A través de la Ley 23.798, sancionada en 1991, el Estado argentino se comprometió a combatir el virus del HIV y a entregar la medicación de forma gratuita, integral y continua a los pacientes padecientes de SIDA. También a realizarles los estudios específicos de Carga Viral y CD4 a todas las personas que carecen de obra social y de medicina prepaga. Pero en la actualidad la realidad es diferente. Los gobernantes de turno no practican algunos de los deberes que debe cumplir el Estado y, mientras tanto, los únicos perjudicados son los enfermos e infectados.
A raíz de una acción judicial presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) -que denunciaba la interrupción de la entrega de medicamentos para miles de pacientes con HIV dependientes del Programa Nacional de SIDA- el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Número 7, Luis María Márquez, intimó en abril al Ministerio de Salud de la Nación para que "en el plazo de dos días" adoptara "las medidas necesarias para regularizar y mantener en lo sucesivo el suministro de las prestaciones medicinales relativas al tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)".
Fuentes pertenecientes al CELS explicaron que estos pacientes dependientes del Programa Nacional de SIDA, "no cuentan con obra social ni medicina prepaga". También manifestaron que el tratamiento para un paciente con SIDA "exige que la medicación se tome diariamente y su interrupción puede causar graves perjuicios para la salud de las personas e incluso un serio riesgo para su vida".
Pese a la orden judicial, desde abril pasado hasta hoy el CELS siguió denunciando en numerosas oportunidades este incumplimiento y la imposibilidad de los pacientes de acceder a la medicación y a los estudios médicos. Es decir, el Estado no cumplió.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales también comentaron que "el Ministerio de Salud respondió estas denuncias explicando las dificultades en el procedimiento de compra y prometió regularizar la situación a fines del mes de agosto. Sin embargo, esto nunca ocurrió".
Así fue como tras una nueva denuncia presentada por el Centro, el juez ordenó al Ministerio de Salud la regularización inmediata de la entrega de medicamentos. Pero el problema no se solucionó tampoco con esa medida. "En estas últimas semanas, numerosas personas a quienes el Ministerio les negaba la medicación fueron patrocinadas por el CELS en sus reclamos judiciales", explicaron integrantes del Centro.
"Ante ello -añadieron- el juez Márquez ordenó la urgente entrega de la medicación. Sin embargo, se trata de resoluciones aisladas y hasta la fecha los pacientes no reciben del Ministerio las drogas correspondientes o sólo se les entrega una o dos de las tres que componen el tratamiento".
EL DURO TESTIMONIO DE LOS PORTEÑOS INFECTADOS CON HIV
No hace falta más que recorrer algunos pasos por las calles del microcentro porteño, las plazas o las estaciones de trenes o subtes de la ciudad para toparse con personas que, además de padecer el SIDA, se encuentran mendigando para poder comprar los medicamentos y las drogas que su tratamiento les obliga. Y que el Estado no proporciona.
A través de un comunicado de prensa, la "Red de Personas Viviendo con VIH y SIDA de la Ciudad de Buenos Aires" relató todos los padecimientos que las personas infectadas con el virus -y que además carecen de obra social- tienen que realizar para suministrarse los remedios.
"Todos los días debemos tomar tres medicamentos para mantenernos vivos. Una vez por mes iniciamos el peregrinaje para conseguirlos. Siempre falta alguno. Y sin los tres el tratamiento no hace efecto. Es crónica la falta de Bactrim, una simple sulfamida que nos es indispensable para evitar la neumonía", relata el comunicado, que más abajo añade: "Del Hospital debemos marchar al Ministerio de Salud, para reclamar el o los medicamentos faltantes, sin garantía alguna de que haya. Lo hacemos caminando, porque estamos tan empobrecidos y desocupados como el resto de los argentinos".
Pero eso no es todo. Los enfermos de la "Red de Personas Viviendo con SIDA" también narraron que "por decreto del Ministerio de Salud, las recetas que nos emite el médico tienen solamente 48 horas de validez, cuando por ley cualquier receta es válida por treinta días. Si se nos vence, debemos regresar al hospital y encontrar al médico para rehacerla".
Los integrantes de la Red describieron el doble esfuerzo que para ellos significan todos los trámites que deben realizar: "Todo esto, por supuesto, lo hacemos caminando; los que todavía podemos caminar. Muchos de nosotros ya hemos interrumpido el tratamiento, con el riesgo de enfermedad y muerte que eso implica", narraron.
Por último, los padecientes de HIV denunciaron que "no hay reactivos para que nos podamos hacer los análisis de Carga Viral y CD4, indispensables para controlar el estado de nuestras defensas y la respuesta al tratamiento. Nuestra situación no es muy diferente de la de aquellos que padecen cáncer, tuberculosis u otras enfermedades y dependen de la Salud Pública. En un país en donde los niños mueren de desnutrición, han logrado que parezca una excentricidad que las personas viviendo con VIH y SIDA reclamemos nuestros derechos. A esto nos han llevado".
