El seis de marzo, el jefe de Gobierno porteño vetó la Ley 749/02, que limitaba los salarios de los miembros del Consejo de la Magistratura, de los directivos de las empresas del Estado porteño, como el Banco de la Ciudad, Autopistas Urbanas y la Corporación del Sur y de los funcionarios superiores del propio gabinete de Ibarra.
En los primeros momentos, antes de que se generalizaran la ira y la desilusión, tanto los radicales como los peronistas y aún la izquierda comenzaron a extenderse el negro betún por sus caras.
Una semana después, el panorama no es el mismo. La calma se extiende sobre los campamentos guerreros y una cierta resignación, y aún un rictus humorístico se abate sobre las rostros de los guerreros indomables de la semana pasada. Una vez más, la política triunfó por sobre la épica, como diría Clausewitz.
En la sesión de este jueves el Bloque Justicialista intentó que se tratara el rechazo al veto sobre tablas, es decir sin un despacho previo de comisión. La propuesta fue rechazada, pero se tratará probablemente el próximo jueves. El lunes próximo, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, los bloques del oficialismo y de la oposición intentarán hallar las acuerdos para saltear el veto sin necesidad de apelar al filo contundente de los sables.
El diputado Roque Bellomo (Alianza), asegura que en el artículo 2º de la Ley 749/02 -Ibarra vetó los artículos 2º, 4º,5º y 6º- "estuvo el problema básico por el que la norma sufrió el veto". En ese acápite, los diputados limitaron los salarios de los miembros del Consejo de la Magistratura y de los directivos de las sociedades del estado, cuando hace poco los diputados le rechazamos un decreto al jefe de Gobierno porque el Poder Ejecutivo invadió las jurisdicción del Legislativo".
Los diputados oficialistas aseguran -si los periodistas aceptan apagar los grabadores- que la ley podría ser ratificada si perdiera en el camino algunos puntos del artículo segundo, máxime cuando el siete de febrero Ibarra había reducido salarios por medio de decretos que seguían estando en vigencia el 19 de febrero, en el momento de votarse la ley.
En tanto los radicales, que la semana pasada militaban en las huestes de los guerreros, esta semana se muestran proclives a apoyar la posición del oficialismo -al que casi habían olvidado que pertenecen-. Pero los descendientes de Irigoyen se proponen negociar algo más que un acuerdo fugaz ante una ley sin mayor importancia. Para los chinos la palabra crisis significa oportunidad, y en esta ocasión la gente de las boinas blancas intentará recuperar algunos espacios perdidos en el seno de una Alianza que no es hoy tan hospitalaria con ellos como lo fue en el pasado.
