es que uno de los dueños de la agencia de seguridad Lyon, Ricardo González Anun, contrató a James como empleado. González Anun es, desde agosto de 2007, funcionario de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Justicia, que dependió del ahora jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández. O sea que Anun es empleado de Aníbal desde hace tres años.
?Entonces, ¿se cometieron irregularidades en la causa?
?Voy a poner un solo ejemplo: apenas se realiza la llamada anónima a la casa del líder de la agrupación Familiares y Víctimas del Atentado a la AMIA, Sergio Burstein, la comisaría 11 manda un patrullero de inmediato; y hace poco a mí me amenazaron y llamé a la comisaría de la zona de la Legislatura porteña y la policía no vino. Por eso me llama la atención la celeridad con la que actuaron en el caso de Burstein.
?A usted lo relacionan con el ex titular de la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde, Miguel Ángel Toma, afirmando que fue él quien le dio los datos sobre James.
?Soy amigo de Toma y trabajé en la función pública con él, pero hace más de seis meses que no lo veo, ni siquiera para un café. Y cuando hice la presentación, él estaba en Europa.
