José Luis Di Lorenzo, uno de los directores del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le envió una carta al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, para cuestionar el recorte que sufrió este organismo de control. En ella, Di Lorenzo manifiesta que es muy probable que Ibarra, con esta actitud, haya cedido a las recomendaciones de algunos funcionarios porteños, de vaciar de poder al Ente de la Ciudad, para convertirlo en un organismo virtual.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la ley 210 establecen que esta institución porteña tiene a su cargo el control del transporte público de pasajeros, del alumbrado Público y del señalamiento luminoso, de la higiene urbana, del estacionamiento por concesión, de la conservación y del mantenimiento vial por peaje, del transporte, del tratamiento, almacenamiento y de la disposición final de los residuos patológicos y peligrosos, de las instalaciones de la televisión por cable y de la transmisión de datos, de las multas fotográficas y de los servicios públicos interjurisdiccionales.
Es por ello que Di Lorenzo critica que el presupuesto para el 2002 fuera fijado en 3.173.960 pesos, suma que es inferior a la que se le viene abonando por el control de Higiene Urbana a la inspección terciarizada ejercida por el Ceamse e Iatasa Ambiental S.A. Estas empresas realizan el control sobre "solamente uno de los múltiples servicios públicos que por mandato constitucional y legal sin mas dilaciones debería ser ejercido por este Ente regulador", según reza la carta.
Existe "la intencionalidad de algunas de las áreas bajo su conducción de mantener a este Ente de la Ciudad como un Ente virtual, limitándolo a una existencia formal, lo que se patentizaba en la escasa disponibilidad a suministrar la información total obrante en poder de esa Administración Central y/o de sus demás organismos, así como por la insuficiente dotación presupuestaria, todo lo que ahora se ratifica", argumenta Di Lorenzo. En tanto, asegura que "a mi modo de ver queda claro que la actitud renuente de la administración a su cargo ha quedado consolidada por lo expresado en el presupuesto que nos acaba de ser fijado".
La carta enviada a Ibarra también afirma que "lo que hasta ahora aparecía como una resistencia al control legal y constitucional por parte de algunas áreas, de no rectificarse el rumbo, termina desnudando que es el Gobierno que usted encabeza quien niega de hecho cumplamos el cometido".
El funcionario del Ente de la Ciudad cree que "no se puede criticar al modelo socio económico que ha postrado a la Nación obrando con la misma lógica que de él se desprende. Es obvio que el discurso acerca de la reducción del gasto político tiene aspectos diversos, pero es meridianamente claro que bajo su fachada no se puede seguir avanzando en destruir el poder de policía del estado, funcional a los beneficiarios del modelo que decimos querer cambiar". Además aseguró que "justamente, desde el criterio de caja, se han cercenado derechos o se han impedido roles ineludibles del Estado".
Continua afirmando que habrá que superar "las miopías burocráticas de quien o quienes prefieren la ausencia de control real, e imponiendo, frente a la escasez de recursos, la carga tributaria correspondiente a los prestadores de dichos servicios públicos, beneficiarios principales de una década de concentración económica".
Finaliza expresando que "en un momento en que la discusión se centra en el nivel tarifario no cabe duda que la variable de ajuste será la calidad de los servicios. Dotar de la información completa a la que a su gobierno se ha negado, así como de los recursos indispensables, constituyen la real defensa de los derechos de los vecinos, para lograr que lo que parece barato no resulte demasiado caro, pero como siempre caro para el Ciudadano. Ese es el desafío".
