El proyecto que crea un Registro de Administradores de Propiedad Horizontal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires no sería tratado este jueves como estaba previsto, sino que volvería a la comisión de Legislación General de la Legislatura porteña. Esta decisión habría sido consensuada por los bloques mayoritarios debido a las críticas que sufre la iniciativa, tanto de parte de legisladores como de las asociaciones que nuclean a los administradores porteños.
Según fuentes parlamentarias el despacho en cuestión tendría nueve observaciones. La propuesta fue elaborada por la comisión de Legislación General de la Legislatura porteña en base a los proyectos presentados por los diputados Sandra Dosch, Delia Bisutti, Alberto Fernández y el ex legislador Víctor Santa María.
Por su parte, la Fundación Liga del Consorcista manifestó su particular satisfacción por "la posibilidad de ver convertido en ley de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto que procura satisfacer los intereses de la gente, de los propietarios, de los que pagan expensas".
Para el presidente de la Fundación, Osvaldo Loisi, "el proyecto de la Legislatura, más allá de su impronta recaudatoria, concreta algo muy esperado que es proteger los intereses de los consorcistas, generando transparencia en la eleccción de las personas que dispondrán del manejo de las expensas comunes".
Sin embargo la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Afines (CAPHyAI), la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI), la Fundación Reunión de Administradores (FRA), Fedecámaras, la Federación Internacional de Negocios Inmobiliarios Capítulo Argentino, la Asociación Empresarios de la Vivienda, la Unión de Entidades de Servicios (UDES), el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y cámaras y asociaciones de propiedad horizontal del interior del país elaboraron un documento de 11 puntos en rechazo al proyecto.
En este documento se asegura que la creación del Registro de Administradores vulnera derechos constitucionales, está en franca contradicción con la legislación nacional al respecto, y provocará un inmediato incremento de las expensas comunes. De sancionarse la norma, estas organizaciones presentarían ante la Justicia un recurso de amparo para impedir su aplicación.
