La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) recurrieron al Tribunal Superior de Justicia para pedirle que declare la inconstitucionalidad de la Resolución N° 389/2002, por la que la Legislatura porteña permite el ingreso de sólo dos invitados por cada diputado para que puedan presenciar las sesiones del cuerpo.
Los legisladores rechazaron además tres fallos de tres jueces diferentes, que les ordenaban dejar sin efecto la medida. Los magistrados se basaban en el artículo 74º de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que declara que las sesiones del parlamento porteño son públicas.
La Legislatura tomó esta medida luego de que el 23 de octubre pasado al diputado de la UCeDé Julio Crespo Campos recibió en su extremidad superior un violento impacto. Una botella plástica de una conocida gaseosa cola había comprormetido fugazmente su integridad física.
Preocupados por estas efusiones temperamentales de los trabajadores de las empresas ocupadas -el día que le arrojaron el proyectil plástico a Crespo Campos se trataba en la Legislatura el caso de una de ellas- los legisladores decidieron limitar el acceso del público.
Para fundamentar su decisión, el diputado Santiago de Estrada (PJ) argumentó que "se trata de una cuestión propia de la Legislatura, que no puede ser revisada por otro poder del Estado. Esto tiene que ver con el ordenamiento interno de la Legislatura". Por su parte, el legislador Jorge Enríquez (UCR) expresó que "la publicidad no se relaciona con la cantidad de personas que ingresa en un recinto, sino que tiene que ver con el control que pueden ejercer los ciudadanos".
Estas interpretaciones contrapuestas oficiaron como un chorro de nafta en el conflicto de poderes que enfrenta a la corporación política con la corporación judicial. En este enfrentamiento se incribe el rechazo de tres medidas judiciales por parte de los diputados, a lo que debe agregarse el contraataque que supone esta presentación del CELS, la ADC y la FARN, en su recurrencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es el equivalente porteño de la Corte Suprema.
Los diputados consideran que el Reglamento Interno de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires es un asunto que les compete en exclusiva y que no es un tema judiciable. De todos modos, existe una razón que no aparece en la superficie. Por lo bajo, algunos legisladores se mostraron furiosos con sus colegas Jorge Altamira, Vilma Ripoll, Patricio Etchegaray y Beatriz Baltroc a los que acusaron de "como no tienen votos, traen gente al recinto para hacernos legislar bajo presión". Por eso contraatacaron con la medida de restringir el ingreso de público.
